PP dice que no hay impulso político en el 'caso De Miguel'

BILBAO 14 Mar. (EUROPA PRESS) -

El parlamentario del PP vasco, Carmelo Barrio, ha afirmado que en el caso de la presunta trama de corrupción creada "en torno" al exnúmero dos del PNV de Álava, Alfredo de Miguel, y a otros antiguos dirigentes y cargos institucionales del partido jeltzale, "no hay que buscar impulsos políticos", sino el "normal funcionamiento de la justicia y del Estado de derecho".

En declaraciones a Radio Euskadi, recogidas por Europa Press, Barrio se ha referido a la decisión del juez del Juzgado de Instrucción número 4 de Vitoria de encausar a 26 personas por la presunta trama de corrupción creada "en torno" al exnúmero dos del PNV de Álava Alfredo de Miguel y a otros antiguos dirigentes y cargos institucionales del partido jeltzale, cuyo objetivo estaría dirigido a la obtención de contratos públicos de forma "irregular" y al cobro de comisiones presuntamente ilegales.

El dirigente popular ha explicado que han sido cinco años de "importante trabajo policial, judicial y fiscal, en relación con la identificación de delitos de prevaricación, omisión del deber de perseguir delitos, de tráfico de influencias, de malversación de caudales públicos, de fraude a las administraciones públicas, falsedad en documento público, y de alteración de precios en concurso y subastas públicas".

"Ésa ha sido la forma de actuar en un momento determinado. Lo bueno es que eso se juzgue, se identifique y esté ahí. Lamentablemente tiene nombres y apellidos en relación a un partido político. Tiene que hacer daño, pero ahí no hay que buscar impulsos políticos, hay que buscar el normal funcionamiento de la justicia y del Estado de derecho", ha agregado.

En este sentido, ha destacado que "claro que tiene que doler mucho al PNV, pero el PNV todavía tiene muchas cuestiones que quedan pendientes en relación a caso como éste".

Por otro lado, ha asegurado que el caso del contrato de alquiler de los locales de San Antonio, en Vitoria, en el que el Tribunal de Cuentas considera que el Gobierno municipal del PP incurrió en una presunta "responsabilidad contable" de 496.223 euros por el "perjuicio" causado a las arcas públicas por un contrato firmado en 2007 a un precio muy superior al de mercado, "nada tiene que ver con el delito".

Según ha indicado, "hay que hacer análisis de cuestiones contables, administrativas, pero no estamos hablando de ningún delito".

"Lo saben los partidos que están utilizando el tema políticamente. En determinados ayuntamientos se forma parte de un debate en relación con lo que son análisis contables o administrativos que a uno les podrá parecer peor o mejor, pero que no son delitos", ha concluido.