PP dice que las peticiones de comparecencia por el supuesto espionaje son compatibles con la vía judicial de Trillo

EP
Actualizado: jueves, 13 agosto 2009 18:22


MADRID, 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

El portavoz económico del PP, Cristóbal Montoro, consideró hoy "compatibles" las peticiones de comparecencia en el Congreso que su partido ha hecho a la vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, al ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, y al fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, con la denuncia presentada por el responsable de Justicia e Interior de los 'populares', Federico Trillo, en la que se alude a un delito de espionaje.

Montoro ofreció una rueda de prensa a las tres de la tarde para valorar el último plan económico del Gobierno. Preguntado por las denuncias de espionaje de su partido, insistió en que el Gobierno debe acudir a sede parlamentaria a dar las explicaciones que, "con comodidad y formas teatrales", ofreció Rubalcaba el pasado martes en rueda de prensa celebrada en el Ministerio del Interior.

El portavoz 'popular' apeló a que el Congreso es la sede de la soberanía nacional, a que esas comparecencias deberían constituir la normalidad en un sistema democrático, denunció que el Gobierno "le tiene grima" a las instituciones e insistió en "pedir explicaciones en sede parlamentaria antes que en sede judicial".

"LO CORTÉS NO QUITA LO VALIENTE"

Cuando un periodista le recordó que Trillo-Figueroa presentó el 24 de julio una denuncia por las filtraciones periodísticas del 'caso Gürtel', en la que se alude a un posible espionaje políico, y que ya ha anunciado que aportará a escuchas telefónicas a esa denuncia, Montoro respondió que la vía parlamentaria y la judicial son "compatibles". "Lo cortés no quita lo valiente", añadió.

Para defender esta compatibilidad de actuaciones, dijo que él mismo acudió al Tribunal Constitucional a defender los Presupuestos Generales del Estado de 2009, "fruto de una gran falsedad", y que no descarta volver a recurrir a los tribunales por un asunto de política económica, en concreto por la falta de un plan de saneamiento de las cuentas por parte del Ejecutivo.