BARCELONA 19 Ene. (EUROPA PRESS) -
Los Juzgados de Instrucción número 1 y número 24 de Barcelona han condenado en sendas sentencias a un agente del Cuerpo Nacional de Policía (CNP) a pagar 1.922 euros por agredir y vejar a cuatro inmigrantes durante dos controles de extranjería en Barcelona.
La primera agresión se produjo durante un control de extranjería el 6 de septiembre de 2005, cuando tres agentes de la comisaría del distrito de Ciutat Vella solicitaron la documentación a Roberto José B. y a Abdelaziz L. en las Ramblas de Barcelona.
Durante la operación, el jefe del dispositivo policial golpeó a Roberto José "excediéndose en el uso de la fuerza mínima indispensable" y le causó unas lesiones de las que tardó siete días en curar, según relata la sentencia del Juzgado de Instrucción número 1 de Barcelona. El policía también golpeó a Abdelaziz "sin motivo".
El Tribunal ha condenado al agente a pagar una multa de 180 euros por una falta de lesiones y otra de 60 euros por una falta de malos tratos. Asimismo, deberá indemnizar a Roberto José con 252 euros.
Roberto José B. y Abdelaziz L. fueron acusados de desobediencia a la autoridad, pero la titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Barcelona decidió absolverles, ya que "los propios policías actuantes manifestaron durante el juicio que no recordaban específicamente qué amenazas, insultos o resistencia les ofrecieron los demandantes, alegando sólo de modo genérico que se mostraron agresivos en el momento de la detención".
LAS AGRESIONES CONTINUARON.
El mismo agente del CNP volvió a verse implicado en un hecho similar pocos días después, aunque en este caso también fue condenado su compañero de patrulla, que estuvo presente en la agresión anterior.
Los hechos se produjeron sobre las 18.45 horas del 15 de septiembre de 2005, en las inmediaciones de la plaza Catalunya de Barcelona. Las víctimas, Anouar A. y Loufti K., caminaban por la zona cuando se les acercaron dos agentes de paisano para pedirles la documentación.
Anouar se la había dejado en casa y no podía entregarla, pero sugirió a los agentes que su compañero fuera a casa a buscarla mientras él se quedaba allí con ellos.
Acto seguido, y mientras el jefe del dispositivo policial le llamaba "moro de mierda", los dos agentes empezaron a darle puñetazos en la espalda, en la rodilla y en la pierna, metiéndole dentro del coche policial sin que la víctima ofreciera resistencia.
Ante esta situación, Loufti llamó con su móvil a un amigo para pedirle la documentación de Anouar. En ese momento, se le cayó el teléfono al suelo y, aprovechando que se agachaba para recogerlo, el policía le propinó varias bofetadas en la cara.
A consecuencia de la agresión, Anouar padeció cervicalgia, lumbalgia y ansiedad, por lo que estuvo 15 días de baja. Loufti, por su parte, sufrió una contusión que tardó cuatro días en curar.
El Juzgado de Instrucción número 24 de Barcelona considera que la versión de Anouar y Loufti es "coherente, uniforme y creíble", ya que durante el juicio "relataron de forma pormenorizada la agresión e injurias de las que fueron objeto, "identificando claramente a los autores de las mismas".
Según el Tribunal, "no existen motivos que permitan sospechar de la veracidad de cuanto indican los denunciantes, ya que ni siquiera conocían con anterioridad a los policías". Además, "la agresión y lesiones sufridas han sido corroboradas por los partes de sanidad y los informes médicos", añade la sentencia.
Los acusados mantuvieron durante el juicio que no agredieron ni insultaron a los denunciantes. Sin embargo, el Tribunal considera que "su pretendida versión exculpatoria no resulta creíble".
Según la sentencia, "los policías reconocen que no hubo resistencia alguna por parte de los denunciantes, lo que también da credibilidad a la tesis de que Anouar y Loufti se comportaron correctamente, siendo los acusados los que les agredieron y les faltaron al respeto sin motivo que lo justificase".
El Juzgado de Instrucción número 24 de Barcelona ha condenado al principal inculpado, el jefe del dispositivo policial, a pagar 1.000 euros de multa por dos faltas de lesiones y una de injurias. Su compañero deberá pagar una multa de 400 euros por una falta de lesiones.
Asimismo, los dos policías deberán indemnizar conjuntamente a Anouar con 600 euros por las lesiones causadas. El principal inculpado también deberá pagar 130 euros a Loufti por las lesiones que le provocó.
"A LA CAZA DEL INMIGRANTE IRREGULAR".
La ONG SOS Racismo acogió acogió a las cuatro víctimas en su Oficina de Información y Denuncias y la abogada de la organización les representó durante todo el proceso judicial.
A raíz de estos hechos, SOS Racismo denunció que la Ley de Extranjería "plantea una visión policial y de control de la inmigración y, por tanto, ampara la puesta en práctica de actuaciones policiales basadas en la caza o persecución del inmigrante irregular".
La organización considera que "los criterios que se siguen a la hora de realizar estas actuaciones responden a aspectos como el color de la piel o la fisonomía de estos ciudadanos". Según la organización, "la actuación policial debe ser respetuosa con los derechos humanos y debe responder a un buen uso de la autoridad con la finalidad de ofrecer un servicio a todas las personas".
SIGUEN DENUNCIANDO A AGENTES DE CIUTAT VELLA.
Los hechos relatados no constituyen la única denuncia contra agentes de la comisaría de Ciutat Vella, situada en la calle Nou de la Rambla, por agredir a inmigrantes. Ayer mismo se celebró un juicio en la Sección Octava de la Audiencia de Barcelona contra dos policías nacionales por presuntamente apalear a un detenido de origen marroquí mientras se encontraba en dicha comisaría.
La víctima aseguró durante la vista oral que uno de los policías que le detuvo empezó a darle patadas y bofetadas "con todas sus fuerzas", además de golpearle con la porra "sin ningún motivo". Incluso habría llegado a amenazarle con una pistola, mientras su compañero de patrulla observaba sin tratar de evitar la agresión.
En este caso, la excusa de los agentes también era la presunta resistencia que la víctima ofreció en el momento de su detención. La acusación particular solicita tres años de prisión para el principal inculpado, mientras que para su compañero pide tres meses por actuar como cómplice. La letrada reclama una indemnización de 6.000 euros para la víctima.