El PP anuncia recurso ante el TC contra la ley que facilita la devolución de bienes incautados a los partidos

MADRID, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El PP anunció hoy que estudiará la presentación de recurso de constitucionalidad contra la ley que facilita la devolución a los partidos de bienes incautados en la Guerra Civil al considerar que, al flexibilizar los requisitos para solicitar indemnizaciones, se perpetra, no sólo una "tropelía", sino todo un "expolio" al Estado.

La Comisión Constitucional del Congreso aprobó hoy la reforma de la Ley que promovió en su día el Gobierno Aznar cuando el PP se apoyaba en CiU y PNV. Las minorías consideraban que aquella norma de 1998 no dio los resultados esperados porque se aplicó con un reglamento restrictivo, por lo que esta legislatura pidieron modificarla para ampliar el ámbito de aplicación y flexibilizar los mecanismos de prueba para presentar solicitudes de devolución.

Así, el texto hoy aprobado y remitido al Senado, que fusiona las proposiciones de ley de CiU, ERC e IU-ICV, amplía el ámbito subjetivo de aplicación de la ley para alcanzar a las entidades sociales vinculadas a los partidos políticos y no sólo a éstos, así como a los bienes que los partidos tenían fueran del territorio español.

Igualmente, se flexibilizan los mecanismos de prueba para acreditar la titularidad de los bienes de aquellos años, dada la dificultad para conservar documentos en una Guerra Civil y habiendo transcurrido tanto tiempo.

Y al cambiar las condiciones, la ley abrirá además un nuevo plazo de un año para que las formaciones políticas afectadas puedan presentar nuevas solicitudes de restitución y se facultará al Gobierno para que, por decisión de Consejo de Ministros, revise de oficio los procedimientos administrativos aún en curso.

Para el PP, representado en el debate por el diputado de UPN Jaime Ignacio Del Burgo, estas modificaciones son un "cúmulo de despropósitos" que desembocan en un "asalto" y un "expolio" de bienes públicos. "Al latrocinio de 1939 no se puede responder hoy con otro latrocinio", proclamó.

LA SEDE DEL INSTITUTO CERVANTES EN PARÍS.

Centró sus críticas en la modificación introducida a instancias del PNV para que los partidos puedan reclamar bienes incautados que estuvieran ubicados en el extranjero. Para el PP, los nacionalistas vascos buscan la reversión de un palacete en París donde hoy está la sede del Instituto Cervantes, pero recalcó que "eso no fue nunca del PNV sino del Gobierno vasco y por eso el Gobierno francés lo entregó a España en 1951, como institución de la república". Del Burgo avisó al PSOE de que, "si ha pactado esta tropelía, si se confirmara ese expolio, el Gobierno habría entrado, de hoz y coz, en el Código Penal".

Según el diputado 'popular', "repugna a la recta conciencia" que los partidos directamente afectados se aprovechen de la situación minoritaria del Gobierno y recalcó que las reparaciones no pueden diseñarse "en un club de amiguetes", quebrantando el principio de igualdad "de forma grosera". En ese contexto, anunció que el Grupo Popular estudiará la posibilidad de interponer un recurso de inconstitucionalidad contra esta ley.

El PNV salió al paso de las alusiones del PP y su portavoz, Aitor Esteban, indicó que "es claro que hubo pérdidas de patrimonio fuera del territorio español" pero que no se deben dar por sentadas las cosas y que será la Justicia quien determine a quién corresponde la propiedad del palacio parisino.

Defendió la flexibilización de requisitos recordando que en la Guerra Civil no daban "un recibo" en las incautaciones, si acaso "un tiro en la nuca", y negó el "expolio" que denuncia el PP alegando que fueron partidos democráticos los que se vieron privados de bienes. "Interpongan el recurso que quieran --concluyó, dirigiéndose al PP--, aunque a este paso no sé si tendremos Constitucional o CGPJ".

TAN MALA O BUENA COMO LA ANTERIOR.

Asimismo, el ponente de CiU, Jordi Xuclà, quiso dejar claro que la reforma sólo es un "perfeccionamiento procedimental" que además es fruto de un "debate democrático, con luces y taquígrafos". A su juicio, los argumentos del PP son "absolutamente exagerados" y suponen un "menosprecio a la reparación de la memoria". Su conclusión es que "o el PP no se creía lo que votó en 1998 o desde entonces ha sufrido una regresión".

Joan Herrera, de IU-ICV, agregó que si la nueva ley es una 'vergüenza', como argumenta el PP, también lo sería la norma original, promovida por un Gobierno 'popular', que en su opinión había dejado muchos déficits de aplicación.

Desde ERC, su portavoz, Joan Puig, señaló que los demás partidos no tienen "la culpa" de que el PP no fuese víctima de la dictadura franquista y de que otras formaciones, como Esquerra, fueran ampliamente mayoritarios en aquellos años. "Aquí no nos dan nada, nos devuelven lo que era nuestro --enfatizó--. No pedimos ninguna limosna".

El portavoz socialista, Francesc Vallès, resaltó que la reforma "repara un texto que nació defectuoso" y que no cumplió los objetivos que se esperaban, dejando "decepcionados" a los grupos que en 1998 confiaron en el PP.

El resultado, según dijo, es una "reforma escrupulosa y rigurosa, no arbitraria como pretende decir el PP", que introduce "criterios más justos" y que se ha resuelto con un amplio consenso (todos los partidos menos el PP).

A su juicio, hoy se completa "definitivamente" el proceso reparador iniciado: "Una reparación de justicia histórica que el PSOE no hizo desde el Gobierno por pudor porque sabíamos que iban a instrumentalizarlo con su demagogia habitual", apostilló.

PNV, CiU, ERC e IU RECHAZAN LA EXCLUSIÓN DE ANV.

Por otro lado, la ley incorpora una propuesta del PSOE para que Acción Nacionalista Vasca (ANV-EAE), la formación política surgida en 1930 que se integró en Herri Batasuna en 1978 y que fue revitalizada la pasada primavera para las elecciones municipales de mayo, quede definitivamente excluida de la ley.

Gracias a la ley de 1998, ANV obtuvo 684.298,12 euros como indemnización otorgada por el Consejo de Ministros presidido por José María Aznar y ahora se cambia la redacción para que no puedan reclamar compensaciones aquellos partidos que hubieran sido declarados ilegales, que estén suspendidos por orden judicial o que, como ocurrió con ANV el pasado mayo, hayan visto anuladas algunas de sus candidaturas en aplicación de lo previsto en la Ley de Partidos Políticos.

Esta modificación ya se aprobó la pasada semana en el seno de la ponencia, pero hoy PNV y ERC pidieron votación separada del artículo para poner de manifiesto su rechazo a ese añadido, en coherencia con su oposición a la Ley de Partidos Políticos que permitió la ilegalización de Batasuna.

Finalmente, la exclusión de ANV fue ratificada por la Comisión Constitucional con los votos de PSOE, PP y Coalición Canaria, mientras que votaron en contra PNV y ERC, al igual de CiU e IU-ICV.