Defiende la promoción de políticas de alquiler de vivienda y aboga por limitar la promoción de vivienda pública en propiedad
BILBAO, 18 Abr. (EUROPA PRESS) -
El PNV ha puesto en marcha un grupo de trabajo para tratar de definir una aproximación al Modelo vasco de gestión de la Seguridad Social, orientado a elaborar una alternativa al actual, que podría llevar a una propuesta de "Sistema Vasco de Pensiones".
Una vez realizada una reflexión, y establecidos los criterios con los que debe abordar las propuestas, la formación jeltzale ha repartido la elaboración de reflexiones en varios ámbitos: la organización de los sistemas públicos y privados de pensiones; las tendencias europeas en materia de protección social; y la ordenación y gestión de la Seguridad Social.
Así lo ha anunciado el responsable del área social del EBB del PNV, Aitor Olaizola, en una entrevista a la web del partido, en la que, en materia de vivienda, señala que "con la crisis han cambiado las prioridades".
"Ahora la necesidad es la de poder pagar y no perder la vivienda que se tiene, acceder al crédito para poder disponer de vivienda de protección y atender a las situaciones de necesidad generadas a causa de los procesos de desahucio", explica.
En consecuencia, afirma que la política pública de vivienda ha de orientarse hacia ese nuevo objetivo, por lo que defiende la promoción de las políticas de alquiler, privada o pública. "En el futuro hay que limitar la promoción de vivienda pública en propiedad", asegura.
LANBIDE
Preguntado por la situación de Lanbide, el dirigente jeltzale manifiesta que la gestión durante el año 2012 (con el Gobierno del PSE-EE) de la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) fue "un absoluto caos y arrastró a toda la organización en todas sus dimensiones y, lo que es peor, causó un grave daño a miles de personas que necesitaban una gestión eficiente de esta prestación de subsistencia".
Según destaca, "más de la mitad (53%) de los expedientes no se tramitaban en el plazo de tiempo legalmente establecido. Había largas colas a las puertas de Lanbide, se acumularon más de 3.000 recursos sin contestar, 600 preguntas del Ararteko sin responder, o cientos de procedimientos de reversión por pagos indebidos sin posibilidad de realizarse ya que no existía herramienta informática que lo soportara".
Frente a esto, asegura que "en la actualidad, se ha pasado de 109 a 38 días en la tramitación de los expedientes, se han eliminado las colas, se han normalizado los criterios de aplicación con el Ararteko y hay un gran descenso de la conflictividad".
Asimismo, resalta que "se ha puesto en funcionamiento una unidad piloto de reintegro de pagos indebidos, está prevista una unidad de inspección que dará mayor credibilidad al sistema y se está mejorando la interoperabilidad con los ayuntamientos para que la gestión sea más próxima".
