La ministra de Defensa, Margarita Robles y el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, durante una sesión de control al Gobierno en el Congreso. - Eduardo Parra - Europa Press
MADRID, 6 Oct. (EUROPA PRESS) -
El Gobierno mantiene congelada la partida destinada a sufragar gastos reservados en los Presupuestos Generales para 2023, con una previsión global de 27,86 millones de euros, de los que la mayoría se han asignado al Centro Nacional de Inteligencia (CNI).
El proyecto presupuestario, presentado este jueves en el Congreso, recoge la mismas cifras que las cuentas del presente ejercicio que, a su vez, no variaban respecto a las prorrogadas del Ejecutivo de Mariano Rajoy correspondiente al año 2020.
El CNI, dependiente del Ministerio de Defensa, se lleva el 71 por ciento de estos fondos, un total de 19,8 millones de euros. La cifra se mantiene invariable desde 2013.
Además, la cartera que encabeza Margarita Robles dispone de otra partida para gastos reservados en manos de la Secretaría de Estado, que vuelve a cifrarse en 500.000 euros, la misma cuantía que los últimos años.
Asimismo, el Gobierno de coalición mantiene el incremento del millón de euros que en 2018 el de Rajoy otorgó al Ministerio del Interior para gastos reservados y vuelve a destinar para ello una cuantía anual de 7.374.610 euros. Es la cifra más alta de los últimos años, ya que entre 2009 y 2012 funcionó con 6,70 millones.
También se mantiene invariable en las cuentas públicas del Ejecutivo para el próximo ejercicio el montante dedicado a gastos reservados del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, cifrado en 186.310 euros.
CONSTITUCIÓN DE LA COMISIÓN EN EL CONGRESO
Conforme a la legislación vigente, los titulares de las tres carteras que disponen de fondos reservados deben comparecer ante el Parlamento para dar cuenta de la utilización de estas partidas, pero, al tratarse de fondos de especial naturaleza, lo hacen en sesión secreta ante la Comisión de Gastos Reservados.
La comisión se constituyó en abril de este año, tras más de dos años, gracias a la aprobación por parte de la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, de un cambio de reglas para la designación de los miembros. Existía un bloqueo propiciado por los vetos cruzados entre los partidos, que impedían un acuerdo de mínimos que permitiera elegir en sesión plenaria a sus integrantes.
En concreto, y con la oposición de PP, Vox y Ciudadanos --que rechazan que las formaciones independentistas pudieran tener acceso a "secretos de Estado"--, se rebajaron los votos necesarios para salir elegidos en este trámite pasando de los tres quintos de la Cámara (210) a la mayoría absoluta (176).
Así, el Pleno del Congreso eligió en abril a los diez únicos diputados, uno por grupo parlamentario, autorizados para acceder a materias clasificadas como secretas, que también pueden controlar las actividades del CNI. Entre los diputados se cuentan miembros de ERC, Bildu, Junts y la CUP, que pueden recibir explicaciones sobre los gastos reservados pendientes de los últimos dos años.
