La jueza investiga la relación de este consistorio con seis empresas a lo largo de varios años
O CARBALLIÑO (ORENSE), 7 May. (EUROPA PRESS) -
Vigilancia Aduanera se ha desplazado este martes al Ayuntamiento de O Carballiño (Orense) por orden de la titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Lugo, Pilar de Lara, para recabar documentación sobre contratos municipales con una serie de empresas que investiga si están relacionadas con la Operación Pokémon, centrada en supuestas irregularidades en concesiones de servicios públicos y su renovación a lo largo de los años.
En declaraciones a Europa Press, el alcalde de O Carballiño, Argimiro Marnotes (PP), que está imputado en la Operación Pokémon por supuestos delitos de tráfico de influencias y revelación de secretos, ha explicado que un agente de Vigilancia Aduanera se personó en el consistorio en torno a las 13.00 horas de este martes con un oficio judicial, mediante el cual requirió "documentación, pero no realizó ningún registro".
Fuentes de la investigación consultadas por Europa Press han ratificado que, efectivamente, un agente de Vigilancia Aduanera ha solicitado expedientes del Consistorio carballiñés, en el marco de las diligencias practicadas por Pilar de Lara en relación a la investigación del caso Pokémon, cuyo secreto de sumario decidió prorrogar la semana pasada.
En concreto, el agente ha solicitado un conjunto de documentación que le fue entregada "de inmediato", mientras que otros expedientes se han ido a buscar "al archivo histórico", porque se refieren a procedimientos "de años atrás". Abandonó el consistorio en torno a las 14.30 horas, según Marnotes, con "toda la documentación solicitada".
El regidor, que se acercó a saludar al agente judicial y se puso a su disposición, se ha amparado en el secreto de sumario que permanece vigente para no aclarar exactamente a qué concesiones municipales se refieren los expedientes solicitados por la jueza, pero sí ha apuntado que pidió "todo lo que haya de seis empresas", por lo que la documentación abarca varios años.
SITUACIÓN JUDICIAL
Argimiro Marnotes ha indicado que no ha tenido ninguna novedad respecto a su situación judicial, después de que declarase como imputado el pasado 8 de marzo y que saliese sin medidas cautelares. "Me comprometí con la jueza a no desvelar nada. Yo estaría encantado de que se levantase el secreto de sumario porque no tengo absolutamente nada que temer", ha afirmado.
Cuando a principios del pasado mes de febrero fue imputado, Marnotes, que es alcalde de O Carballiño desde las elecciones de 2011, había expuesto públicamente sus relaciones profesionales con el grupo Vendex, entramado empresarial que se sitúa en el epicentro de la supuesta trama de corrupción que investiga la Operación Pokémon.
Así, había desvelado que como arquitecto técnico --profesión que ejercía antes de ser alcalde--, trabajó para Vendex al firmar la dirección de obra y el proyecto técnico de una nave y del local donde tienen las oficinas.
Además, había reconocido que Doal, una empresa del grupo investigado, colocó el césped en una vivienda suya en la parroquia de Arcos y había justificado que no abonó los "500 o 600 euros" que costarían estos trabajos porque la empresa aún no le había presentado la correspondiente factura.
El alcalde de O Carballiño había sugerido que su imputación podría responder a "una vendetta" de Vendex, que era la única empresa que se mantenía como aspirante a la adjudicación del servicio de la ORA en O Carballiño, un proceso que su equipo paralizó al conseguir el gobierno local.
POLÍTICOS
El de O Carballiño fue el quinto alcalde imputado en la Operación Pokémon, que provocó la dimisión de Francisco Rodríguez (PSOE) como regidor de Orense y de Adolfo Gacio (PP) al frente de Boqueixón (A Coruña). Ambos fueron detenidos el pasado mes de septiembre y salieron de prisión tras abonar sendas fianzas.
No obstante, en la Operación Pokémon también fueron imputados el alcalde de Lugo, Xose Clemente López Orozco --quien también es presidente del PSdeG--, y el regidor de Santiago, Ángel Currás (PP), pero ambos rechazaron dimitir por esta causa.
Posteriormente, en la segunda fase de la Pokémon, bautizada como Operación Manga, fue imputado el ya exalcalde de Santiago con el PP, Gerardo Conde Roa. También como resultado de estas investigaciones fueron detenidos Albino Vázquez Aldrey, quien presentó su renuncia como concejal de Seguridad en Santiago de Compostela, y Robert Fauria (CiU), que dimitió como alcalde de Sant Hilari Sacalm (Gerona).
Entre la larga lista de imputados en la instrucción de la Pokémon, aparte de personal relacionado con la empresa Vendex y funcionarios, figuran otros políticos como Fernando Varela, quien presentó su dimisión como concejal del BNG en Orense, o la edil de Educación de Santiago, Rebeca Domínguez.
Uno de los principales imputados en esta causa es el expresidente de la Confederación Hidrográfica do Miño-Sil, el socialista Francisco Fernández Liñares, quien llevó diversas concejalías en el Ayuntamiento de Lugo.
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