BARCELONA, 15 Mar. (EUROPA PRESS) -
La Fiscalía de Delitos Urbanísticos de Barcelona ha pedido tres años y seis meses de prisión y la inhabilitación durante doce años para el alcalde de Cercs, Ferran Civil (UDC), por autorizar en mayo de 2007 la construcción de tres naves industriales en suelo no urbanizable, ha podido confirmar Europa Press.
Según ha informado este jueves el diario 'El País', pese a que Civil tiene otros dos frentes judiciales abiertos, el primer edil ha declarado: "Estoy muy tranquilo y confío en la justicia, que hasta ahora me ha dado la razón".
Dado que Civil es también vicepresidente segundo de la Diputación de Barcelona, el vicepresidente primero, Alberto Fernández Díaz (PP), ha confiado este jueves en que la Justicia "actúe con celeridad", y, al preguntársele en una rueda de prensa sobre sistemas de protección en carreteras, no ha aclarado si se está planteando apartarlo de su cargo.
El fiscal relata en su calificación que el alcalde concedió la licencia al también acusado Pedro Miguel M., administrador de una empresa de productos agroalimentarios, "pese a conocer perfectamente o aceptar, debido a ese cargo, que ni la normativa urbanística vigente desde enero de 2007 ni la anterior derogada admitían esa nueva edificación".
En la solicitud de la licencia municipal, el empresario solicitaba una sola nave de 300 metros cuadrados y dos pisos en el paraje La Mina Sant Josep, adaptada al entorno natural para realizar actividades agrícolas y ganaderas, como sí que admitía la normativa municipal de 2007, aunque terminó erigiendo un complejo industrial de tres naves.
Este nuevo Plan de Ordenación Urbanística Municipal (Poum) era más estricto que los anteriores por considerar los terrenos afectados de "interés natural, paisajístico, forestal y que sólo admitía edificaciones de dimensiones máximas de seis por tres metros de plantas destinadas al uso ganadero".
El escrito del fiscal apunta que Civil mantuvo una actitud puramente contemplativa y no hizo "nada serio para impedir o parar esas obras", sobre las que tenía conocimiento, puesto que incluso las había visitado el lugar y sabía el periodo en que se desarrollaron.
"En el expediente de comunicación ambiental se podía advertir como, con el paso del tiempo, la actividad industrial que se proponía al Ayuntamiento se iba ampliando en consonancia a la creación del gran complejo industrial", señala la Fiscalía.
El fiscal también ha acusado a la arquitecta municipal, Maria del Carme C., en cuyo informe hacía constar que las obras se ajustaban a la legalidad, y al secretario municipal del consistorio, Pau L. por no imponer ninguna objeción al citado informe, por lo que la Fiscalía pide un año de prisión y la inhabilitación de ambos durante ocho años.
Además, reclama el derribo de todas las construcciones y edificaciones y solicita que la demolición vaya a cargo de los acusados Pedro Miguel A. y Ferran Civil.
