El PP dice que los vecinos no pueden pagar las consecuencias de los "desmanes urbanísticos" de Marbella (Málaga)

Europa Press Nacional
Actualizado: miércoles, 15 noviembre 2006 18:32

Angeles Muñoz asegura que estos hechos ocurrieron "con el consentimiento y connivencia de la Junta"

MARBELLA (MALAGA), 15 (EUROPA PRESS)

La presidenta del PP de Marbella, Angeles Muñoz, aseguró hoy que los vecinos de Marbella no pueden ser quienes paguen las consecuencias de los "desmanes urbanísticos" cometidos en Marbella por los anteriores gobiernos municipales, "con el consentimiento y connivencia de la Junta de Andalucía".

Muñoz se refirió así al anuncio hecho hoy por el responsable de la Oficina de Planeamiento de Marbella, José María Ruiz Povedano, sobre la intención de solicitar la ejecución de las sentencias de un total de seis promociones ilegales, algo que conllevaría a su demolición, lo que para la presidenta del PP en la localidad supone "una medida que resulta absolutamente arbitraria en cuanto que no hay criterios que justifiquen esta selección de promociones y no otras".

Además, indicó en un comunicado remitido a Europa Press que es "injusta, porque castiga directamente al comprador, terceros de buena fe que, en su mayoría, desconocían que adquirían una vivienda ilegal".

La dirigente del PP criticó que esta medida se haya adoptado de manera "unilateral, sin consenso y sin criterio, pese a que reviste enorme gravedad e implica graves y difíciles consecuencias". Asimismo preguntó a Povedano si tiene consignada las indemnizaciones para los propietarios, "porque los ciudadanos de Marbella no pueden ser las víctimas de una situación que ellos no han propiciado y de la que la Junta de Andalucía se benefició", dijo.

En este sentido, Muñoz pidió a Povedano que explique cuáles son los motivos que han llevado a decidir que estas promociones deben ser demolidas y "por qué no otras construcciones como las gasolineras que están ubicadas sobre zonas verdes, o el hotel Senator, o incluso aquellas promociones de Jesús Gil que se recalificaron después de que el ex alcalde pagara 86 millones de pesetas a un consejero de la Junta".

Por último, Muñoz señaló que lo razonable sería "esperar a tener un Plan General de Ordenación Urbana de Marbella", en el que se establecieran unos parámetros ordenados y lógicos de actuación, "y no realizar anuncios desde la discrecionalidad más absoluta que genera una situación permanente de inquietud y alarma entre las más de 30.000 familias afectados por esta situación", concluyó.

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