MADRID, 17 Feb. (EUROPA PRESS) -
La Ponencia del Congreso y del Parlamento catalán encargada de redactar un informe sobre la reforma del Estatut dio hoy su visto bueno al Título III, relativo al Poder Judicial, que según el PP rompe "sin remedio" el modelo constitucional y que, a juicio de los socialistas, se ajusta estrictamente a su programa electoral y supone la primera aplicación en un texto legal del artículo 152 de la Constitución, que prevé la adaptación del Poder Judicial al Estado de las autonomías.
"Hoy hemos asistido a uno de los momentos más decisivos del Estatuto, en los que se produce una auténtica fractura del Estado constitucional de Derecho que nos dimos en 1978 al separar un Poder Judicial autónomo de Cataluña y en sus tres vertientes: función jurisdiccional, gobierno de los jueces y administración de Justicia.
Hemos dejado de tener un Poder Judicial único", proclamó el ex ministro Federico Trillo (en la imagen), ponente del PP, quien dijo que este cambio no se podría revertir ni siquiera con una nueva mayoría política en las Cortes.
En la Ponencia se fueron avalando los catorce artículos del Título definido como "del Poder Judicial de Cataluña", donde se regulan las funciones del Tribunal Superior de Justicia (TSJC), del nuevo fiscal superior de Cataluña, y del Consejo de Justicia autonómico, así como los medios y requisitos de la Administración de Justicia, en la que se ratifica la necesidad de tener un conocimiento "adecuado y suficiente" del catalán para ejercer en Cataluña.
El PSOE, junto con CiU y el resto de formaciones catalanas, incluyó en una decena de artículos menciones a la legislación estatal, fundamentalmente la Ley Orgánica del Poder Judicial, pero para el PP sólo son "maquillajes" y "brindis al sol". Por primera vez desde el inicio de los trabajos de la Ponencia, la práctica totalidad de lo aprobado contó con el aval de ERC, aunque los republicanos coincidieron en un par de ocasiones votando 'no' con el PP.
TRIBUNAL SUPRERIOR Y CONSEJO CATALANES
Con la reforma, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) será la última instancia jurisdiccional en todos los procesos iniciados en Cataluña, así como de todos los recursos que se tramiten en la comunidad (cuyo alcance y contenido serán determinados por la LOPJ) y "sin prejuicio" de la competencia reservada al Tribunal Supremo para la unificación de doctrina. En la reunión de hoy suprimió la mención a la función de casación que se recogía el texto aprobado por el Parlament.
Para el PP el tribunal catalán será "prácticamente un Tribunal Supremo propio", con recurso de casación incluido, extremo negado por el PSOE. Por el contrario, el resto de grupos destacaron que al convertir al TSJC en la última instancia jurisdiccional, se contribuirá a "descolapsar" el Tribunal Supremo y se mejorará la eficacia y rapidez de la Justicia en Cataluña.
Se crea también la figura del fiscal superior de Cataluña --fiscal jefe del tribunal superior--, que será designado en los términos que establezca el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, y se abre la puerta a la que Generalitat pueda celebrar convenios con el Ministerio Fiscal. Para CiU y PSC, con esto se legaliza una situación que en realidad ya se vive en Cataluña, donde el fiscal jefe actúa en coordinación con los demás fiscales y comparece anualmente en el Parlament. Sin embargo, desde el PP, se interpreta como una "invasión" en el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal e implica la creación de un "remedo" del fiscal general del Estado en Cataluña.
Asimismo, el Estatut dará luz verde a la creación del órgano de gobierno de los jueces en Cataluña, el Consejo de Justicia de Cataluña, que se concibe como un órgano "desconcentrado" del Consejo General del Poder Judicial, que podrá delegar funciones en el consejo catalán. El Parlament designará una parte de sus miembros que no se concreta en el Estatuto, sino que habrá de determinar la LOPJ. Esta norma estatal también establecerá los términos en los que el Consejo catalán podrá convocar concursos para cubrir plazas.
