MADRID, 5 Jun. (EUROPA PRESS) -
El PP pedirá el próximo martes al Gobierno en el Congreso que impulse reformas legales para "salvaguardar" el principio constitucional de presunción de inocencia y que adopte las medidas necesarias para evitar la filtración de actuaciones policiales y judiciales declaradas bajo secreto de sumario.
Estas son dos de las reclamaciones que el PP ha incluido en la moción que someterá a votación en el Pleno de la Cámara Baja y que es consecuencia de la interpelación que dirigió la semana pasada al ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, sobre los procedimientos utilizados por la Policía Nacional en los cosas de corrupción canarios Faycán y Góndola.
Los 'populares', que tachan de "insuficientes" las explicaciones que les dio Rubalcaba, insisten en que los procedimientos seguidos en estos dos asuntos "se apartan de los protocolos habitualmente utilizados por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado" y vuelven a quejarse de que se hayan publicado documentos que "recogen el contenido íntegro de actuaciones judiciales y diligencias policiales que estaban bajo secreto sumarial".
En este sentido, subrayan que las "filtraciones y diversas irregularidades" que denuncian provocan "desconcierto" en la ciudadanía, "un gran daño a las personas afectadas" y "gran descrédito" a las instituciones. Por ello, reclaman al Gobierno que adopte medidas destinadas a que este tipo de situaciones no se repitan.
RESPONSABILIDAD DE LOS DAÑOS
En concreto, el PP propone que el Congreso inste al Ejecutivo a actuar para poner fin a las filtraciones de asuntos que haya sido declarado secretos por los jueces y a "impulsar las modificaciones legislativas necesarias para salvaguardar debidamente en todos los casos de investigaciones policiales y judiciales el principio constitucional de presunción de inocencia, así como los derechos fundamentales al honor, intimidad personal, familiar y propia imagen".
El primer partido de la oposición también demanda al Gobierno que garantice el principio de responsabilidad administrativa respecto a todo daño o lesión "injustamente causado por actuaciones policiales o judiciales que queden legalmente sin efecto".
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