Los acusados, dos de ellos juzgados ya por el caso 'Farruquito', se niegan a declarar ante el Tribunal
MÁLAGA, 8 May. (EUROPA PRESS) -
Las defensas de dos policías nacionales, uno de ellos jefe de grupo de Estupefacientes suspendido de forma provisional por una condena previa por tráfico de drogas, y de un imputado en el caso 'Malaya', acusados de pedir y facilitar información policial, solicitaron hoy al Tribunal la absolución de sus clientes, al considerar que las peticiones de intervenciones telefónicas y las autorizaciones sobre las escuchas fueron "nulas" y suponen "un cheque en blanco".
La Sección Segunda de la Audiencia de Málaga acogió hoy el juicio contra los agentes Eduardo R. y Bernardino R., y contra Óscar Alberto Benavente, --los dos últimos juzgados por el caso 'Farruquito'--, los cuales se negaron a declarar. La Sala se pronunciará en la sentencia sobre la impugnación de las resoluciones relacionadas con la solicitud y autorización de las intervenciones telefónicas, planteada como cuestión previa por las defensas.
El fiscal, que mantuvo su calificación inicial, pide seis años y medio de prisión y 15 años de inhabilitación, para Bernardino R. y Eduardo R. por un delito de revelación de secreto, y tres años para Óscar Alberto Benavente, supuesto testaferro del presunto cerebro de la trama de corrupción marbellí, Juan Antonio Roca, como inductor del mismo delito, pero con la atenuante de no ser funcionario público.
Los letrados argumentaron que los oficios policiales por los que se inició la investigación presentan "falta de motivación" porque no se concretan los delitos, lo que lleva, según dijeron, a autos "vacíos" para autorizar las intervenciones telefónicas y a "una falta de control judicial" en todas las actuaciones, puesto que, además, no se notificó al fiscal ninguna de las decisiones de investigación.
Denunciaron que la intervención se inició con el teléfono fijo de Bernardino R., lo que "vulnera el derecho a la intimidad" e insistieron en que el auto del juez por el que se amplían las escuchas al móvil de este acusado fue anulado tanto por el Juzgado de lo Penal número 8 de Sevilla como por la Audiencia Provincial de la capital andaluza, donde se juzgó el caso 'Farruquito'.
Para las defensas, en el juicio oral "no se ha presentado ni una sola prueba de cargo" contra los acusados, ya que, según señalaron, "todo empieza y acaba en las escuchas telefónicas" y los testimonios de los dos agentes que declararon hoy en la vista no han aportado nada sobre cómo y por qué se inició la investigación. Así, afirmaron que "se interviene por el mero hecho de ser Policía y estar condenado", en el caso de Bernardino R., y porque, según la Policía, éste "tenía contactos frecuentes con personas de origen colombiano".
Por su parte, el fiscal reconoció que el objeto del procedimiento es la legalidad o no de las resoluciones por las que se autorizaron las escuchas y se opuso a esa impugnación al entender que, aunque "hay base documental para esta pretensión", las peticiones se hacen ante "la situación especial" de Bernardino R., que fue jefe del Grupo Tercero de Estupefacientes de la Policía Nacional, que "estaba pendiente de su ingreso en prisión", donde está ahora mismo, y que sabe "cómo se investiga y cómo dificultar una investigación".
Los hechos sucedieron en marzo de 2005 cuando Bernardino R., condenado en 2003 a nueve años de cárcel por la Sección Segunda de la Audiencia malagueña, recibió una llamada de Óscar Alberto Benavente, que estuvo en prisión por su presunta implicación en la trama de corrupción de Marbella (Málaga), imputado por los delitos de blanqueo y contra la Hacienda Pública.
En esa llamada, según las conclusiones del fiscal a las que tuvo acceso Europa Press, Benavente le pidió que facilitara información con relación a los antecedentes policiales de una mujer búlgara, de la que no dijo su nombre, pero que era conocida por ambos, "con el fin de arreglarle la documentación".
Así, el agente se puso en contacto con otro funcionario con destino en la Comisaría de Distrito Norte de la capital, llamado Eduardo José R.R., quien, según el fiscal, le facilitó a Bernardino R. la información, lo que repitió respecto a los datos personales y los antecedentes policiales de dos hombres, uno residente en Sevilla y otro en Marbella, a través de las matrículas de sus vehículos.
Óscar Alberto y Bernardino R.M. fueron juzgados en el caso 'Farruquito', pero resultaron absueltos por el Juzgado de lo Penal número 8 de Sevilla de los delitos de simulación de delito y de encubrimiento, al no constar para la jueza que urdieran un plan para ocultar el vehículo ni que convenciera al hermano menor del bailaor de que se declarara autor del atropello. No obstante, la Audiencia de Sevilla revocó en parte esta sentencia y consideró al primero autor de un delito de encubrimiento.
