La Policía continúa con los registros en domicilios de los presuntos implicados en el fraude de la Diputación de Lugo

La Policía Nacional, por orden de la Fiscalía de Lugo, prosigue esta tarde con los registros en los domicilios de los presuntos implicados en un fraude en la adjudicación de obras de la Diputación Provincial.

A primera hora de la tarde está previsto que sea inspeccionado el domicilio particular del ingeniero jefe de Vías y Obras del ente provincial, Alberto Fernández Pereira, ubicado en la zona de Montero Ríos. Este funcionario y su esposa, Ángeles Prieto, figuran en el accionariado de la consultora de ingeniería Senén Prieto y ambos fueron detenidos esta mañana al presentarse voluntariamente en la Comisaría de Lugo, ya que ayer se encontraban de viaje.

El registro en su domicilio se producirá después del realizado en el despacho que este funcionario tiene en la Diputación de Lugo, que se prolongó por espacio de más de un hora.

Estas inspecciones, con una docena de agentes judiciales y policiales entre los que se encuentra una de las unidades de delitos informáticos de Madrid, se inició antes de las diez de esta mañana en el despacho de otro de los socios de Senén Prieto, empresa supuestamente beneficiada en la adjudicación de obras de la Diputación de Lugo.

Después de hora y media se trasladó toda la comitiva judicial y policial al chalet que este socio, que es arquitecto, tiene en las afueras de la ciudad, donde también se recopiló documentación en formato papel y de un ordenador.

Ya sobre 13.15 horas y coincidiendo con la rueda de prensa del presidente provincial, Francisco Cacharro, el fiscal y todo su séquito entraron en la Diputación, donde les aguardaban varios agentes que custodiaban a otro de los detenidos, el ingeniero jefe de Vías y Obras, al que acompañaba su abogado.

Una vez dentro, se trasladaron con éste a su despacho y permanecieron allí hasta las 14.30 horas. Una vez finalizada esta fase, el fiscal-jefe de la Audiencia Provincial, Jesús Izaguirre, se limitó a confirmar que se continuarán con los registros.

QUEJAS DE LOS COMPAÑEROS

Los funcionarios que trabajan en el Pazo de San Marcos, sede de la Diputación Provincial, asistieron nuevamente atónitos a esta escena, aunque en este caso celebraron que su compañero, Alberto Fernández Pereira, no permaneciera esposado.

Respecto a estas "malas formas" de las autoridades judiciales, el comité de empresa del órgano provincial ha remitido sendos escritos al presidente de la Diputación y al juzgado quejándose del trato dispensado al otro funcionario detenido, que ayer sí estuvo esposado.

Así, los órganos de representación sindical de la Diputación Provincial, tanto la junta de personal como el comité de empresa, hicieron público un comunicado a través del cual tacharon de "evidente desproporción" la intervención judicial para detener a algunos funcionarios.