El PP dice que no apoyará la reforma de la Ley del Menor y que volverá a cambiar la norma cuando recupere el Gobierno

Actualizado: miércoles, 11 octubre 2006 19:28

Astarloa denuncia que el Gobierno quiere quitarse "la responsabilidad financiera" de la Ley y "tirársela a la cabeza" a las CC.AA

MADRID, 11 Oct. (EUROPA PRESS) -

El secretario ejecutivo del PP en el área de Libertades Públicas, Seguridad y Justicia, Ignacio Astarloa, adelantó hoy el rechazo del Grupo Popular a la reforma de la Ley del Menor que se está tramitando en Cortes porque, según dijo, terminará por "colapsar" un sistema que ahora "funciona bien". Además, garantizó que los 'populares' volverán a modificar la norma cuando recuperen el poder.

Astarloa se pronunció así en rueda de prensa ofrecida en la sede central de su partido, después de reunirse con los responsables de las competencias de los menores en las comunidades gobernadas por el PP.

Comenzó su intervención recordando que la Ley del Menor todavía vigente prevé que se evalúen los resultados de la aplicación de la misma pasado un tiempo razonable desde su aprobación y que, a continuación, el Gobierno y las comunidades autónomas propongan aquellas reformas que consideren oportunas.

Añadió que los 'populares' ofrecieron al Ejecutivo "consenso" en este sentido para poder aprovechar la "experiencia" que las comunidades habían adquirido en esta materia y denunció que esa oferta fue rechazada, al igual que la petición de que la reforma propuesta por los socialista fuera acompañada de una memoria económica.

Para Astarloa, el resultado de la posición adoptada por el PSOE es "una mala Ley" que no da respuesta a la "alarma social" que ha generado el "aumento" de la delincuencia juvenil ni consigue "fortalecer" el sistema. "Lo que hace es poner en riesgo el actual sistema de prestaciones", apostilló.

En este contexto, denunció que no se han atendido las distintas enmiendas que los 'populares' han ido presentando en el Congreso y en el Senado y que tampoco se ha escuchado "el clamor" de otras instituciones como la Fiscalía General del Estado, el Defensor del Pueblo o del Menor demandando que en la nueva Ley se incluya el tratamiento de casos de especial gravedad o multirreincidencia para delitos cometidos por menores de 12 y 13 años.

A continuación, el también portavoz de Justicia en el Congreso repasó una por una las enmiendas que los 'populares' han intentado presentar sin demasiado éxito al proyecto de reforma y reprochó a los socialistas que, además, vayan a intentar poner en marcha una Ley "incapaz de ser aplicada" por una hipotética falta de recursos.

A juicio de los 'populares', el Ejecutivo socialista quiere imponer a las distintas comunidades la aplicación de esta Ley, ampliando el número de sujetos a quienes se les puede aplicar sin dotarlas de más dinero para ello. "El Gobierno se quita toda la responsabilidad financiera y se la tira a la cabeza a las comunidades", enfatizó.

EL CASO DE JÓVENES ENTRE 18 Y 21 AÑOS

Astarloa se refirió específicamente al "disparate colosal" que, a su entender, suponía que el proyecto de reforma de Ley del Menor incluyera su aplicación a los jóvenes con edades comprendidas entre 18 y 21 años porque con esa medida "se está potenciando el incremento de la criminalidad" de esos sujetos.

No obstante, ayer se aceptó en la Comisión de Justicia del Senado la modificación de este extremo, lo que el PP consideró un "pequeño éxito" y puntualizó que pudo haber tenido que ver la "presión" de las comunidades socialistas. El dirigente 'popular' matizó que, en todo caso, no comprende cómo pueden aceptar los socialistas ese cambio en el proyecto de Ley y, al mismo tiempo, decir que esperan mantener los consensos de la Cámara Baja.

Tampoco entiende Astarloa, agregó, el motivo que llevó al ministro de Justicia, Juan Fernando López Aguilar, a subrayar que le parecía "extraordinariamente bien" que la nueva Ley afectara también a chicos con edades entre 18 y 21 años mientras su Grupo votaba una cosa diferente en el Senado. "Ya no sabe si es ministro, o candidato o qué", resaltó, recordando que si finalmente va a Canarias, podría encontrarse "del otro lado de la mesa" a la hora de aplicar la citada reforma legislativa.