MADRID, 18 Dic. (EUROPA PRESS) -
La Comisión de Estudios e Informes del Poder Judicial ha concluido este martes sin ningún acuerdo su tercera sesión sobre el estudio de la ponencia elaborada por la vocal Margarita Robles que duda de la constitucionalidad de algunas medidas del nuevo Código Penal. Los vocales solicitarán al Ministerio una prórroga para poder seguir estudiando el documento.
Tras tres horas de deliberaciones, el único aspecto en el que ha existido unanimidad entre los cinco vocales que integran esta comisión ha sido en el que se reconocía la necesidad de disponer de más tiempo para analizar la reforma, por lo que han quedado en continuar sus discusiones el próximo 8 de enero.
Como el plazo del que disponía el CGPJ para realizar este trámite concluye el próximo 4 de enero, la Comisión de Estudios solicitará al Pleno de este órgano convocado para el próximo jueves que solicite del Ministerio una prórroga de 15 días para poder concluir su valoración del Anteproyecto, han informado fuentes de este órgano.
Entre otros aspectos de la reforma, el proyecto de informe del CGPJ aborda la prisión permanente revisable, una pena inédita en el ordenamiento español y que se aplicará a los delitos más graves, como son homicidios terroristas.
Según la ponencia de Robles, "resulta cuanto menos dudoso que una privación de libertad potencialmente perpetua sea conciliable, en un ámbito estrictamente interno", con la reinserción contemplada en el artículo 25.2 de la Constitución.
La ponencia de Margarita Robles también pone pegas a otra de las medidas de seguridad que introduce el nuevo Código Penal como es la custodia de seguridad al advertir de su "cuestionable inconstitucionalidad, como así lo han declarado el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y el Tribunal Constitucional alemán, país de origen de esta medida".
Añade que es "especialmente significativa" la ausencia de controles claros para su ejecución y seguimiento así como el hecho de que se pueda cumplir en un centro penitenciario, "como si de una pena se tratase".
La custodia de seguridad es una medida que, de aprobarse, se aplicaría en casos excepcionales cuando el condenado haya cumplido la pena de prisión y un tribunal valore que se mantiene la peligrosidad. La custodia de seguridad tiene una duración máxima de diez años aunque podrá ponerse fin si desaparecen las circunstancias que la hacían necesaria.
CONSEJO FISCAL También falta por remitir oficialmente su informe a Justicia el Consejo Fiscal, que concluyó este lunes deliberaciones sobre el borrador de informe relativo a la reforma del Código Penal que le fue remitido por la Secretaría General Técnica y que, en términos generales, pone varios "peros" al Anteproyecto por la falta de concreción de algunos de los preceptos, como son los que regulan la custodia de seguridad. El informe definitivo de los fiscales será trasladado al Ministerio de Justicia la próxima semana.
El borrador que llegó al Consejo Fiscal la semana pasada critica entre otros aspectos la idoneidad de suprimir las faltas porque muchas de ellas pasan a formar parte del catálogo de delitos leves. Igualmente, considera mejorable la prisión permanente revisable y recuerda que el reo siempre debe mantener la oportunidad de recuperar la libertad y reinsertarse, en cumplimiento de los preceptos constitucionales.
En lo relativo a la custodia de seguridad, el borrador del informe destaca que el nuevo Código adolece de falta de concreción a la hora de enumerar los delitos que llevan aparejada esta medida y advierte de la necesidad de reformar la legislación penitenciaria para habilitar espacios donde pueda cumplirse de forma diferenciada al resto de internos.
