MADRID, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -
El PP elaboró un 'argumentario' este mismo mes en el que recalca que la gestión del agua es una competencia "exclusiva" del Estado según se recoge en el artículo 149 de la Constitución y, además, alerta sobre una posible "apropiación regionalista y oportunista" de los recursos hidráulicos del país.
Se da la circunstancia que, en el día de ayer, los 'populares' acordaron con los socialistas en Castilla La Mancha incluir en el proyecto de reforma estatutaria el fin del trasvase Tajo-Segura para el 2015.
No obstante, el citado documento interno, al que tuvo acceso Europa Press, subraya que "la Constitución española tienen sabidamente establecido, en su artículo 149.22, que es competencia exclusiva del Estado la legislación, ordenación y concesión de recursos hidráulicos cuando las aguas discurran por más de una comunidad autónoma, y la Ley de Aguas vigente establece que el Plan Hidrológico Nacional contendrá las transferencias o trasvases entre cuencas".
Asimismo, se apunta que esos medios legales el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero podría haber continuado una política hidráulica de Estado "eficaz" a la hora de corregir desequilibrios. "El no haberlo hecho supone un verdadero disparate histórico, del que siempre habrá una prueba, ignominiosa e hiriente en las épocas de sequía: ver los miles de metros cúbicos de agua que el Ebro vierte al mar sin beneficio alguno, mientras la angustia de la sequía ahoga las esperanzas de miles de agricultores", se enfatiza.
"Este nuevo e inesperado rumbo de la política hidráulica --continúa--, en el que subyace activamente la apropiación regionalista y oportunista de los recursos hidráulicos del Estado, puede ser fuente de una de las mayores tensiones internas de España que, si no se corrige a tiempo, puede crear un clima de insolidaridad de insospechable alcance, como sugiere el recuerdo de aquellas viejas luchas intestinas por el agua entre municipios desigualmente dotados".
RIESGO DE "INSEGURIDAD JURÍDICA"
En este documento interno del PP, que está fechado el 4 de octubre de 2006, se incide en que la planificación hidrológica ha venido constituyendo una "auténtica política de Estado" muy arraigada en el país. "Ni Franco alteró las directrices de (Indalecio) Prieto, sino que las llevó a la práctica construyendo el trasvase del Tajo; ni Aznar modificó las líneas maestras del Plan de Borrell, sino que desarrolló el trasvase del Ebro previsto en el proyecto de aquél", se enfatizó.
Para los 'populares', ha sido Rodríguez Zapatero quien ha "quebrado" la trayectoria histórica de estas políticas al anular el trasvase del Ebro "sin aducir razones objetivas convincentes, ni ofrecer alternativas eficaces, dejando al Levante y el sureste español sumido en una profunda frustración y condenando a extensas regiones de ellos a marchitarse económica y socialmente".
"Se inicia así un nuevo modelo de política hidráulica, inestable e imprevisible, en la que emerge irremediablemente la inseguridad jurídica, que constituye hoy la amenaza más grave que se cierne sobre la hidrología española --se señala--. Si tal inseguridad jurídica se trasladara al régimen concesional (el proceso ya se ha iniciado), nuestra hidrología sufriría una tercera irregularidad; la política; y, además, la peor de las contaminaciones posibles: la pérdida de garantía de sus recursos que los haría inservibles".
