El PP critica el Consejo de Garantías Estatutarias por sus dictámenes vinculantes y C's porque pretende ser un TC

BARCELONA, 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Parlamento realizó hoy el debate de totalidad de la proposición de ley del Consejo de Garantías Estatutarias, del que el PP criticó el carácter vinculante que pueden tener sus dictámenes, y del que C's atacó su pretensión de ser una especie de Tribunal Constitucional (TC).

Los votos de los socios del Govern y de CiU tumbaron las enmiendas a la totalidad de PP y de C's. El Consejo, que sustituirá al Consell Consultiu, será la institución de la Generalitat que vele por que sus disposiciones se adecuen al Estatut y a la Constitución.

También dictaminará antes de interponerse ante el Tribunal Constitucional (TC) recursos de inconstitucionalidad, conflictos de competencia y recursos en defensa de la autonomía local.

El diputado del PP Jordi Montanya criticó la proposición de ley porque "lo que pretende es regular una nueva institución más adecuada a unos niveles superiores de autogobierno" de lo que prevé el Estatut.

Para Montanya, la principal crítica al futuro Consejo de Garantías Estatutarias es que sus dictámenes pueden ser vinculantes, y reprochó que se puedan equiparar sentencias con dictámenes. También recordó que el PP tiene recurrida ante el TC, entre otras, la parte del Estatut que prevé la creación y funciones de este consejo.

Desde C's, el diputado Albert Rivera subrayó que los catalanes no pueden tener derechos diferentes o específicos, según la Constitución. Criticó que se pretendiera hacer una Carta Magna para Cataluña cuando se aprobó el Estatut, de la misma manera que ahora se pretende construir un TC creando el Consejo.

"Lo que están haciendo es quitarle derechos a los ciudadanos de Catalunya, porque no tendrán acceso ni al TC ni al Defensor del Pueblo", argumentó, también en referencia al proyecto de ley del Síndic de Greuges.

Rivera reprochó a los grupos del Govern y a CiU que tramiten con "carácter de urgencia" la ley porque "suenan campanas de que se acerca una sentencia del TC" sobre el Estatut. "Lo que quieren es sacar adelante todos los proyectos que puedan al margen del TC. Pretenden de forma unilateral cambiar la arquitectura constitucional de este país".

CiU acusó a Rivera y a Montanya de olvidar "de manera sistemática" lo que es el principio de autonomía según el propio TC, que, según él, es la capacidad de que cada nacionalidad para decidir cómo y cuándo ejercer sus competencias, y no "contraviene ningún principio de la Constitución".

CIU: PP Y C'S CONTRA EL CATALÁN

Además, lamentó que PP y C's "pongan pegas a todo siempre que hay derechos lingüísticos por medio", pues este consejo velará por que se cumpla el derecho y el deber de conocer el catalán que establece el Estatut.

Lídia Santos (PSC) también atacó a PP y C's por sus enmiendas, y recordó a los populares que Castilla y León prevé el carácter vinculante de las decisiones de su Consejo Consultivo. "Imagino que el PP retirará el recurso contra esta parte del Estatut o irá corriendo a presentar recurso de inconstitucionalidad" por la normativa de Castilla y León.

El portavoz de ICV-EUiA, Jaume Bosch, aseguró que las enmiendas a la totalidad no son contra este consejo, sino contra el propio Estatut.

La republicana Anna Simó indicó que PP y C's deberían estar "contentos" porque este consejo es un "filtro más que asegura la constitucionalidad de las leyes", principio que tanto defienden, según ella, unos y otros.

Según lo que prevé la proposición de ley, el consejo cumplirá sus funciones con plena independencia de los órganos ejecutivos, legislativos y judiciales, por medio de dictámenes técnico-jurídicos. Para tener garantizada su independencia, disfrutará de autonomía orgánica, funcional y presupuestaria.

MÁS COMPETENCIAS

La relatora de la ponencia, Lídia Santos (PSC), explicó que el Consejo de Garantías Estatutarias sustituye al Consell Consultiu pero, además de cambiar de nombre, tiene más funciones y atribuciones.

Una de las novedades del nuevo órgano es que algunos dictámenes tendrán carácter vinculante, como los relativos a proyectos y proposición de ley que desarrollen derechos reconocidos en los capítulos uno, dos y tres del título primero del Estatut.

Además, nuevas instituciones podrán reclamar dictamen, como el Síndic de Greuges, y se reclamará precisar y motivar mínimamente la contradicción que justifica la petición de dictamen.

El consejo estará integrado por nueve miembros, que deberán ser juristas de competencia reconocida, con más de 15 años de experiencia profesional y con la condición política de catalanes.

Los miembros serán nombrados por el presidente de la Generalitat, seis de los cuales a propuesta del Parlamento catalán, acordada por mayoría de tres quintas partes de los diputados. Los otros tres los propondrá el Govern, y uno de estos tres se nombrará entre una terna propuesta por el Consejo de Gobiernos Locales.

Los nueves miembros serán nombrados por un periodo de nueve años, y no pueden ser reelegidos. El consejo se renovará por tercios cada tres años, y en cada renovación, corresponde al Parlamento designar dos nuevos miembros y al Govern escoger a uno.