"Santi Potros" y "Pakito" estarán en prisión hasta 2030, pero el problema surge en las redenciones de pena ya abonadas a otros reos.
MADRID, 21 Feb. (EUROPA PRESS) -
La Audiencia Nacional esperará a conocer la sentencia completa del Tribunal Supremo en relación con el etarra Henri Parot para determinar cómo se debe aplicar la nueva doctrina en materia de redenciones de pena en otros terroristas que están cumpliendo condena, informaron hoy fuentes jurídicas.
En el caso de Santiago Arróspide Sarasola, "Santi Potros", y Francisco Múgica Garmendia, "Pakito", que se encuentran en la fase en la que se están acumulando sus múltiples condenas, parece claro que cumplirán el plazo máximo de 30 años previsto en el Código Penal de 1973. Es decir, no saldrán de prisión hasta 2030, ya que ambos fueron extraditados por Francia a España en 2000, tras cumplir condena en el país vecino.
El motivo por el que la situación de ambos es distinta a la de otros presos de la banda terrorista es que al no haberse acumulado todavía sus condenas, ya que la última dictada contra ellos adquirió firmeza recientemente, aún no han recibido ningún beneficio penitenciario, por lo que se puede aplicar directamente la nueva doctrina del Tribunal Supremo. Es decir, se les contabilizarán las redenciones de pena que les corresponda por el Código Penal franquista a cada una de sus condenas individuales, siendo 30 años el tiempo máximo que permanecerán en prisión.
El problema surge con otros miembros de ETA, como José Antonio López Ruiz, "Kubati", o Domingo Troitiño, porque sin conocer en todos sus extremos la sentencia del Supremo es imposible determinar cómo puede afectar a las redenciones de pena que ya se les han abonado. Gracias a estos beneficios estaba previsto que el primero saliera de prisión el próximo 24 de julio y el segundo, el 5 de mayo.
En este sentido, fuentes fiscales indicaron que revisarán uno a uno todos los expedientes penitenciarios de los presos de ETA y el fiscal instará a la Sala de lo Penal la aplicación de la nueva doctrina del Tribunal Supremo. Se comenzará con los casos más urgentes, es decir, con los que antes tengan prevista su excarcelación y si hay alguna excarcelación inminente, la Fiscalía pedirá que quede en suspenso mientras se resuelve cómo aplicar el nuevo criterio del alto tribunal.
Así, podría ocurrir que la nueva doctrina de aplicación de penas afecte a todos los presos, aunque estén cumpliendo condena en libertad condicional. Los únicos que, según las fuentes consultadas, quedan al margen de cualquier revisión son los que han extinguido totalmente sus condenas.
PLENO DE LA SALA DE LO PENAL.
Previsiblemente el Pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional se reunirá para abordar la nueva situación y así evitar distintas interpretaciones en cada caso, aunque la sentencia del Supremo establezca exactamente cómo deben contabilizarse los beneficios penitenciarios, incluidos en el Código del 73 como reminiscencia del trato dado a los presos políticos que se produjeron tras la Guerra Civil.
No será ésta la primera vez que el Pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia se reúna para estudiar la aplicación de beneficios penitenciarios a un preso. En junio de 2003 el Pleno acordó conceder el tercer grado al arrepentido José Manuel Soares Gamboa, por diez votos frente a cuatro, en atención a su comportamiento cívico y a su colaboración con la Justicia. Los magistrados que se opusieron, entre los que estaba el entonces presidente de la Sala de lo Penal, Siro García, justificaron su voto en la "atrocidad" de los crímenes que cometió.
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