PCTV/ANV.- El abogado del Estado concluye que ambos partidos funcionan como instrumentos de ETA, según las pruebas

Actualizado: jueves, 7 agosto 2008 15:22

El TS dará un plazo de 20 días a las dos formaciones para sus alegaciones finales y después decidirá sobre su ilegalización

MADRID, 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno, a través de la Abogacía del Estado, presentó hoy ante la Sala del 61 del Tribunal Supremo sendos escritos solicitando la ilegalización del Partido Comunista de las Tierras Vascas (PCTV/EHK) y Acción Nacionalista Vasca (ANV) al estimar que, una vez analizadas la pruebas practicadas ante el citado tribunal, cabe concluir que ambas formaciones vulneran la Ley de Partidos Políticos al ser meros "instrumentos o herramientas del terrorismo de ETA-Batasuna".

En ambos escritos, de 42 y 51 páginas, respectivamente, los Servicios Jurídicos del Estado analizan una a una las pruebas practicadas durante el proceso que se lleva a cabo en el Supremo e insisten en que la Ley de Partidos "no prohíbe, proscribe o persigue ideas o ideologías, ni restringe la libertad de expresión, ni violenta la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos".

El pasado lunes fue la Fiscalía la que presentó sus respectivos informes finales, con conclusiones similares, al estimar que ambos partidos estarían actuando como sucesores de Batasuna, ilegalizada en marzo de 2003 por el alto tribunal.

PCTV.

En relación con PCTV, el Abogado del Estado señala que las pruebas acreditativas de la instrumentalización de este partido por ETA-Batasuna se han obtenido por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado a lo largo del período 2005-2008, empezando toda la investigación que se realizó con la aparición de PCTV en las elecciones autonómicas de 2005, tras la ilegalización por el Tribunal Supremo de la agrupación electoral Aukera Guztiak.

Al igual que la agrupación señalada, con respecto a PCTV se aprecia inexistencia de actividad política previa a 2005 y asunción de postulados de Aukera Guztiak, amén de participación de personas de Batasuna en la campaña electoral y en los actos electorales (designación de apoderados de PCTV para los comicios de 2007, por ejemplo). Además, el complejo ETA/Batasuna asumió los resultados electorales de la formación demandada.

"La facilidad con que el PCTV renunció a su propio programa para asumir el de las agrupaciones ilegalizadas constituyó un primer indicio (si bien insuficiente en aquel momento) de su utilización por ETA /Batasuna", se dice en el escrito, motivo por el que, al desconocer la fuerte vinculación apreciada después, se le permitió concurrir a los últimos comicios autonómicos vascos.

Una vez constituido el grupo parlamentario, PCTV, según el mismo informe "ha actuado en el Parlamento de Vitoria como sucesor de los grupos parlamentarios de Batasuna manteniendo sus mismas posturas y siendo controlado por miembros de Batasuna", como es la oposición al Tren de Alta Velocidad (pieza esencial de la estrategia de terror de ETA), y no ha vuelto a presentarse en posteriores comicios electorales.

POSTURA DE IBARRETXE.

Así lo entendió antes de iniciar la citada legislatura el propio lehendakari, Juan José Ibarretxe, según el abogado del Estado, "que en la ronda de contactos con las distintas fuerzas con representación en el Parlamento Vasco, que se inició el 29 de marzo de 2006, excluyó al PCTV, por entender que era suficiente la entrevista con el líder de Batasuna, Arnaldo Otegi, que tuvo lugar el 19 de abril" del mismo mes.

A ello se añade que los diputados del PCTV "nunca han condenado la violencia". Lo más cercano ha sido la no oposición a una declaración institucional de la Cámara de Vitoria de condena del asesinato del edil socialista Isaías Carrasco el pasado 7 de marzo en Mondragón (Guipúzcoa), un actitud que para la Abogacía del Estado no constituye ningún paso significativo y se ajusta a la habitual política de Batasuna.

Además, las sedes de PCTV han sido fijadas por dirigentes de Batasuna y existe una caja común y una gestión de administración conjunta que integran los fondos y recursos económicos de PCTV, ANV y Batasuna, desde la que se financia a Batasuna. Y se constata que dicha caja se vació con el comienzo del proceso de ilegalización

ANV.

Respecto de Acción Nacionalista Vasca, según la Abogacía del Estado, ha quedado acreditada la dirección de Batasuna en el proceso de presentación de candidaturas y realización de la campaña en las elecciones municipales forales en el año 2007. Entre las pruebas, las contenidas en un dispositivo 'pen-drive' intervenido al presunto etarra Gorka Murillo bajo el título "Elecciones 2007. Pasos a dar en el ámbito jurídico".

Tras el acceso de ANV a determinados Ayuntamientos e instituciones vascas, este partido " ha asumido totalidad de los postulados del entorno ETA incluida la no condena de la violencia terrorista", según el informe, a lo que se añade que en Hernani (Guipúzcoa) y Elorrio (Vizcaya) se han creado comisiones informativas de presos y represaliados y realizado declaraciones en línea directa con los postulados de ETA.

También se citan como pruebas la intervención de la alcaldesa de Hernani, Marian Betialarrangoitia en el acto celebrado en un deportivo de esta localidad, el pasado 12 de enero, donde ésta ando un aplauso "lo más caluroso posible" a los presuntos autores del atentado en la T4 del aeropuerto de Barajas ya detenidos Igor Portu y Mattin Sarasola.

PLAZOS. La Sala del artículo 61 del Tribunal Supremo acordó el pasado 18 de julio habilitar "todos los sábados, domingos y días festivos del mes de julio y todos los días del mes de agosto --también los festivos-- para poder continuar con la tramitación de este procedimiento".

Gracias a esta habilitación, y tras el trámite realizado hoy por la Abogacía del Estado, la Sala del 61 dictará probablemente mañana una providencia que dotará de 20 días de plazo a los partidos políticos demandados para poder presentar sus escritos finales de defensa, se informó a Europa Press en fuentes del alto tribunal. Tras recibirse estos últimos documentos, el Tribunal dispondrá de 25 días de plazo máximo para dictar su resolución definitiva.