PP pide fiscalizar todos los contratos publicitarios del Gobierno, en respuesta al informe sobre su campaña de pensiones

MADRID 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

El PP quiere que el Tribunal de Cuentas lleve a cabo la fiscalización de "todos los contratos de publicidad suscritos por todos los departamentos de la Administración General del Estado" en la actual etapa de Gobierno socialista, desde segundo semestre de 2004 hasta el ejercicio actual.

Así se recoge en una de las propuestas de resolución que el Grupo Popular ha presentado en respuesta al informe de fiscalización que realizó el Tribunal de Cuentas sobre las campañas publicitarias de la Seguridad Social en la etapa en que era ministro de Trabajo el hoy portavoz parlamentario del PP, Eduardo Zaplana.

En ese informe, el Tribunal de Cuentas advirtió "irregularidades" y "vulneraciones" en los contratos publicitarios, fundamentalmente por la utilización del procedimiento abreviado en la adjudicación y por falta de objetividad en las campañas. Ahora los grupos parlamentarios deben presentar sus propuestas de resolución al respecto, que se votarán el martes en la Comisión Mixta (Congreso-Senado) de relaciones con el Tribunal de Cuentas.

Para ese debate, el PP ha presentado una propuesta de resolución, a la que tuvo acceso Europa Press, en la que reclama al Tribunal de Cuentas la inclusión en su programa de fiscalizaciones de un examen pormenorizado de todos los contratos de publicidad del Gobierno socialista, y en especial de los suscritos por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, los organismos adscritos al mismo y las entidades gestoras de la Seguridad Social.

EVITAR FILTRACIONES

En otra propuesta, insta al Gobierno a "adoptar todas las medidas necesarias para evitar que se produzcan filtraciones de los proyectos de informe del Tribunal de Cuentas antes de su aprobación final por el Pleno de este organismo".

Y es que el informe sobre los contratos publicitarios de la etapa Zaplana ha sido objeto de noticia desde sus inicios y a lo largo de toda su redacción, hasta el punto de que el Tribunal de Cuentas tuvo que aprobar una nota negando algunos extremos que se habían publicado.

La polémica de ese informe viene motivada, en parte, porque una de las campañas publicitarias analizadas, la relativa a la revaloración de las pensiones mediante una paga única en 2003, fue objeto de una denuncia de IU-ICV ante la Fiscalía Anticorrupción, que archivó el caso en un primer momento, lo volvió a estudiar a raíz de que la Fiscalía del Tribunal de Cuentas le remitiera algunos materiales extraídos del informe de fiscalización, y lo cerró de nuevo recientemente.