Ramos ve necesario controlar a la Junta por la "inhibición, permisibilidad y connivencia" en las "irregularidades urbanísticas"
SEVILLA, 26 Sep. (EUROPA PRESS) -
El portavoz de infraestructuras del Grupo Popular en el Parlamento de Andalucía, Jorge Ramos, destacó hoy que pedirá en el Pleno que se celebra esta semana la creación de un grupo de trabajo que "fiscalice, en el seno de la Comisión de Infraestructuras, Transportes y Vivienda, las actuaciones de la Consejería de Obras Públicas y Transportes en el ejercicio de sus competencias en materia de Ordenación del Territorio y Urbanismo; así como para la elaboración de un dictamen de conclusiones y de medidas para la erradicación de la especulación, corrupción e irregularidades urbanísticas en Andalucía".
En un comunicado remitido a Europa Press, Ramos denunció la "permisibilidad, cuando no connivencia" del Gobierno que preside Manuel Chaves con la "insostenible" situación que han señalado organismos como "Greenpeace, Transparencia Internacional; Observatorio de la Vivienda o la propia Unión Europea", quienes, según el diputado del PP "coinciden en señalar unas prácticas especulativas y corruptelas urbanísticas sobre el suelo, que igualmente inciden negativamente en el precio de la vivienda".
En este sentido, Ramos destacó que la Junta "tiene capacidad de ejercer sus competencias para terminar con esta situación", que, a su juicio, "está creando una alarma social entre la población que no merece la impasibilidad del Gobierno de Chaves, quien ha demostrado nulo interés y capacidad para garantizar el acceso a la vivienda a todos los andaluces, en especial a los más desfavorecidos".
Entre las leyes que permiten a la Junta desarrollar sus competencias están, entre otras, la Ley 1/1994 de 11 de Enero de Ordenación del Territorio de Andalucía; o la Ley 1/2006 que modifica las anteriores leyes de ordenación Urbanística de Andalucía y de Medidas para la Vivienda Protegida y Suelo.
Para Ramos, Marbella ha sido un "claro ejemplo" de esta práctica, siendo el Gobierno central, "ante la demanda popular, y las actuaciones judiciales, quien ha puesto fin a la permisividad y connivencia del Gobierno Andaluz".
Así, consideró "urgente", acabar con esta situación, "impregnando de aire limpio y no contaminado por el color político de turno la práctica urbanística que ha de basarse en criterios objetivos y de interés público, y no en lo que hasta ahora es práctica habitual de la Consejería de Obras Públicas y Transportes de favorecer los intereses del PSOE y de los grupos económicos afines".
Por último, Ramos advirtió de la necesidad de que el Parlamento andaluz tome "cartas en el asunto", ya que "estamos ante recalificaciones urbanísticas apoyadas por intereses especulativos que sólo favorecen a las partes; desarrollo insostenible al margen de cualquier previsión de equipamientos o infraestructuras; sobredimensionamiento de las lógicas expectativas de crecimiento con planeamientos que duplican y triplican la realidad actual tanto en población como en vivienda; e inexistencia de labor inspectora y de control de la legalidad urbanística".
