El PP pide la comparecencia de Eva M. Pérez para que explique su política de defensa de profesores ante casos de acoso

MÉRIDA, 20 May. (EUROPA PRESS) -

El responsable en materia educativa y secretario regional del PP de Extremadura, César Díez Solís, anunció hoy que ha solicitado la urgente comparecencia de la consejera de Educación, Eva María Pérez, en la próxima sesión plenaria de la Asamblea de Extremadura para que explique la actuación en materia de defensa de los derechos de los profesores extremeños, "que, una y otra vez, son insultados, vejados y ninguneados por alumnos y padres, sin que la Consejería haga algo por evitarlo, algo que a todas luces parece increíble".

Díez Solís explicó a Europa Press, en un comunicado, que el desencadenante de esta petición se encuentra en lo ocurrido en un centro de Jaraíz de la Vera y que, en su opinión, es un ejemplo de lo que está ocurriendo en algunos centros de la región.

Desde el PP regional se asegura no entender la situación de indefensión del profesorado, "al no ser que haya que entender que resulta más rentable políticamente ponerse del lado de los alumnos infractores y de sus padres que de los docentes, que hasta ahora han sufrido en silencio la dejación y el desamparo que sufren de esta administración".

En este sentido, consideró que la Junta no está apoyando al profesorado, sino que intenta "tapar o esconder los innumerables casos de agresiones físicas o psíquicas que cada curso escolar tienen que soportar entre 50 y 60 docentes en Extremadura, según fuentes sindicales".

El "abandono" a que se ven sometidos los profesores extremeños es de tal calibre, según dijo Díez Solís, que a preguntas del Grupo Parlamentario Popular interesándose sobre número de docentes que han sufrido agresiones y de expedientes que se han abierto como consecuencia de las mismas, la Consejería respondió que no tienen constancia documental alguna y que el supuesto expediente "lo realiza el propio centro educativo, en base a su autonomía organizativa y de gestión", remitiendo, según dijo, a los estudios sobre conflictividad realizados en los años 2001 y 2003, "de los que se deduce que la conflictividad en nuestra comunidad es baja".

El secretario del PP de Extremadura criticó además que la Administración Educativa "tampoco conteste" cuando se le requiere sobre el número de profesores que han causado baja por motivos que pudieran relacionarse con la conflictividad en las aulas, ya que, según argumentan, "no pueden cuantificarse al no existir apartados específicos de bajas médicas por conflictividad escolar"

A su juicio, resulta "grave y lamentable" que un grupo importante de profesores de unos 30 centros extremeños hayan tenido que constituirse en plataforma contra la violencia, "porque no ven salida a la situación de permanente deterioro de la vida en los institutos, donde cada día es más difícil enfrentarse a un grupo de alumnos e impartir una clase con normalidad".

El PP extremeño consideró "fundamental" revisar y adecuar la normativa de derechos y deberes de alumnos, dotar de mayor poder decisorio a los directores de los centros en la pronta resolución de los expedientes disciplinarios, y una mayor implicación de las familias en el proceso educativo, respaldando las medidas disciplinarias y de convivencia que sean aprobadas por los Consejos Escolares.

EL CASO DE JARAÍZ

Para los populares extremeños, el caso ocurrido en el Instituto de Enseñanza Secundaria "Gonzalo Korreas" de Jaraíz de la Vera "debe marcar un antes y un después" en la situación de desamparo legal que vive el profesor extremeño, "porque situaciones similares no se pueden consentir".

En este sentido, Díez Solís se preguntó si los responsables de FREAPA "no tienen nada que decir sobre esta cuestión", al considerar que lo que realmente está en juego es el futuro de muchos jóvenes que quieren aprovechar el tiempo, esforzándose en la consecución de los objetivos de cada curso.

"Jóvenes que se ven impedidos a recibir sus clases con normalidad ya que los profesores deben dedicar buena parte de su horario a combatir lo que la Consejería de Educación define como disrupciones en el aula", concluyó.