PP, Cs y Vox ven el decreto anti-colapso de Justicia como un "parche" que modifica la Ley del Poder Judicial

El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, durante su comparecencia  ante la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados para explicar las medidas diseñadas con el fin de evitar el colapso de los juzgados tras el estado de alarma, en Madrid (Esp
El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, durante su comparecencia ante la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados para explicar las medidas diseñadas con el fin de evitar el colapso de los juzgados tras el estado de alarma, en Madrid (Esp - Pool
Publicado: lunes, 4 mayo 2020 19:12

Campo niega que se hayan "recentralizado" las competencias que tenían las CCAA, tal y como dicen ERC y Bildu

MADRID, 4 May. (EUROPA PRESS) -

El PP, Ciudadanos y Vox han mostrado este lunes su rechazo al real decreto-ley aprobado la semana pasada por el Consejo de Ministros para evitar el colapso de los juzgados y tribunales tras la pandemia por el coronavirus y han criticado que sus medidas vayan encaminadas a poner "parches" a problemas anteriores de la Justicia. Además, consideran que algunas reformas introducidas pretendan modificar la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) y lamentan que se haya obviado el debate parlamentario.

Así lo han expresado los portavoces de estos tres partidos en la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados, en la que ha comparecido el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, para dar cuenta de la gestión que ha llevado a cabo su departamento para hacer frente a la crisis sanitaria provocada por el Covid-19.

Entre las líneas de actuación expuestas por el ministro se encuentra este real decreto de medidas urgentes para la agilización de la Justicia, para el que ha pedido el apoyo de todos los grupos parlamentarios, ya que tiene que ser convalidad por el Congreso de los Diputados. Ha sido el portavoz del PP en la Comisión de Justicia, Luis Santamaría, el primero que ha podido echar en cara al ministro que no haya consultado antes de su aprobación al resto de partidos políticos.

"El real decreto-ley debía ser el fruto de debate parlamentario", ha dicho Santamaría, pues, en su opinión, el titular de Justicia "ha inventado una técnica legislativa que modifica una ley orgánica" e "invade las atribuciones del Legislativo".

Asimismo, el popular ha afirmado que tiene "sospecha de legalidad" sobre algunas de las medidas introducidas como la creación de un procedimiento especial y sumario en derecho de familia, al mismo tiempo que ha destacado que no ve "eficaces" las resoluciones que el Ministerio ha dictado durante el estado de alarma.

En la misma línea se ha manifestado el secretario general de Vox, Javier Ortega Smith, quien ha comenzado su intervención reprochando al ministro que haya hecho durante su discurso inicial un "alegato de descargo de acusaciones brillantes y un argumentario de propaganda que le pone a la cabeza de los ministros" que han ido a la Cámara baja a "defender lo indefendible".

En este sentido, Ortega Smith no ha dado credibilidad a la insistencia por parte de Campo sobre que la norma aprobada para evitar el colapso de juzgados y tribunales se haya hecho por "consenso". En su opinión, el decreto, al que ha descrito como un "parche ante una terrible fuga", también busca modificar la LOPJ.

"LLAMAR PARA NEGOCIAR, NO PARA INFORMAR"

"Podría haber llamado a la oposición", ha dicho el portavoz de Justicia de Ciudadanos, Edmundo Bal, en respuesta al lema de "consenso" y "coordinación" que tantas veces ha reiterado Campo, quien ha asegurado que se ha puesto en contacto con todos los grupos parlamentarios para comunicarles las medidas urgentes acordadas. "Le pido que me siga llamando pero para negociar, no para informar", ha puntualizado Bal.

Según el diputado de la formación naranja, el ministro tiene los "pies separados de la tierra", por lo que le ha insistido en la necesidad de inversión para poder llevar a cabo todas las reformas necesaria. En este sentido, le ha recordado algunas de las principales demandas de los operadores jurídicos, como el refuerzo de la plantilla o facilitar herramientas que hagan posible que los funcionarios puedan teletrabajar.

