MÉRIDA, 30 Mar. (EUROPA PRESS) -
El Partido Popular de Extremadura consideró hoy un "varapalo" para la Junta la sentencia del Tribunal Supremo acerca de las adjudicaciones de emisoras de radio de 1998, y mostró su "indignación" por el hecho de que el Gobierno regional la haya acogido con "satisfacción".
El secretario de Comunicación del PP extremeño, Tomás Martín Tamayo, señaló en rueda de prensa que el secretario general de la Consejería de Infraestructuras y Desarrollo Tecnológico, Pedro Barquero, "mintió" y "tergiversó" los términos de una sentencia que, según los populares, es "más severa" con la Junta de Extremadura que la emitida en 1998 por el propio Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx).
Por ello, el Grupo Parlamentario Popular presentarán una interpelación en la Asamblea de Extremadura para que el titular de dicha consejería, Luis Millán Vázquez de Miguel, dé cuenta los procedimientos de unas adjudicaciones sobre las que ahora el Supremo obliga a repetir las valoraciones a los 43 aspirantes. El objetivo de esta comparecencia es que el consejero extremeño dé cuenta de "cómo algo tan fácil como es baremar lo hacen siempre mal".
El objetivo de esta iniciativa es que la Junta clarifique cuáles son los postulados que se siguen para las adjudicaciones, "que siempre las hacen mal". Además, añadió que "después, previsiblemente, en un ánimo positivo, tal vez ofertemos una solución para que los extremeños no nos veamos más en la vergüenza de que los tribunales tengan que participar en todas las actuaciones de la Junta, como está ocurriendo en el Ayuntamiento de Marbella".
Según Martín Tamayo, la sentencia del Supremo es "incontestable", por lo que, la Junta de Extremadura debería en su opinión haberse mantenido en silencio, o haber acatado la decisión. Sin embargo, dijo que "hay que tener cara", en referencia a la Junta de Extremadura, para "vender un éxito donde solamente hay un sublime fracaso". "¿Cómo se atreve a decir que la Junta está contenta? Cuándo ganen una sentencia, ¿que van a hacer?", se preguntó.
A este respecto, recordó que la sentencia del TSJEx "echó para atrás" ocho de las nueve adjudicaciones, y que entonces el presidente de la Junta consideró que se había producido una "intromisión" por parte de la Justicia, según Tamayo. Sin embargo, la sentencia del Supremo va más allá y obliga a revisar las adjudicaciones y a realizar una nueva baremación de los 43 aspirantes a la totalidad de las emisoras, retirando, por tanto, la única que no se anuló en 1998.
El secretario de Comunicación del PP extremeño aseguró que en toda la historia de Europa "ningún tribunal había echado atrás el cien por cien de las adjudicaciones en un concurso de medios de comunicación".
RODRÍGUEZ IBARRA
Además, apuntó que el responsable máximo de esta "política torticera" es el presidente de la Junta, Juan Carlos Rodríguez Ibarra, a quien según dijo "le han echado para atrás todas las sentencias referidas a medios de comunicación", y recordó en este sentido el cese de las emisiones de Canal Sur Extremadura, también por decisión del TSJEx.
Añadió que el jefe del Ejecutivo regional está "sembrando el miedo" entre las empresas de comunicación en Extremadura y que, sin embargo, "no se está saliendo con la suya, salvo en alguna lamentable excepción".
Igualmente, dijo que el trato de Ibarra hacia los medios de comunicación es "un botón de muestra" de cómo actúa la Junta de Extremadura, que "no cree en la democracia, la pluralidad, la limpieza, ni en la libertad", y donde "cualquier gesto" en contra del Gobierno regional, "cae sobre sus cabezas, la de sus familiares y sus amigos".
"No estamos dispuesto a soportarlo, y si piensa la Junta que va a hacer con las concesiones lo mismo que hizo con PETSA, se va a encontrar de frente con algo más gordo de lo que espera", advirtió.
CARMEN PEREIRA
Por último, recordó que la presidenta del tribunal que adjudicó las nueve emisoras fue la actual delegada del Gobierno en Extremadura, Carmen Pereira, la misma según dijo que prohíbe la entrada al Salón del Vino y la Aceituna a quienes portan símbolos contra la refinería del Grupo Gallardo, y la que multa a quienes sostienen criterios distintos a los de la Junta de Extremadura.
A este respecto, dijo que no quiere que Pereira "nos obligue a decir por qué concedió una emisora en Llerena cuando ya había una y en Azuaga no existía, y que estaba solicitada", y deseó que a la delegada del Gobierno "le quede el pundonor de no obligarnos a dar un paso más en este sentido", advirtió.
Preguntado por los periodistas sobre este asunto, se limitó a contestar que "quizás sea mejor no decirlo en este momento", aunque añadió que en todo caso sería un paso posterior al de la iniciativa parlamentaria tendente a intentar resolver la situación, de forma que "incluso estaríamos dispuestos a comprometernos nosotros también".
TRAICIÓN DE SOCIALISTAS EXTREMEÑOS
Finalmente, se refirió por otra parte al debate del texto de reforma del Estatuto de Cataluña que tiene lugar hoy en el Congreso de los Diputados, un escenario en el que según dijo se consumará la "traición" de los diputados del PSOE designados en Extremadura.
Martín Tamayo argumentó que los diputados socialistas votarán a favor del texto teniendo constancia de que va "contra los intereses de los extremeños y en contra de España".
