MADRID, 5 Oct. (EUROPA PRESS) -
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso de los Diputados registró hoy una proposición de Ley en la que reclama una modificación del Código Penal para que el Ayuntamiento de Marbella (Málaga) pueda hacer uso de los bienes incautados en la denominada 'Operación Malaya' hasta que finalice el procedimiento judicial.
Según explicó el portavoz de Justicia e Interior del PP en la Cámara Baja, Ignacio Astarloa, el objetivo de la proposición es que, en el caso de que "se den estrategias criminales en el seno de las corporaciones locales", el Consistorio municipal pueda, sin esperar la finalización del procedimiento, "disfrutar provisionalmente de aquellos bienes que hayan sido objeto de embargo o decomiso".
Este es el caso en el que se encuentra el Ayuntamiento de Marbella, el que, según explicó la diputada y candidata del PP en las próximas elecciones municipales, Ángeles Muñoz, el municipio tiene una deuda de "500 millones de euros", cifra que, a su juicio, es "directamente proporcional con lo que han robado y saqueado" en la localidad.
En este sentido, Muñoz destacó como "imprescindible" la "inmediatez", ya que un proceso judicial "puede durar 12 o 13 años" y, en ese caso, "la Justicia no sería tal". Así, aseguró que el crecimiento económico de Marbella en los últimos años "no ha revertido en la sociedad y la ciudad" y consideró "de sentido común" la iniciativa del grupo popular.
Para ello, reclamó el apoyo de todos los grupos parlamentarios a esta proposición de ley, la que definió como "necesaria para Marbella y para la lucha contra la corrupción". "Estoy convencida de que dentro del sentido común podremos aunar voluntades", reiteró tras apoyar el llamamiento de Astarloa al PSOE para que apoye su iniciativa, quien además recordó que "se ha oído a responsables del PSOE-A con la boca llena pidiendo una solución", la que, a su juicio, se encuentra en la proposición 'popular'.
El también secretario ejecutivo de Libertades Públicas, Seguridad y Justicia del PP explicó que "es conocido" que en el ámbito de las corporaciones municipales "surgen estrategias criminales que actúan muy cómodamente", lo que "erosiona la credibilidad de las instituciones y arruina las arcas municipales".
En este sentido, recordó que, tras el embargo, el procedimiento judicial "es muy complejo", de manera que "cuando se efectúa la reparación, la ruina de la corporación es ya absoluta". Por ello, la iniciativa, la que añadiría un nuevo artículo 127 bis al Código Penal, reclama que "además de embargo los fondos se pongan a disposición del Ayuntamiento para atender sus necesidades".
El texto propuesto por el PP contempla también que el juez dicte las medidas necesarias "que garanticen la conservación de los bienes y efectos a resultas del procedimiento judicial", para que, en el caso de la que sentencia final sea contraria a la corporación municipal, se cuente con garantías de su devolución.
Además, la proposición de Ley contiene una disposición transitoria para que lo dispuesto en la iniciativa sea de aplicación en los procedimientos judiciales que estén en trámite en el momento de la publicación de la Ley en el Boletín Oficial del Estado (BOE), caso en el que se encontraría el Ayuntamiento de Marbella.
Astarloa recordó además que este tipo de actuaciones ya tienen precedentes y se aplica en la actualidad "en el decomiso de drogas", donde, a su juicio, "ha funcionado bien". "No somos ni extravagantes ni originales", bromeó.
Por último, la candidata 'popular' al Ayuntamiento marbellí rechazó cuantificar la cantidad que recibiría la localidad en caso de aplicarse esta modificación del Código penal, aunque recordó que la fortuna calculada del presunto cerebro de la trama de corrupción en el Ayuntamiento de Marbella, Juan Antonio Roca, asciende a los "2.400 millones de euros". "En un análisis por encima, nos arreglaría no sólo el presupuesto, sino además el déficit de infraestructuras", subrayó.