MADRID, 24 Abr. (EUROPA PRESS) -
El PP se dispone a cotejar las candidaturas vascas y navarras que serán publicadas mañana en los Boletines Oficiales provinciales con sus propios ficheros, a fin de determinar si están incluidas en las mismas sujetos vinculados a ETA y Batasuna y decidir si acuden a las Juntas Electorales e, incluso, al Tribunal Supremo, confirmaron a Europa Press fuentes 'populares'.
Así, serán los miembros del PP vasco los que se encarguen de realizar esta tarea para la que tienen 48 horas. De encontrar algún indicio de irregularidad en las listas y documentación analizada, se la comunicarán de inmediato a las Juntas Electorales de Zona, que tendrán que alertar al respeto a los representantes de las distintas candidaturas antes del próximo viernes.
El plazo de subsanación de esas posibles irregularidades concluye el día 29, puesto que el 30 de abril se procederá a la proclamación de candidatos por parte de las respectivas Juntas Electorales y, el 1 de mayo, a su publicación en Boletines Oficiales de provincias.
EL PP NO DESCARTA LA VÍA JUDICIAL
No obstante, el PP vasco cuenta con el beneplácito de 'Génova' para entrar en la vía judicial y preparar recursos contra candidaturas que, a juicio de los 'populares', pudieran incluir nombres vinculados a Batasuna o ETA y que hubieran logrado pasar el 'filtro' de las Juntas Electorales.
Esos hipotéticos recursos --que tendrían que presentarse dentro de los dos días siguientes a la publicación de candidatura proclamadas, esto es, los días 2 y 3 de mayo--, habrían de ser registrados ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia de las comunidades autónomas correspondientes, en este caso, País Vasco y Navarra.
Pero los 'populares' insisten en que, además de la Ley Electoral, les ampara la Ley de Partidos Políticos para intentar evitar que Batasuna cometa "fraude de Ley" y llegue nuevamente a los Ayuntamientos "con una u otra careta".
POSIBILIDAD DE ACUDIR AL SUPREMO
Tras insistir en que la responsabilidad de "frenar" a esta formación ilegalizada corresponde al Ejecutivo, desde el PP se insiste en que una vez declarada ilegal esta formación por el Tribunal Supremo, la Ley de Partidos prevé mecanismos para tratar de impedir "el fraude que significaría pretender su continuidad".
En este sentido, subrayan que la citada Ley Orgánica establece que se presumirá fraudulenta y no precederá la creación de un nuevo partido o la utilización de otro ya inscrito en el registro que continúe o suceda la actividad de un partido declarado ilegal. Por otra, no podrán presentar candidaturas las agrupaciones de electores que de hecho vengan a continuar o suceder la actividad de un partido político declarado judicialmente ilegal y disuelto.
En ese contexto, los 'populares' no descartan hacer llegar a la sala del 61 del Tribunal Supremo toda la información y conclusiones que hayan recabado tras su análisis de candidaturas y documentación y cotejo de datos, con el objetivo de "facilitar" la actuación de la Justicia, o "adherirse" a la iniciativa del Gobierno si finalmente toma este mismo camino.
