VINAROS (CASTELLON), 12 (EUROPA PRESS)
"No somos delincuentes, aunque lo parece porque el Ministerio nos está persiguiendo, van a por nosotros", criticó el patrón mayor de la cofradía de pescadores San Pedro de Vinaròs Jaime Federico, ante la "tensa" situación que se vive a raíz de las inspecciones que se están realizando sobre el lugar y tipo de pescado que se captura.
La flota de Vinaròs está dispuesta a ir a la huelga, porque consideran que es "una barbaridad lo que está pasando". "Aquí no podemos aplicar las medidas de capturas de pescado que se dan en el Atlántico, nosotros no podemos vivir con estas medidas, las autoridades españolas esto lo saben, es imposible que podamos mantener la pesca en nuestras costas con estas condiciones", criticó Federico.
De esta forma, el patrón mayor de la cofradía de pescadores San Pedro de Vinaròs justificó que en ocasiones se estén dando capturas de pescado con medidas inferiores a la normativa. "Todos hacemos infracciones, pocas personas pueden tirar la piedra de no haber hecho nunca", admitió.
En la reunión sobre este tema que habrá este martes entre todos los patrones mayores de la Comunidad Valenciana, advirtió, van a "tomar una determinación concreta porque esto es insostenible". En este sentido, apuntó que "la comunidad europea parece que ha decidido eliminar las barcas y el Gobierno español va a aceptarlo cuando en países como Italia y Francia, las órdenes europeas no cumplen a rajatabla las órdenes europeas".
En Sant Carles de la Ràpita dos embarcaciones cometieron infracciones y al llegar a tierra tenían una fianza de 3.000 euros cada una para volver a salir a faenar, señaló Federico, quien considera que esto es "tratarnos como delincuentes, cuando somos en realidad trabajadores".
En Vinaròs también se han efectuado inspecciones de las capturas, aunque no se han llegado a producir sanciones. Los inspectores del Ministerio de Agricultura a bordo de la patrullera 'Alborán' multaron el jueves a dos embarcaciones de Sant Carles de la Ràpita porque faenaban en zona protegida. Las sanciones administrativas que los inspectores del Ministerio impusieron a los barcos de Sant Carles incluían la obligación de entregar la documentación de su embarcación, hasta que pagaran una fianza de 3.000 euros.