PNV considera necesario corregir "deficiencias inadmisibles" del proyecto de Ley de Memoria Histórica para apoyarlo

Actualizado: viernes, 15 diciembre 2006 14:32

Cree imposible que el Valle de los Caídos honre a todos los muertos mientras la tumba de Franco y Primo de Rivera tenga lugar preeminente

BILBAO, 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente del EBB del PNV, Josu Jon Imaz, consideró hoy necesario que se corrijan "sustancialmente deficiencias" del proyecto de Ley de Memoria Histórica del Gobierno central "que no son admisibles", porque, según advirtió, "lo contrario haría que el PNV no se pronunciase a favor de esta ley y votase, incluso, en contra de la misma".

Imaz compareció hoy en rueda de prensa en Sabin Etxea de Bilbao, acompañado del portavoz del PNV en el Congreso de los Diputados, Josu Erkoreka, para dar a conocer el contenido de las enmiendas parciales que la formación jeltzale va a presentar al proyecto de Ley de Memoria Histórica.

El presidente del EBB explicó que el PNV no ha enmendado a la totalidad el proyecto de Ley de Memoria Histórica que el Gobierno central ha remitido al Congreso de los Diputados porque considera que "no es momento para más retrasos en esta discusión, ni de soslayar o dilatar, con maniobras de distracción, un debate necesario e inaplazable".

A su juicio, el debate es necesario "porque la transición necesariamente no supone olvido y no estamos dispuestos a que se olvide, porque ha habido injusticia, sufrimiento y toda una generación que por el simple hecho de luchar por la democracia y las libertades y defender el sistema democrático sufrió una guerra, la represión, injusticias y el olvido durante muchas décadas, y esto tiene que cambiar".

Además, consideró "urgente" el debate sobre la Memoria Histórica "porque las personas de esa generación, las pocas que van quedando, por ley vegetativa se están muriendo muchas de ellas. Y mientras queden personas vivas es urgente hacer justicia, porque la justicia, cuando llega demasiado tarde, ya no es justicia, sencillamente se convierte en injusticia flagrante". "Y esto -añadió- es lo que está pasando después de 29 años de que fuese iniciada la transición, y todavía no se ha reparado esta situación".

No obstante, precisó que el hecho de que el PNV no presente una enmienda a la totalidad "no significa que el proyecto de Ley de Memoria Histórica nos satisfaga". En ese sentido, anunció que "si no se corrigen aspectos y deficiencias serias que tiene esta ley, votaremos en contra de la misma".

Imaz detalló los aspectos más importantes que, a juicio del PNV, es necesario corregir. Para los jeltzales, el régimen de localización, identificación y, en su caso, exhumación de los restos humanos de las personas violentamente desaparecidas durante la Guerra Civil requiere una mayor implicación institucional. En su opinión, la administración "no se puede limitar a autorizar y facilitar determinado tipo de trabajos, sino que tiene que haber una implicación más activa mediante ayudas públicas para que sean ejecutados esos trabajos".

"La gente tiene derecho a saber dónde están sus familiares y sus seres queridos y tiene derecho, además, a que las administraciones públicas se impliquen en estas labores de búsqueda y exhumación, en su caso", añadió Imaz.

Por otro lado, consideró que la regulación sobre la eliminación de símbolos y monumentos franquistas tiene que ser "más ambiciosa". Según dijo, no es "admisible que haya símbolos de una dictadura 29 años después de iniciada la transición". "No vale con que la ley se quede en que la eliminación tiene que ser por parte de la Administración del Estado, sino que tiene que implicar a todas las administraciones públicas y a todo tipo de asociaciones que tenga el más mínimo de financiación pública", subrayó.

Por otro lado, advirtió de que la obligación de eliminar la simbología franquista ""no ha de afectar, como pretende el proyecto, a los que exalten a uno sólo de los bandos", sino "a los que exalten directa o indirectamente la sublevación armada contra la legalidad democrática".

FRANCO Y PRIMO DE RIVERA

Asimismo, Imaz señaló que el Valle de los Caídos "si tiene que servir para honrar a todos los caídos, es imposible hacerlo mientras exista un lugar destacado a quien provocó la contienda y tanto derramamiento de sangre". "No es posible que las tumbas de Francisco Franco y de José Antonio Primo de Rivera tengan un lugar preeminente en el Valle de los Caídos, si se quiere convertir este lugar en un sitio que honre a todos los muertos de aquella inmensa tragedia que fue la guerra".

Por ello, para el PNV es "absolutamente necesario que se establezcan medidas para eliminar del lugar hegemónico que ahora ocupan las tumbas de Francisco Franco y José Antonio Primo de Rivera".

Además, el presidente del EBB advirtió de que "no puede crearse el Centro Documental de la Memoria Histórica sin restituir al Gobierno vasco los documentos que le fueron incautados durante la guerra civil y actualmente depositados en el Archivo General de la guerra civil de Salamanca", porque, según dijo, "es un botín de guerra y un botín de una guerra, como todas trágica, pero además de un alzamiento ilegítimo en contra de la democracia y la libertad, no puede permanecer 70 años después depositado en un lugar haciendo sido confiscado a sus legítimos propietarios".

Imaz precisó, asimismo, que no se trata de una ley "de punto final" y advirtió de que la norma "debe precisar que su entrada en vigor no impide el ejercicio de las acciones judiciales que quienes pudieran estar interesados en ejercer", tanto con arreglo al Derecho Internacional como al Derecho interno.

También manifestó que el acceso a los fondos documentales existentes en los archivos históricos "debe liberalizarse al máximo, eliminándose los obstáculos que impiden disponer directamente de datos de carácter nominativo".

Por último, Imaz advirtió de que no se puede abordar un proceso de reparación como el que aborda el proyecto de Ley de Memoria Histórica, sin atender el "daño patrimonial que el franquismo infligió a los partidos políticos". Por ello, indicó que deberá abrirse un nuevo proceso de restitución de bienes incautados o de compensación económica a los partidos políticos que fueron ilegalizados por el régimen franquista, "que flexibilice los criterios de acreditación de titularidad con los que se aplicó la Ley de 1998".