SANTANDER, 19 Feb. (EUROPA PRESS) -
La médico forense que, en calidad de perito, evaluó a la exgerente de Mercasantander acusada de llevarse más de un millón de euros de la empresa pública entre 2002 y 2007, Paloma González-Tarrío, cree que su comportamiento es "compatible" con el de una ludópata.
Así lo ha manifestado este martes en su declaración en el juicio que se celebra en la Audiencia de Cantabria al ser cuestionada por las partes acerca de las características de esta enfermedad y del comportamiento de quienes la padecen, personas que, según ha explicado, es "frecuente" que, a pesar de tener "severamente afectada su voluntad", puedan ser selectivas en cuanto a los días o las horas que juegan o, incluso, a que sean fieles a los mismos tipos de juegos, tal y como hacía la acusada, que apostaba en los casinos online, casi siempre en los mismos juegos y normalmente de lunes a viernes y en horario de trabajo.
"Es frecuente porque, como lo ocultan, siempre tienen su momento para jugar", ha afirmado la perito, quien ha apuntado que en las personas que sufren esta enfermedad se produce un "desdoblamiento de su comportamiento": el de los días que puede jugar y el de aquellos que no para ocultarlo.
Por otra parte, ha señalado que los ludópatas no sufren pérdida del sentido de la realidad y tienen conocimiento de los actos que cometen, y también si estos tienen un carácter delictivo, pero tienen la voluntad afectada y "no la puede dirigir".
Además, ha detallado que, bajo el padecimiento del síndrome de abstinencia, los afectados por esta enfermedad pueden llegar a cometer actos delictivos para conseguir el dinero para jugar, al igual que -ha ejemplificado_ hacen toxicómanos para poder comprar sus dosis.
Por otra parte, la perito ha señalado que la ludopatía no es una enfermedad fácilmente perceptible por el entorno de quien lo padece, debido a que lo oculta, y también que aquellos que la padecen "para nada quieren enriquecerse" sino que juegan por la "gratificación" que les produce el propio juego, si bien necesitan cada vez incrementar sus apuestas para poder mantener esta gratificación.
Al igual que en su declaración afirmó la acusada, en esta pericial, solicitada por el Ministerio Fiscal, la médico forense ha apuntado que, con tratamiento, la ludopatía se puede controlar para que el enfermo no juegue, pero no curar, con lo que ha reconocido que la posibilidad de que haya recaídas está ahí.
Ante la insistencia de las partes, la perito se ha ratificado en su diagnóstico y ha señalado que "no le cabe ninguna duda" de que el comportamiento de la acusada encaja con el de un ludópata y ha subrayado que su conclusión coincide con la del psiquiatra y el de psicólogo que evaluaron también a González Tarrío.
AUDITORES
En esta nueva sesión de este juicio, también ha declarado, a petición del fiscal y de Mercasantander, AI.C.E., representante de una auditora que revisó la contabilidad de la empresa pública una vez detectadas las irregularidades y que ha confirmado la existencia de movimientos de dinero de Mercasantander a la cuenta que compartían la exgerente y su marido, Andrés Carlos Fernández del Cotero, para el que se pide que sea responsable civil subsidiario a título lucrativo de la deuda generada por González-Tarrío.
En su declaración, la auditora ha señalado que en la contabilidad examinada hay apuntes con conceptos como 'Transferencia a favor de Fernández', 'a Andrés Carlos Fernández' o 'a A. Fernández', algo que, según el abogado del marido de la exgerente no significa que hagan referencia a Fernández del Cotero.
La auditora ha señalado que "no era tan sencillo" detectar las irregularidades cometidas por la acusada, salvo aquellas que sí quedaban reflejadas en las cuentas de deudores de Mercasantander, pues la "estructura" que empleaba la exgerente para realizar las operaciones "no se pueden apreciar" en un análisis rutinario ya que, en la contabilidad, se reflejan pagos a través de cheques al portador o a nombres de terceros con conceptos relacionados con la actividad de la empresa -como el pago de dividendos o a proveedores_que, sin embargo, no se realizaban.
La representante de esta auditora -que actualmente es la que tiene contratada Mercasantander para examinar sus cuentas anuales en lugar de la que tenían en el momento en que ocurrieron los hechos_ ha cuantificado las irregularidades detectadas en la cuenta de la empresa pública y supuestamente cometidas por la exgerente en casi 840.000 euros (intereses incluidos), cantidad en la que no incluye la deuda de más de 300.000 euros con el BBVA al entender que para abrir esta cuenta de crédito la acusada falsificó la autorización del Consejo de Administración que precisaba.
Esta perito ha explicado que ha decidido "separar" la deuda con el BBVA al entender que la cuenta, a pesar de ser abierta a nombre de Mercasantander, es de la acusada, pues en la contabilidad de Mercasantander "en ningún momento" figura. "No existe contablemente", ha añadido.
Al ser cuestionada por la abogada del BBVA, que insiste en que desde dicha cuenta se saldaron deudas de Mercasantander, como el pago a un seguro o el abono al Ayuntamiento de Santander del Impuesto de Bienes Inmuebles de la entidad, la auditora ha subrayado que esas partidas se destinaron a "tapar" las cantidades que, previamente, la exgerente había dispuesto de la cuenta de Mercasantander en otra entidad bancaria, supuestamente para afrontar estas obligaciones sin llegar a hacerlo.
En la vista de este martes, también ha declarado, a propuesta de Mercasantander, A.O., presidente de BDO, la empresa que se encargaba de auditar las cuentas en los ejercicios en que se cometieron las irregularidades, quien ha señalado que el análisis de estas se llevó a cabo siguiendo los principios generales de contabilidad.
El juicio de Mercasantander, en el que se pide una pena de entre ocho y 18 años de prisión para la exgerente por delitos de estafa, apropiación indebida y falsedad documental, continuará este miércoles con la declaración del auditor Justo Esquivel, que realizó un informe sobre la cuenta bancaria que compartía el matrimonio y a la que, supuestamente, se desviaron fondos de la empresa pública, y de un representante de la empresa Auditex que, a petición de Mercasantander, realizó un dictamen posterior sobre el análisis de Esquivel.
En este procedimiento contra la exgerente, acusada de llevarse más de un millón de euros de Mercasantader, se pide que el marido de González Tarrío sea considerado responsable civil subsidiario a título lucrativo. Además, la Sala Consideró que la empresa también figure en la causa como responsable civil subsidiaria de la deuda contraída con el BBVA.
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