El PSOE ve irresponsable que el PP pueda apoyar mañana en el Congreso una moción que limita la autonomía del presidente del Gobierno
MADRID, 15 Jun. (EUROPA PRESS) -
El PP está preparando una enmienda de adición a la propuesta que ERC defenderá mañana en el Congreso de eliminar tres ministerios en la que plantea incluir además la supresión de la nueva Vicepresidencia de Política Territorial que dirige el ex presidente andaluz Manuel Chaves.
Según informaron a Europa Press fuentes 'populares', el PP no sólo apoyaría que el Gobierno suprima los Ministerios de Igualdad, Cultura y Vivienda, como proponen los republicanos catalanes, sino que además pretenden que desaparezca la Vicepresidencia Tercera, cuyas competencias siempre han considerado más propias de una Secretaría de Estado.
Es más, los 'populares' también sugerirán mañana la necesidad de reducir la publicidad institucional, una demanda que ha venido reclamando desde el inicio de la presente legislatura, sobre todo a raíz de la obligatoriedad de instalar en todos los municipios españoles los carteles anunciadores de la obras del Plan E.
Desde el PSOE, que se muestra reacio a buena parte de la moción que defenderá mañana ERC, ven irresponsable que el PP apoye el apartado que busca suprimir tres departamentos ministeriales para reducir la estructura de la Administración General del Estado. Fuentes socialistas recalcaron que ésa es una facultad que corresponde exclusivamente al presidente del Gobierno y que no entenderían que el principal partido de la oposición respaldara esta cuestión.
El PSOE mantenía hoy negociaciones con los republicanos catalanes para evitar precisamente que el Congreso vote mañana la moción de ERC, que es consecuencia de la interpelación que dirigieron la semana pasada a la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega.
A finales del pasado mes de abril, el PNV ya sacó adelante una propuesta en el mismo sentido que la de ERC pero en la que se instaba al Gobierno a suprimir un ministerio en 2010, sin especificar cuál, una iniciativa que cosechó el apoyo del PP y de CiU, lo que provocó que el PSOE perdiera su primera votación en el Congreso de esta legislatura.
NO AL 9,2% PARA LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS
Además de oponerse a la demanda de Esquerra de suprimir los citados ministerios, los socialistas no comparten la exigencia de que el Ejecutivo garantice el equilibrio vertical en el reparto de los recursos públicos en el futuro modelo de financiación autonómica, por ser éste un asunto que está aún en fase de negociación.
La iniciativa de ERC pretende imponer que al menos el 9,2 por ciento de los actuales recursos del Estado se destinen a las comunidades autónomas atendiendo al hecho de que el gasto en éstas ha crecido a un ritmo anual del 10,1 por ciento desde la adopción del vigente modelo de financiación.
En su moción, los republicanos catalanes también reclaman al Ejecutivo poner en marcha inmediatamente las directrices necesarias para reducir el consumo energético y el gasto corriente ordinario; remitir al Congreso el informe del cumplimiento de los principios éticos y de conducta del Código del Buen Gobierno; informarle antes del inicio del próximo periodo de sesiones de la estructura del Gobierno y de la Administración General del Estado, y que cada semestre dé cuenta de las medidas de reforma adoptadas en el periodo inmediatamente anterior.
LOS FALCON
Asimismo, Esquerra plantea que se regule el uso de medios públicos, tanto en la actividad pública como privada, aprovechando la polémica creado en torno a los viajes en Falcon realizados por José Luis Rodríguez Zapatero durante la campaña de las europeas, así como el goce de los inmuebles, medios de transporte y desplazamiento en periodos electorales.
Así las cosas, los socialistas se plantean enmendar la iniciativa de los republicanos catalanes, cuya redacción inicial no pueden respaldar de ningún modo, precisaron fuentes socialistas, salvo las cuestiones que hacen referencia a la necesidad de reducir el consumo energético y el gasto corriente ordinario, así como la reglamentación del uso de los medios públicos de transporte para autoridades, algo que el Gobierno ya había anunciado.
