La policía sostiene que los padres de los 'Aquilinos' y otros dos acusados más realizaban labores de contravigilancia

VALLADOLID, 18 Abr. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional que participaron en octubre de 2005 en Valladolid en la 'Operación Planeta' contra el tráfico de drogas sostuvieron hoy que el matrimonio compuesto por Aquilino E.C. y Raquel E.L, así como Juan C.R. y José B.C, precisamente los únicos cuatro de los nueve procesados que no han reconocido su culpabilidad, estaban igualmente implicados en la red de narcotráfico puesto que realizaban labores de contravigilancia en el barrio para abortar cualquier transacción en caso de detectar la presencia policial.

La casi veintena de funcionarios que testificó en la segunda jornada del juicio que se sigue en la Audiencia de Valladolid coincidió al señalar el referido matrimonio, jefes del clan de los 'Aquilinos', y los otros dos imputados citados participaban activamente en el negocio de venta de drogas que dos hijos de la pareja, Aquilino y Luis Angel E.E, con la colaboración de sus respectivas esposas, Isabel B.C. y Patricia F.E, respectivamente, y de otro joven llamado Francisco Javier O.V, realizaban desde dos pisos situados en los número 1 y 3 de la calle Neptuno, en el barrio de La Victoria.

Así, los policías, en declaraciones recogidas por Europa Press, explicaron que Aquilino E.C. y Raquel E.L. permanecían durante todo el día, desde las 10 horas hasta bien entrada la noche, en los alrededores de las viviendas de sus hijos en clara actitud de vigilancia y que incluso el primero de ambos parecía ser el encargado de contactar con los toxicómanos y de "darles el paso" para que, en caso de que no hubiera peligro, accedieran al interior de los portales.

Dicha labor de contravigilancia se veía complementada, según los policías, con la "batidas" que otro de los imputados, Juan C.R, acostumbraba a realizar por el barrio al volante de un BMW de color azul. "En aquellos casos en que detectaban nuestra presencia se cortaba el suministro", dijo uno de los agentes, quien insistió en que la red se encontraba perfectamente organizada y sus integrantes, unos en labores de venta directa y otros como vigilantes, conseguían así las "máximas garantías de seguridad".

INVESTIGACIONES INICIADAS MESES ANTES

Las investigaciones, hasta su culminación el día 5 de octubre de 2005 en que se detuvo a todos los supuestos implicados tras practicar sendos registros domiciliarios, se iniciaron meses antes a raíz de que la Policía Nacional recibiera informaciones que apuntaban que dos pisos, un 1º derecha y un 4º izquierda situados, respectivamente, en los números 3 y 1 de la calle Neptuno eran frecuentados por numerosos toxicómanos.

Montado el correspondiente dispositivo de vigilancia, en el que se pudo constatar el "modus operandi" de los acusados, los agentes levantaron distintas actas de aprehensión tras interceptar a los toxicómanos a la salida de ambos inmuebles y hallarles en posesión de distintas sustancias.

Finalmente, los registros concluyeron con la incautación de 26,78 gramos de 'coca', 14,54 de heroína, 21,60 de hachís, 15,70 de cannabis, dos básculas electrónicas de precisión, diversos utensilios impregnados de droga, multitud de bolsas de plástico y 7.589 euros.

Además, la policía ocupó una pistola de fuego real con 46 cartuchos, propiedad de Luis Angel E.E, tres vehículos (BMW, Peugeot 306 y Citroën Xantia), distintos teléfonos móviles y diversas agendas con información que se correspondían con la contabilidad de las sustancias vendidas, con referencia a nombres o motes de clientes, cantidad en gramos y precio.

De los nueve procesados, tan sólo cinco de ellos, los matrimonios compuestos por los jóvenes Aquilino E.E. e Isabel B.C. y Luis Angel E.E. y Patricia F.E, junto con Francisco Javier O.V, han reconocido su culpabilidad pero se han mostrado disconformes con las penas pedidas para ellos, que oscilan entre los 9 y los 6 años y que en su conjunto se elevan a 35 años de prisión.

Para los otros cuatro acusados, precisamente los que claman por su inocencia, la acusación pública solicita penas de 6 años de prisión y, al igual que en el caso de los anteriores, multas de 15.000 euros.