'Pipol'.- El fiscal justifica un aumento de penas para Toro y Trashorras por seguir traficando con drogas en 2003

OVIEDO, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El fiscal antidrogada de Asturias, José Perals, justificó hoy el aumento de la pena para Antonio Toro y José Emilio Suárez Trashorras por el caso 'Pipol' en el hecho de que ambos continuasen traficando con explosivos durante el año 2003, como así contempla el sumario del 11-M. Peral pide la pena máxima de ocho años para ambos por tráfico de explosivos. Para Toro pide además diez años y medio de cárcel por tráfico de drogas y diez para Trashorras.

En el informe de conclusiones, José Perals, sostiene que Emilio Suárez Trashorras era un subordinado de su cuñado Antonio Toro Castro --a quien el fiscal denominó también como "un gran traficante de droga"--. Perals manifestó que ambos pertenecían a una banda organizada de explosivos, junto con José Ignacio Fernández Díaz 'Nayo'.

El ministerio fiscal argumentó --durante cuatro horas que duró su exposición de conclusiones en la sesión de hoy celebrada en la Sección Octava de la Audiencia Provincial con sede en Gijón-- que "Trashorras era el encargado de robar el explosivo por su trabajo en la mina 'Conchita' y su cuñado Toro se dedicaba a la distribución y venta".

Para realizar esta manifestación Perals se basó en las declaraciones que realizó el testigo Rafa Zouhier, imputado también el 11-M, en las que afirmó que "durante 2001 Toro le comentó en prisión que tenía dinamita y dos años después --2003-- le dió un cartucho y un detonador que le explotó en las manos a Zouhier.

Otra de las pruebas que fiscalía aportó en sus conclusiones fueron las declaraciones de Francisco Javier Lavandera, ex portero del club Horóscopo, en las que manifestó que "Trashorras le comentó que tenía 400 kilos de dinamita y días posteriores le dijo que ya sólo le quedaban 200'", así como cuando Toro le mostró el maletero del coche a Lavandera quien después de comprobar que había dinamita afirmó que "tendría 50 o 60 kilos de explosivos".

Perals se basó también en la cinta que contiene una conversación grabada en agosto de 2001 en las que Francisco Javier Lavandera le comunica a Jesús Campillo que Toro y Trashorras le habían ofrecido dinamita y en las que se afirmaban "que buscaban a personas que supiesen montar bombas con móviles". Fiscalía tuvo también en cuenta las llamadas telefónicas que realizó Lavandera a Toro que verificaban "que en aquel momento no había enemistad entre ellos" y justificó la denuncia por parte de Lavandera contra Toro en la necesidad de actuar "como persona responsable y de bien ante la presencia de un delito".

Perals afirmó que la conducta de Lavandera durante la declaración en el juicio fue "de entereza y digna de elogio" ya que "tuvo que soportar los comentarios y las risas de los acusados mientras hablaba de su mujer fallecida". "Un hecho que descalifica por completo a los imputados", añadió.

Otro de los argumentos utilizados por el fiscal para demostrar que Toro y Trashorras formaban una red de tráfico y tenencia de explosivos fueron las declaraciones de los policías que hallaron el material explosivo en el garaje de Avilés, así como los informes del Tedax de la policía que falleció.

Por estos motivos el fiscal elevó la pena a Toro y a Trashorras a 8 años de prisión, la máxima tipificada en el código penal, y alegó que "Trashorras trabajaba en una mina y conocía perfectamente los efectos de la dinamita al igual que Toro", afirmó Perals.

Según la fiscalía la pena calificada con anterioridad por este delito para ambos era de siete años al considerar que la dinamita estaba en mal estado pero después de la declaración del Tedax de la Policía se verificó que los explosivos "estaban un poco sudados" pero que "eso no disminuía su peligro de explosión".

Además, continuó Perals para argumentar la elevación de su pena, que "Toro y Trashorras demostraron un desprecio absoluto respecto a los vecinos y a las personas que vivían en las cercanías del garaje donde se guardaba la dinamita".

En este mismo sentido Perals comentó también que Toro y Trashorras tenían más dinamita guardada en otra residencia que el primero tenía a parte de la de sus padres y que "apareció en algunas de las escuchas telefónicas".

Según, Perals, Toro reveló "inmediatamente" la plaza de garaje donde ocultaba la droga y explosivos a los agentes que lo detuvieron "para que no mirasen en "otro chamizo o domicilio" de Toro donde supuestamente tendría el resto de explosivos. El ministerio público destacó que en el garaje se hallaron 16 cartuchos de dinamita y 94 detonadores por lo que "si había tantos detonadores es que por otro sitio había más dinamita", apuntó Perals.

Otra de las razones que esgrimió el fiscal para elevar la pena de prisión fue que ambos avilesinos continuaron traficando con explosivos durante el año 2003 como así contempla el sumario del 11-M, a pesar de estar inculpados en el caso 'Pipol' por el mismo delito.

Tras pedir las diferentes penas para los acusados, 18 años y medio de prisión para Toro y 18 años para Trashorras por tráfico de drogas y tenencia y tráfico de explosivos, Perals afirmó que la función del ministerio público es actuar en defensa de la sociedad y el estar al lado de las víctimas "por lo que se le debe un respeto que durante el juicio del caso 'Pipol' no hemos apercibido".