El PNV pide en el Congreso que se garantice una asistencia jurídica de calidad a los españoles condenados a muerte

MADRID 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

El PNV ha presentado una proposición no de ley en el Congreso en la que reclama al Gobierno que adopte cuantas medidas políticas y legislativas sean necesarias para garantizar una asistencia jurídica de calidad a los españoles sobre los que pese una solicitud de pena de muerte o que ya hayan sido condenados a la pena capital.

Los nacionalistas vascos especifican en su iniciativa que esa asistencia debe producirse desde el momento de la detención y estar garantizada "cuando se formule la acusación que pueda conllevar la petición de pena de muerte, durante el procedimiento judicial y en la fase posterior a la sentencia, cuando el condenado se encuentre en el 'corredor de la muerte', todo ello a tenor de las disposiciones legales y de los usos jurídicos del país donde se desarrolle el proceso".

El grupo parlamentario que preside Josu Erkoreka admite que los españoles detenidos en el extranjero están sometidos a la soberanía y a la jurisdicción del Estado en que se encuentran, pero subraya que esto "no puede ser obstáculo para que el Congreso de los Diputados promueva la protección del derecho a la vida de los ciudadanos españoles en el exterior".

Según explican, en la actualidad existen una serie de medidas protectoras para los españoles acusados o en prisiones extranjeras reguladas a través de órdenes, instrucciones y circulares emitidas por distintos ministerios.

En concreto, la orden de 1987 sobre 'Protección a los detenidos españoles en el extranjero' regula las visitas de las Oficinas consulares, la asistencia sanitaria y el suministro de alimentos que deben ser prestados especialmente en "aquellos países que no ofrecen a los reclusos las condiciones mínimas dietéticas y sanitarias consideradas aceptables en nuestra sociedad".

Para estos fines, es práctica habitual de estas representaciones la entrega de cantidades de dinero a los españoles que no dispongan de recursos, para que puedan tener un mínimo acceso a los alimentos y cuidados sanitarios.

PAGO DE HONORARIOS

Esta orden determina que "en los casos de notable indefensión, posibilidad de grave condena o conocimiento de carencia de recursos económicos de los españoles implicados en un procedimiento judicial penal o que siendo civil pueda afectar a su libertad personal de manera grave, se propondrá que la Dirección General de Asuntos Consulares se haga cargo del pago total o parcial de los honorarios del letrado que asuma o pueda asumir la defensa".

Sin embargo, según el PNV, dicha normativa resulta "insatisfactoria" a la hora de defender el derecho a la vida de ciudadanos españoles en países extranjeros acusados o condenados por delitos que conlleven la pena capital, ya que en muchos países los procesos judiciales y las garantías de un juicio justo pasan por la contratación de profesionales cuyos elevados honorarios no pueden ser sufragados por los acusados.