La Policía destapó en 2005 un fraude a la Seguridad Social de más de 42 millones de euros

MADRID, 4 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Policía destapó en 2005 un fraude a la Seguridad Social de más de 42 millones de euros, aunque la mitad de ese dinero se ha podido recuperar con centenares de investigaciones a empresas y particulares, que se han saldado con 322 personas detenidas, informó hoy la Dirección General de la Policía.

De entre los arrestados, 135 son extranjeros y 124 han pasado ya a disposición judicial. Las investigaciones, más de 650, fueron requeridas por la Seguridad Social como consecuencia de las irregularidades detectadas en sus controles habituales, lo que llevó a que la Policía siguiera la pista a unas 320 empresas y a más de 1.745 personas.

La mayor parte de las actuaciones se debe a delitos contra la Seguridad Social, insolvencia punible y falsificación de documentos de cotización, aunque ha tenido una "especial incidencia" la falsificación por parte de ciudadanos extranjeros de resoluciones de concesión de permisos de trabajo y la usurpación del Estado Civil, precisó la Dirección General de Policía en un comunicado.

La Policía considera que su actuación, llevada a cabo por agentes adscritos a la Sección de Investigación de la Seguridad Social, perteneciente a la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal de la Comisaría General de Policía Judicial, ha evitado un fraude que es difícil cuantificar, debido a que las investigaciones de algunas empresas mueven a otras en situación irregular a normalizar sus pagos por temor a ser descubiertas.

OPERACIONES MÁS IMPORTANTES

Entre los arrestos más importantes practicados por la Policía en el marco de esta lucha contra el fraude figura la detención en Murcia de cuatro responsables de un grupo empresarial que debían a la Seguridad Social más de cuatro millones de euros debido a que eludían la recaudación cambiando de denominación y trasvasando sus trabajadores de unas empresas a otras. También en la localidad murciana de Lorca la Policía arrestó a otras tantas personas por un delito similar y que eludieron el pago de unos 4,5 millones de euros.

En Puerto del Rosario (Las Palmas) se detuvo a un funcionario de la Unidad de Recaudación Ejecutiva de dicha localidad como autor de presuntos delitos de falsificación de documentos, malversación de caudales públicos y estafa por un importe de más de dos millones de euros. El detenido falsificaba providencias de embargo de cuentas bancarias a deudores de la Seguridad Social e ingresaba los importes en una cuenta a su nombre.

En Málaga, un gestor administrativo se embolsó más de ocho millones de euros en distintas operaciones falsas de venta de inmuebles. El alegaba que estos inmuebles procedían de embargos a deudores de la Seguridad Social y así pudo estafar a varios compradores que en ningún caso obtuvieron los inmuebles.

En Madrid, Granada y Toledo fueron detenidos siete miembros de un grupo organizado, todos ellos con amplios antecedentes delictivos por falsificación de documentos, usurpación del estado civil y estafa. Usaban documentos nacionales de identidad robados con los que obtenían informes de vidas laborales de los titulares de esos carnés y, tras falsificarlos, obtenían préstamos de entidades de crédito y se financiaban la compra de vehículos e inmuebles que posteriormente vendían a un precio inferior al de mercado. Así llegaron a comprar 20 coches de gama media alta y tres inmuebles, cuya valoración se estimó en unos 840.000 euros.

Por último, en Valencia se detuvo a otros cuatro responsables de un grupo empresarial que, como en casos anteriormente citados, cambiando de denominación y trasvasando sus trabajadores de unas empresas a otras, defraudaron a la Seguridad Social más de 4,5 millones de euros.