MADRID, 9 Sep. (EUROPA PRESS) -
Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado tienen acreditados al menos cinco casos de secuestro exprés de empresarios llevados a cabo desde el año 2000 por parte de ETA con objeto de obtener financiación inmediata, informaron a Europa Press fuentes de la lucha antiterrorista.
La banda recurre a este tipo de extorsión directa como complemento a otras vías de financiación como son las aportaciones voluntarias o el impuesto revolucionario. De hecho el secuestro se convierte en una variación de la petición de entrega de una determinada cantidad de dinero vía carta y se realiza en este caso a través de una amenaza directa al empresario, al que miembros de la banda retienen durante sólo unas horas.
La víctima es amenazada y recibe advertencias sobre las posibles consecuencias del impago en el plazo que se le ha marcado, tras la cual se obliga habitualmente a la persona secuestrada a firmar un pagaré que la banda hace efectivo posteriormente.
Entre los cinco casos señalados se encuentra el de tres empresarios de Navarra a los que hace referencia parte de la documentación incautada tras la detención de Ibón Fernández Iradi, alias "Susper", en Francia en diciembre de 2004.
En la mayoría de las ocasiones, señalan las citadas fuentes, no existe constancia de si las víctimas de la extorsión cedieron finalmente al pago y no figuran denuncias cursadas por la extorsión.
La dinámica del secuestro suele desarrollarse de forma similar. Miembros del aparato militar de la banda retienen a la víctima elegida en lugares poco frecuentados y le exigen que reconozca por escrito la existencia de una deuda con la banda.
La extorsión sustituye a los secuestros de larga duración llevados a cabo por la banda y que se desarrollan durante meses y podría ser una señal de la debilidad operativa de ETA en los últimos años. El sistema se potenció tras la ilegalización de Batasuna y la consiguiente pérdida de ayudas oficiales destinadas a la formación.
La Audiencia Nacional investiga en un sumario declarado secreto las distintas vías de financiación de la banda y la participación en este aparato de distintos etarras. De hecho, el pasado jueves el juez Baltasar Garzón decretó prisión incondicional para el etarra Asier Mardones al considerar que intervino en el reparto de cartas para el cobro del impuesto revolucionario.
El magistrado advertía en el auto dictado de la utilización de este sistema por parte de ETA a partir del año 2000 y especificaba que se caracteriza por la intensidad de la amenaza y la inmediatez en la recaudación de dinero. Se basa en una "amenaza en directo", añadía el juez.
