MADRID 21 Sep. (EUROPA PRESS) -
El Grupo Popular en el Senado registró hoy 16 preguntas escritas, destinadas a "esclarecer los puntos negros" del "embrollo" administrativo y judicial provocado por el Fórum de las Culturas, participado por tres administraciones públicas gobernadas por el PSOE y con dos ministros, los de Cultura e Industria, Carmen Calvo y Joan Clos, "implicados".
La senadora popular, Rosa Vindel, calificó este asunto de "turbio" y explicó que la batería de preguntas hoy registrada es la primera de una cadena de iniciativas parlamentarias que el PP irá promoviendo. El portavoz de Industria del PP, José Seguí, y la propia Vindel, han firmado la iniciativa parlamentaria en la que, además, se solicita al Gobierno la documentación relativa al caso.
Para el senador Seguí, el asunto del contrato americano del Fórum necesita de un "rápido esclarecimiento", y añadió que, a su juicio, el Parlamento tiene que conocer, "a la mayor urgencia, todos los extremos del mismo". Según Vindel, se trata de un ejemplo claro de "irresponsabilidad y despilfarro" y está por determinar, incluso, "si de algo más".
Según el PP, el mero repaso de los hechos relacionados con este asunto, es una muestra de "incompetencia, desidia política y prepotencia", además de una "grave irresponsabilidad" que puede poner en riesgo la credibilidad de España en el mundo mercantil internacional. "Si estas cosas pasan por omisión, son muy graves y deben acarrear responsabilidades políticas. Si estas cosas pasan por acción, las responsabilidades deben ser penales, porque constituyen un delito", señaló la senadora Vindel.
PREGUNTAS AL GOBIERNO
De ahí que el PP quiera llegar al fondo del asunto y que haya registrado las 16 preguntas parlamentarias al Gobierno. En ellas se pregunta al Ejecutivo, por ejemplo, si tiene conocimiento de una demanda ante los juzgados estadounidenses contra la entidad Fórum Universal de las Culturas Barcelona 2004, en reclamación de daños y perjuicios derivados del incumplimiento de un contrato de compromiso suscrito con dos productoras -Think Productions SL y Rosalini Film Productions Inc.-, así como cuales son las actuaciones que le constan al Gobierno que efectuó Fórum en orden a contestar la demanda formulada en su contra.
En este sentido, también se pregunta si conoció el Estado español la circunstancia de que en el referido procedimiento Fórum no compareció, quedando así en situación de rebeldía procesal. "¿Participó el Gobierno español en la decisión de Fórum de no comparecer en el referido procedimiento judicial?", interroga el PP en otra de sus preguntas.
El Grupo Popular también pregunta el Gobierno se ha sido informado puntualmente por Fórum de la situación que atraviesa el litigio, si ha promovido alguna iniciativa en el seno de Fórum para solucionar esta controversia judicial, y si sabe a quién se debe la decisión de no comparecer en nombre de la entidad ante la jurisdicción de los juzgados de Cook, Illinois (EEUU), y cuales fueron los motivos.
Respecto a la relación contractual con las productoras, el PP pregunta al Ejecutivo si participó en la decisión de rescindir el contrato con ambas, así como si conoció y avaló las razones por las cuales Fórum rescindió "unilateralmente" el contrato suscrito. Además, se interesa por saber si conoció el Gobierno los requerimientos previos al juicio y si se pronunció sobre los repetidos requerimientos.
En este sentido, pregunta al Gobierno si conoce el contenido de la sentencia firme dictada por el juzgado de Cook contra Fórum, según la cual se le condena al pago de 3.987.551 dólares, más un 9 por ciento de interés de demora anual. "¿Conoció el Gobierno la circunstancia de que en octubre de 2004 el cónsul general de los Estados Unidos en Barcelona requirió a Fórum la rápida solución del impago?", enuncia otra de las preguntas registradas hoy.
Finalmente, el PP desea saber si se ha pronunciado el Gobierno español en algún momento a favor de que Fórum se niegue a cumplir voluntariamente la sentencia, y le pregunta si sabe que gracias a la falta de intervención procesal de Fórum en el litigio, se le ha impuesto una multa adicional de 3.000 dólares diarios, a computar desde el 7 de junio de 2005, hasta el efectivo cumplimiento por la entidad de la sentencia, "que asciende, aproximadamente, a un millón de dólares".