Aun con todo ello, Bal ha preguntado directamente si se va a poder realizar test de diagnóstico para todo el personal de la Administración de Justicia o si se va a confiar en la "panacea" de la eficacia de las "mascarillas" y de las distancias de seguridad entre personas.

Campo ha contestado a todas estas cuestiones una por una y ha afirmado que las afirmaciones de la oposición son "tristes" y asegura que es "falso" que se esté haciendo "propaganda" de su gestión. En este sentido, ha indicado que lleva semanas, desde que se declaró el estado de alarma por la pandemia, reuniéndose por videoconferencia con todas las instituciones y organismos que tienen competencias en Justicia, entre ellas las comunidades autónomas, incluidas las que están gobernadas, en solitario o en conjunto, por el PP, Vox y Cs.

Una vez más, ha defendido el "consenso" alcanzado con las 12 comunidades autónomas con competencias transferidas en materia, el Consejo General del Poder Judicial y la Fiscalía General del Estado, en la toma de decisiones, tal y como ha ocurrido con la hoja de ruta para reactivar la Justicia tras la crisis sanitaria, según ha señalado.

RECHAZA QUE SE HAYAN "RECENTRALIZADO" LAS COMPETENCIAS

En este sentido, el ministro ha recordado que el decreto aprobado el pasado 14 de marzo de estado de alarma no elimina ninguna competencia a las comunidades autónomas y que son ellas las que han entendido la necesidad de "tener un cinturón que nos abrace". Por ello, ha afeado que ERC o Bildu aseguren que lo que está haciendo el Gobierno es "recentralizar competencias" y aplicar el artículo 155 de la Constitución de forma "encubierta".

Sobre la "inconstitucionalidad" del decreto de medidas urgentes que han argumentado PP, CS y VOX, Campo también ha negado que esto sea así y ha apuntado que el hecho de que "casi todo en Justicia" esté establecido como Ley Orgánica "no impide nada". "¿Dónde está el atropello en los derechos de los trabajadores? No los hay", ha añadido.

En esta línea ha explicado que la LOPJ es "tan antigua que no contempla la doctrina del Tribunal Constitucional", que, según ha dicho, sí permite establecer turnos de trabajo y habilitar agosto para casos urgentes.

Asimismo, sobre las críticas a la falta de presupuesto, el ministro ha anunciado que en el Plan de Estabilidad remitido por el Gobierno a Bruselas se ha logrado incluir una partida de 40 millones de euros para invertirlo en la reactivación de la Justicia.

También ha respondido a Bal sobre la eficacia de los equipos de protección individual y ha indicado que los datos dicen que el Ministerio "no lo ha hecho mal" porque tan sólo se ha contagiado por coronavirus un "0,002 por ciento" del personal de Justicia.

CRÍTICAS DE IGLESIAS Y LIBERTAD DE EXPRESIÓN

Por otro lado, otros de los debates que se han puesto encima de la mesa de la Comisión ha sido las críticas que el vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, realizó a la condena a 19 meses de prisión impuesta a la portavoz de Unidas Podemos en la Asamblea de Madrid, Isa Serra, por participar en los altercados que se produjeron durante la protesta contra un desahucio en 2014.

Según el PP, Juan Carlos Campo --juez de carrera-- no sólo no ha salido en "defensa de los jueces", sino que se ha convertido en el "peón" de Iglesias. Para Ciudadanos, es una "vergüenza" que un miembro del Ejecutivo "ataque a la independencia de la Justicia", por lo que considera que el ministro de Justicia debería "condenar" tales manifestaciones.

Sin embargo, al igual que hizo el pasado miércoles durante la sesión al control al Gobierno, Campo ha vuelto a insistir en la "libertad de expresión" que tiene todo el mundo. "Claro que defiendo el trabajo de jueces, pero también la libertad de expresión y la tienen todos", ha sostenido.