'Pipol'.-Denuncian el interés de la fiscalía de "querer convertir el juicio en el episodio número uno del 11-M"

GIJÓN 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

Ricardo González, uno de los abogados que ejercen la defensa de cuatro de los imputados en el juicio por el caso 'Pipol', denunció hoy el interés de la fiscalía en "convertir el proceso judicial en el episodio número uno del 11-M".

El letrado realizó estas manifestaciones en su informe de conclusiones que presentó en la Sección Octava de la Audiencia Provincial tras las manifestaciones del fiscal jefe, Gerardo Herrero, en las apuntaba como "relevante para el 11-M que Toro y Trashorras fuesen condenados por la dinamita del caso 'Pípol'".

González criticó a Gerardo Herrero de "pretender influir en el juicio para que se dicte una sentencia ejemplar y conseguir unos fines determinados en el proceso sobre los atentados de Madrid".

González, el primer abogado en exponer sus conclusiones, impugnó los 'pinchazos' telefónicos con las conversaciones sobre la venta de drogas al entender que existe una "total ausencia de motivación" porque "se han intervenido las llamadas sin tener unos hechos específicos en los que basarse". Además denunció la "falta de control judicial" de dichas escuchas e "irregularidades y defectos en las grabaciones".

Asimismo, explicó que el caso 'Pipol' es un juicio contra la salud pública y no deberían existir "dilaciones indebidas" ya que "el último procesado fue detenido en agosto de 2001".

Respecto a la defensa de sus clientes González argumentó que los agentes de la policía no encontraron nada en el domicilio de Ángel Manuel A.Z. y su mujer Isabel Cristina P., ambos pareja, y que tampoco se pudo constatar que se vendiera droga en el local que el primero regenta en Gijón. Sobre el dinero que se encontró en la vivienda de ambos, González demostró que había sido adquirido por la venta de un vehículo y alegó que los dos viven de una herencia de los padres de Ángel.

En cuanto a los pinchazos telefónicos en los que el imputado habla de "ruedas y de cubiertas", la defensa increpó al ministerio fiscal afirmando que Ángel Manuel tiene un garaje de reparación de vehículos por lo tanto "sorprendería que hablasen de pelotas de tenis y no de ruedas y cubiertas como es el caso". Por su parte, afirmó que no hay "ni una sola prueba" que relacionase a su cliente Isabel Cristina P. con el tráfico de drogas y que "cuando hablaba de algo blanco se refería a una empleada del local que se llamaba Blanqui".

El letrado Ricardo González también defiende a Ángel O.C. y a María B.M. de quienes dijo también que "no hay una prueba base para imputarles" y que el único motivo para su detención fue "su visita a casa de un amigo en la que la policía estaba efectuando un registro". González insistió en que la policía no realizó ninguna prueba dactilar en la bolsa del dinero ni otra prueba en la balanza, que hallaron en el vehículo de su cliente, para saber si había restos de droga en ella.

"PRESIÓN MEDIÁTICA"

Por su parte, el abogado, Rufino Menéndez, letrado del acusado Javier A.M. --actualmente en prisión-- cargó contra los medios de comunicación de los que dijo que "filtraban noticias" y ejercían "una presión mediática que repercutía en su cliente". En se momento intervino el presidente de la sala, Bernardo Donapetry, que aseguró que "la prensa no va a influir en las decisiones que adopte el tribunal".

Menéndez pidió la absolución para su patrocinado del que aseguró que no pertenecía a ninguna trama de tráfico de drogas ya que a su cliente de los 20 acusados "tan sólo lo conocían dos". "En la mayoría de las llamadas telefónicas no se pudo reconocer la voz de Javier A. M. ni tampoco dinero ni balanzas en su domicilio", apuntó Menéndez que añadió que el fiscal imputó a su cliente "porque ve droga por todas partes aunque no aparezca".

"POSIBLES TERRORISTAS"

El abogado, Víctor Ignacio Hernando, defensa del imputado Pedro Julián C.M. pidió también la absolución para su cliente "por falta de pruebas". Hernando manifestó que se han producido "dilaciones indebidas en el proceso de instrucción" y añadió que "el juicio estuvo dormido hasta el 11 de marzo de 2004".

El letrado manifestó que su patrocinado es habitual consumidor de cocaína y que en su momento, ante el juez, declaró que "consumía de 1,5 a 2 gramos de droga cuando salía de fiesta". Argumentó que en las escuchas telefónicas en las que "posiblemente" el acusado hablase de drogas, se refería a pequeñas cantidades" y negó que vendiese coca ya que "lo que compraba era para consumo propio".

Hernando levantó el tono de voz para arremeter contra el fiscal por sentar en el banquillo de los acusados a su cliente "sin pruebas" y mezclarlo en un juicio con "posibles terroristas o con personas relacionadas con el 11-M, perjudicando a su familia y amistades". Por este motivo acusó al fiscal antidroga, José Perals, de "tergiversar y manipular los hechos".

RUEDAS Y AMORTIGUADORES

El último letrado en exponer sus conclusiones en la vista de hoy fue Rodrigo Gómez, defensa de Juan Jesús B.P., para quien también pidió la libre absolución y se sumo a las protestas por las "dilaciones indebidas" del proceso y la impugnación de los 'pinchazos' telefónicos que presentaron el resto de abogados.

Gómez desvinculó a su cliente de la trama del tráfico de droga y explicó que sólo "había pedido dinero a un amigo para poner unas ruedas y unos amortiguadores" porque los necesitaba para su vehículo. Y añadió que "tan sólo quedó con uno de los imputados un día en un sitio y no se la ha vuelto a ver más".

El fiscal pide para estos acusados las siguientes penas por tráfico de drogas. Para Ángel Manuel A.Z. y su pareja Isabel Cristina P., 10 años de prisión; para Ángel O:C y María B.G, 6 años de prisión; y para Javier A.M. y Pedro Julián C.M. 5 años de cárcel.