Partidos políticos Aragón defienden un nuevo Estatuto para la "nacionalidad histórica" con más derechos y competencias

ZARAGOZA 9 May. (EUROPA PRESS) -

Los cinco partidos políticos representados en las instituciones aragonesas iniciaron hoy la tramitación del proyecto de reforma de la ley orgánica del Estatuto de Autonomía, tras celebrar la Ponencia especial su última reunión. Aunque los nacionalistas de CHA discrepan de la actual redacción, nacionalistas, PSOE, PP, PAR e IU se sienten "protagonistas" del nuevo texto, que recoge más derechos y competencias y configura a Aragón como "nacionalidad histórica".

La Junta de Portavoces de las Cortes de Aragón celebrará el próximo 11 de mayo una reunión que servirá para fijar, jurídicamente, la fecha de celebración del Pleno extraordinario para la toma en consideración de este proyecto de ley, que tendrá lugar --previsiblemente-- el 17 de mayo, momento a partir del cual se abriría un periodo de presentación de enmiendas que concluiría antes del sábado 3 de junio.

Dos días después, el lunes 5 de junio se iniciarían los trabajos de una Ponencia emanada de la Comisión Institucional en la que un diputado de cada Grupo negociaría las enmiendas. Posteriormente, el 19 de junio, lunes, la Comisión Institucional aprobará el dictamen de la Ponencia sobre el proyecto de Estatuto y enviará el proyecto, junto con las enmiendas que cada Grupo decida dejar 'vivas', al Pleno.

El 21 de junio otro Pleno de las Cortes votará la aprobación del Estatuto de Autonomía de Aragón. Entonces se remitirá la ley, aprobada inicialmente en Aragón, a las Cortes Generales, registrándola en el Congreso de los Diputados, que repetirá una tramitación legislativa similar en el Congreso y el Senado.

El Pleno del Congreso deberá aprobar la Ley Orgánica de reforma del Estatuto de Autonomía de Aragón. Está previsto que la aprobación definitiva y la publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) se produzca entre septiembre y diciembre de este año, 2006. El nuevo Estatuto reemplazará al actualmente vigente, aprobado en 1996.

"NACIONALIDAD HISTÓRICA"

Aunque el preámbulo del Estatuto denomina a Aragón "nacionalidad", el artículo uno del nuevo texto configura a la comunidad como "nacionalidad histórica". Esta es la denominación que prevalece y con ella se pretende resaltar la legitimidad histórica de Aragón como entidad política diferenciada.

CHA apoya la denominación del articulado pero prefiere que en el preámbulo se incluya la expresión "histórica nación" o "histórica comunidad nacional". Según la propuesta aragonesa (común), los poderes de la comunidad se fundamentan en el pueblo y la Constitución de 1978. Una de las novedades es la inclusión de la festividad del 23 de abril como Día de Aragón.

La condición política de aragonés, a efectos estatutarios, se concede a los españoles residentes en Aragón con vecindad administrativa o los aragoneses emigrados y sus descendientes con nacionalidad española. Además, el proyecto de Estatuto obliga a los poderes públicos a "facilitar y potenciar" la participación de los extranjeros radicados en Aragón en las decisiones "de interés general".

El nuevo Estatuto reconoce a los aragoneses todos los derechos reconocidos en la Constitución, la norma fundamental para todos los españoles, así como los establecidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y los convenios de protección de estos derechos, así como los derechos introducidos por el legislador aragonés.

En su redacción actual, se encomienda a una ley autonómica la protección y promoción de la lengua aragonesa y el catalán de Aragón, aunque no se recogen estas denominaciones ni se menciona la co-oficialidad. "Nadie podrá ser discriminado por razón de la lengua", indica el texto.

DERECHOS DE LOS ARAGONESES

El proyecto de reforma del Estatuto incluye un Título, el primero, sobre 'Los derechos de los aragoneses', entre los que se incluyen el derecho a vivir con dignidad, seguridad y autonomía, así como el libre desarrollo de la personalidad. También, el derecho a conciliar la vida laboral y familiar, y a morir dignamente.

La norma establece que todas las personas tienen derecho a acceder a los servicios sanitarios públicos, en condiciones de igualdad, universalidad y calidad, y los usuarios de la sanidad pública aragonesa tienen derecho a la libre elección de médico y centro sanitario. También se reconoce a los servicios públicos de calidad; a la protección de los datos personales; a un medio ambiente sostenible.

El proyecto de Estatuto dedica el artículo 10 a los derechos relativos al uso del agua, entre ellos el de disponer de un abastecimiento de agua en condiciones de calidad y cantidad suficientes para atender las necesidades presentes y futuras, en concreto el consumo humano y el reequilibrio territorial; el derecho de promover el uso racional del agua y fijar los caudales ambientales apropiados.

El texto indica que corresponde a los poderes públicos, de acuerdo con el principio de unidad de cuenca, velar para evitar cualquier transferencia de aguas de las cuencas hidrográficas en las que se encuentra la comunidad autónoma, atendiendo a intereses de sostenibilidad y garantía de los derechos de las futuras generaciones de acuerdo con la Constitución y la legislación estatal.

POLÍTICAS PÚBLICAS

El Estatuto también se refiere a los principios rectores de las políticas públicas, entre los que están la promoción de la libertad y la igualdad del individuo y los grupos; la mejora de las condiciones de vida de los trabajadores; la educación de calidad; la protección integral de la familia; la igualdad entre el hombre y la mujer.

También, la protección de la infancia; la emancipación de los jóvenes; la integración de las personas con discapacidades y la protección de las personas mayores; el pleno empleo; la vivienda digna; la integración de los inmigrantes; la promoción de la cultura de la paz.

Por otra parte, el Gobierno podrá aprobar Decretos-leyes y se podrán disolver las Cortes anticipadamente iniciando a continuación una nueva legislatura completa.

El Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) será el órgano jurisdiccional en el que culminará, de aprobarse el Estatuto, la organización judicial en Aragón y ante el cual se agotarán las sucesivas instancias procesales cuando no hayan concluido ante otro órgano jurisdiccional radicado en Aragón. El TSJA conocerá los recursos de casación relativos al Derecho civil foral aragonés. Se creará un Consejo de Justicia de Aragón.

El Título dedicado a las competencias mantiene las actualmente vigentes y se amplía, con actividades novedosas como la biotecnología, la posibilidad de creación de una policía autonómica y la transferencia de las instituciones penitenciarias y la obligación de participar en algunas políticas estatales que afecten a Aragón, como las obras públicas o los ferrocarriles.

HACIENDA

El proyecto de Estatuto afirma que Aragón tendrá una Hacienda propia basada en la suficiencia de recursos, la equidad, solidaridad, coordinación, equilibrio financiero y lealtad institucional. También recupera el actual artículo 48, en el nuevo artículo 54, y también establece que se suscribirá un acuerdo en materia de financiación entre Aragón y el Estado.

Este convenio, que aplicará una comisión mixta, "atenderá singularmente los criterios de corresponsabilidad fiscal y solidaridad interterritorial".

El futuro Estatuto contempla la cesión a la comunidad, de acuerdo con el Estado, del impuesto sobre la renta; el patrimonio; sucesiones y donaciones; transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados; el juego; el valor añadido; la cerveza; el vino; los productos intermedios; el alcohol; los hidrocarburos; el tabaco; la electricidad; determinados medios de transporte y la venta minorista de determinados hidrocarburos.