Los partidos perfilan la nueva Oficina Judicial para que la ley sea aprobada por el Congreso el día 25

MADRID, 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los partidos políticos comenzaron hoy a perfilar en la ponencia de la Comisión de Justicia del Congreso la reforma de la Oficina Judicial con el objetivo de que la nueva ley sea aprobada por el Pleno el próximo 25 de junio para su remisión al Senado, según informaron a Europa Press fuentes parlamentarias.

En esta primera reunión, los representantes de los distintos grupos fijaron su posición sobre gran parte de las enmiendas presentadas a este proyecto. La discusión continuará el miércoles y el lunes de la próxima semana, cuando esperan tener listo el informe que enviarán a la Comisión de Justicia, cuya reunión está prevista para el día 18.

Hace dos semanas, PSOE PP, CiU y PNV acordaron un amplio paquete de enmiendas que, entre otras cuestiones, limita la aplicación del principio de Justicia universal y reparte entre la competencias para fijar los señalamientos entre los jueces y los secretarios judiciales.

En concreto, los citados grupos parlamentarios pactaron cambiar la ley para que sólo se puedan abrir procesos por genocidio y lesa humanidad en España en el caso de que existan víctimas de nacionalidad española, se contraste algún vínculo "de conexión relevante" con nuestro país o que los presuntos responsables se encuentren en territorio español.

ERC, IU-ICV y BNG CONTRA LA LIMITACIÓN

También se pone como condición que la investigación sobre estos delitos no se haya iniciado en otro país competente o en el seno de un Tribunal Internacional. "El proceso penal iniciado ante la jurisdicción española se sobreseerá provisionalmente cuando quede constancia del comienzo de otro proceso sobre los hechos denunciados en el país", añade el texto, que ERC, IU-ICV y BNG ya han adelantado que no respaldarán.

El acuerdo alcanza también otra de las cuestiones que habían provocado mayor controversia en los últimos meses en el mundo de la judicatura, como es la conocida como agenda de señalamiento cuya gestión reclamaban para sí los secretarios judiciales y los jueces. El texto inicialmente aprobado por el Gobierno dejaba en manos de los secretarios la potestad para señalar juicios, pero el proyecto finalmente se ha modificado.

Ahora los señalamientos de los juicios corresponderán a los presidentes de Sala y de Sección, que se ocuparán de fijar los días predeterminados para la celebración de la vista oral, la hora de audiencia, el número de señalamientos, la duración aproximada del juicio y la naturaleza y complejidad de los asuntos. Los secretarios judiciales deberán sujetarse a los criterios de los jueces y establecer en función de estos una agenda de señalamientos. A medida que incluyan los datos en la citada agenda, deberán dar cuenta a los jueces.

FE PÚBLICA

Algo parecido ha sucedido con otra de las medidas más polémicas que incluía el proyecto de reforma, que pretendía eliminar la presencia del secretario público en los juicios y su sustitución por medios tecnológicos, que grabasen lo que aconteciese en el proceso. Estas propuesta generó protestas por parte de algunos sectores de la Administración, que llegaron a alertar de que esta modificación pudiese generar la nulidad de cientos procesos, se ha acordado

Finalmente PSOE, PP, CiU y PNV acordaron modificar las leyes de Enjuiciamiento Criminal, de Procedimiento Laboral, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa y de Enjuiciamiento Civil para incluir garantías de autenticidad de las grabaciones o reproducciones. Estas deberán acompañarse de una firma electrónica reconocida del secretario judicial u otro sistema de seguridad que ofrezca garantías.

En cuanto al traslado por ascenso forzoso las enmiendas incorporadas al informe de la ponencia precisan que el magistrado que suba en el escalafón podrá optar por continuar ocupando la misma plaza de la que disponía o elegir la vacante que se le oferte. En el primer supuesto, el ascendido no podrá participar en los concursos ordinarios de traslado durante tres años si la plaza que ocupaba es de juez y un año si es de magistrado.

Las enmiendas pactadas, que se podrían incorporar al proyecto este miércoles o a más tardar el lunes próximo, prevén también un cambio en la normativa sobre las vacaciones, que pasan de un permiso anual de un mes de vacaciones al derecho "a disfrutar como mínimo de 22 días hábiles", o bien de los que les correspondan en el caso de que su tiempo de servicio durante año haya sido menor. La antigüedad se verá premiada con días adicionales de asueto hasta un máximo de 26.

El pacto incluye, además, la creación de la figura del juez de adscripción territorial, que ejercerá sus funciones en las plazas que se encuentren vacantes en los órganos judiciales en los casos en que la ausencia de su titular vaya a ser superior a un mes.

LOS NACIONALISTAS RECHAZAN EL DEPÓSITO PARA RECURRIR

El PSOE y el PP consensuaron también una enmienda, que ha sido incorporada al informe, para implantar un depósito económico obligatorio para presentar recursos. Sin embargo CiU, PNV, ERC y BNG ya han adelantado que no lo apoyarán por cuestiones competenciales y que mantienen vivas sus propias enmiendas a este punto.

La propuesta se refiere a la jurisdicción civil, social y contencioso-administrativa, aunque en el orden penal tan sólo será exigible a la acusación popular. De esta regla general quedará excluido en todo caso el derecho a la segunda instancia en el orden penal.

De este modo todo el que presente un recurso de queja deberá abonar 30 euros, mientras que el depósito ascenderá hasta 50 euros para los recursos de apelación, de casación ante el Tribunal Supremo o aquellos de carácter extraordinario. La Fiscalía y quienes tengan asistencia de jurídica gratuita quedarán eximidos de pagar. Al tratarse de un depósito, el recurrente recibirá el dinero abonado en caso de que el tribunal acepte su queja.

Cuando PSOE, PP, CiU y PNV anunciaron este amplio acuerdo, la diputada de Unión, Progreso y Democracia (UPyD), Rosa Díez, se apresuró a anunciar que no se sumaría al consenso sobre un texto que que, desde su punto de vista, no sólo "carece de claridad", sino que su negociación se ha realizado con "pasteleo" y "oscurantismo".

RESTO DE ENMIENDAS

Además estas enmiendas, los grupos parlamentarios han registrado otros textos para incorporar a la reforma. Así, el PSOE aboga, entre otras cosas, por suprimir parte del sistema de recursos para descongestionarlo y permitir que los juicios verbales civiles sean celebrados por un solo magistrado y no por toda la sala.

Asimismo, PP, CiU, PNV, ERC-IU-ICV y el Grupo Mixto han firmado un paquete conjunto de enmiendas en el que defienden que el ejercicio de los procuradores sea incompatible con el de la abogacía. También plantean, a propuesta del BNG, la necesidad de recoger la intervención del graduado social en el recurso de súplica, en coherencia con la propuesta de modificación de la Ley de Procedimiento Laboral.

De la misma manera, CiU, PNV e IU han consensuado demandar la provisión de plazas establecida en la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) en las comunidades autónomas en las que exista más de una lengua oficial o tengan derecho civil propio. De su lado, ERC, IU e ICV plantean suprimir la Audiencia Nacional al considerar que es "un tribunal excepcional que se halla fuera de la normalidad del sistema judicial".

El PNV también ha registrado 77 enmiendas propias en las que, entre otras medidas, piden subir de tres a cinco días el plazo para presentar un recurso de reforma o súplica e incrementar las competencias de los secretarios judiciales otorgándoles la confección "en exclusiva" del acta del juicio oral y la posibilidad de que admitan a trámite los recursos o declaren conclusos los pleitos.