CATALÁN, "MERITO DETERMINANTE"
En el ámbito lingüístico, el artículo 102 establece que los magistrados, jueces o fiscales que ocupen una plaza en Cataluña deberán "acreditar un conocimiento adecuado y suficiente" del catalán (así como del derecho propio de esta comunidad), según recalcaron CiU y PSC, para hacer efectivos los derechos lingüísticos de los ciudadanos.
Este conocimiento suficiente de la lengua y el derecho "se valorará específica y singularmente" para obtener una plaza en los concursos de traslado. Esta valoración, que para el PP y CiU suponen en la práctica un "requisito", no lo es para el PSOE. ERC, que abogó sin éxito por suprimir ese párrafo, ya avanzó que durante la tramitación de la LOPJ defenderá que el conocimiento del catalán sea un requisito.
El ponente socialista Diego López Garrido avanzó que la LOPJ recogerá el término "mérito determinante", lo que, según recalcó, no "impedirá que jueces de no sepan ni un palabra de catalán tengan plaza en Cataluña", aunque admitió que si para un mismo puesto optan un candidato catalano hablante y otro que no lo es, lo obtendrá el primero.
De hecho los ponentes llegaron a votar incluso sobre el cambio del título del artículo 102, que menciona los "requisitos" del personal judicial. El PSOE propuso suprimir esa palabra, pero no lo logró porque se encontró con el voto en contra de ERC, CiU e ICV, además de la habitual oposición del PP, y el asunto quedó abierto para la discusión en comisión.
Lo mismo sucedió con el artículo sobre la creación de juzgados, ya que los partidos catalanes pretenden que la Generalitat tenga esta potestad, mientras que el PSOE sólo le concede la competencia de proponer su creación al Gobierno central. Por el contrario, sí corresponderán a la Generalitat los medios materiales de la Administración de Justicia así como la competencia normativa sobre personal no judicial.
ADVERTENCIAS DE LOS REPUBLICANOS
Todos los grupos, salvo el PP y ERC con matices, se congratularon de cómo ha quedado el Título III. De hecho los republicanos a través de su ponente, Joan Ridao, recordaron al PSOE que necesita mayoría absoluta para poder aprobar la reforma de la LOPJ y dejó claro que su grupo no la apoyará si no incluye sus reivindicaciones.
Desde CiU, la ponente de la delegación catalana Nuria de Gispert subrayó que se ha "ganado una carrera de obstáculos de 20 años", por su parte López Garrido se declaró "orgulloso" por haber podido plasmar "punto por punto" en el Estatut lo que el PSOE llevaba en su programa electoral y admitió que una vez más Cataluña se ha puesto "a la vanguardia" en el desarrollo del Estado de las Autonomías.
Los más gráficos en las críticas al PP fueron el ponente de CiU Francesc Homs, quien reclamó a los 'populares' que "por el amor de Dios, dejen de hacer demagogia" y López Garrido, quien comentó que al "jurista" Federico Trillo debería "caérsele la cara de vergüenza" por la falsedad de sus afirmaciones.
CAMBIO DE ACTITUD DE ERC
Desde CiU, Francesc Homs celebró el "cambio de actitud" de ERC y dijo tener la impresión de que al final los republicanos darán un 'sí' a la reforma. En términos similares se expresó el ponente de ICV, Jordi Boada, quien auguró que finalmente ERC pedirá el voto afirmativo en el referéndum. Por su parte, Manuela de Madre, del PSC, se mostró menos optimista, aunque señaló que ve "difícil" que ERC coincida en el 'no' con el PP.
El secretario general de ERC, Joan Puigcercós, replicó a CiU que es "lógico" que quiera que los republicanos se sumen al consenso porque sólo así se podrá mejorar el acuerdo que los nacionalistas cerraron con el PSOE.
