El PP acusa al Gobierno canario de aplicar la 'ley del silencio' en los centros de menores

Actualizado: martes, 9 mayo 2006 19:27

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 9 May. (EP/IP) -

El portavoz del Grupo Parlamentario del Partido Popular de Canarias, Jorge Rodríguez, expresó su sospecha de que la "ley del silencio" se ha convertido en el pilar de la política del Gobierno de Canarias en la gestión de los centros de menores con medidas judiciales, "con el fin de apuntarse el tanto de la normalización de la situación que viven los menores".

Sin embargo, recordó que empleados de los centros de internamiento de menores con responsabilidad penal, gestionados por el Gobierno de Canarias, han denunciado recientemente el incremento de la conflictividad y de las fugas de estos recintos, durante los últimos meses.

"Los hechos expuestos por miembros de este colectivo profesional en algunos medios de comunicación", añadió el diputado popular, "desmienten la imagen de convivencia segura y pacífica que la consejera del ramo, Marisa Zamora, ha presentado a la opinión pública en los últimos días".

Frente a las manifestaciones de la responsable de Asuntos Sociales indicando que la conflictividad se ha reducido en un 90%, y las de su director general de Política de Atención al Menor, José Arregui, "vanagloriándose de que en centros como Valle Tabares ya no se oye una mosca", los funcionarios "contradicen radicalmente esta versión y aseguran que los intentos de fuga se han multiplicado, y ahora ya no son individuales, sino en grupo".

También alertan de prácticas irregulares de los cuidadores, "como la de ofrecer cigarrillos y sesiones de videojuegos en las habitaciones, a cambio de que los internos mejoren su conducta y adecenten los partes de incidencias".

Ante estas divergencias, agravadas por el reciente informe del Diputado del Común señalando que el área de menores copa las quejas de los canarios, Jorge Rodríguez anunció que el Grupo Parlamentario del Partido Popular pedirá en al Gobierno de Canarias las oportunas explicaciones.

"Si el Gobierno ha mentido en su descripción de la seguridad de los centros de internos menores con responsabilidad penal", dijo el portavoz popular, "el hecho sería doblemente grave: en primer lugar, porque confunde deliberadamente a la población, y en segundo, por la sórdida realidad que está tratando de encubrir".