SAN SEBASTIAN, 1 Sep. (EUROPA PRESS) -
La plataforma 18/98+ contará con el apoyo de EA, Aralar, EB-Berdeak, Batasuna, los sindicatos LAB, ESK, HABE, ELA en la reanudación del proceso judicial que se sigue contra el denominado entramado de ETA, este próximo lunes, en los que supondrá el inicio de una "potente" campaña de "denuncia, socialización y búsqueda de apoyo económico", según explicó su portavoz Mariano Ferrer. Este manifestó su "temor de que los procesados puedan acabar siendo rehenes del proceso político".
Ferrer compareció hoy en San Sebastián, junto a la también portavoz de la plataforma Maite Aristegi, y distintos representantes de las citadas formaciones políticas y sindicales como el miembro de Batasuna, Joseba Permach, Alberto Unamunzaga y Karmele Errazti de EA, o el representante de EB-Berdeak, Antton Karrera.
El portavoz de la plataforma afirmó que el apoyo de todos estos agentes es "un amplio reflejo solidario para exigir que si este juicio llega a su término, no empiecen ya más", porque hay que "cortar la cadena de juicios de impulso político contra el ejercicio de derechos sociales y políticos legítimos".
Asimismo, afirmó que no considera "en absoluto" que el ejercicio de los derechos de los procesados puedan estar "sobre la mesa de una negociación política como una carta de intercambio", y añadió que "es algo que se debe solventar por si mismo, y son razones jurídicas y no políticas lo que debe determinar la sentencia".
Además, señaló que en un proceso político y de paz de las características del que está viviendo el País vasco "deben darse gestos que faciliten un cambio de actitudes para llegar a acuerdos".
A su juicio, "lógicamente, cuantas más bazas tenga cada una de las partes, en este caso el Estado", y la "hipotética situación de unos ciudadanos acusados por el ejercicio de sus derechos civiles y políticos, tras una condena que dejara tranquilos a los estamentos de los poderes fácticos, sería una transacción relativamente cómoda para el Estado".
"DISYUNTIVA DIFICIL"
A su juicio, la Audiencia Nacional "está en una disyuntiva bastante difícil de resolver", porque "jurídicamente no va a tener razones para condenar, y políticamente va a tener muchos inconvenientes para absolver".
Ferrer recordó que a lo largo de los últimos meses se ha constatado "la falta de garantías procesales, la dificultad para el ejercicio de defensa, la falta de solidez en las acusaciones y el hecho de que se está ante un tribunal de excepción heredero todavía de la política represiva del franquismo".
Asimismo, señaló que "la sentencia debiera ser absolutoria" y pidió el "desmantelamiento" de la Audiencia Nacional, para agregar que, "la plataforma reclamará la reparación del castigo anticipado que los procesados vienen ya padeciendo durante meses". Por explicó que el colectivo iniciará una campaña de actuaciones para "denunciar la continuidad del juicio y exigir su archivo", que se concretará próximamente.