Los socialistas se las piden a su vez a Núñez Feijóo y el BNG asegura que "con este Gobierno quien las hace las paga"
SANTIAGO DE COMPOSTELA, 24 Jun. (EUROPA PRESS) -
El diputado popular Antonio Rodríguez Miranda reclamó hoy a los miembros del PSdeG que "si les queda dignidad política, asuman responsabilidades" por el caso de la supuesta agente electoral, sobre el que se abrió una comisión de investigación cuyo dictamen fue aprobado hoy en el Pleno del Parlamento con los votos a favor de socialistas y nacionalistas y el rechazo del PPdeG.
Rodríguez Miranda lamentó hoy que el dictamen no exija responsabilidades políticas y reclamó la dimisión del consejero de Trabajo, Ricardo Varela; la reprobación del titular de Presidencia, José Luis Méndez Romeu; y la del secretario general de Emigración, Manuel Luis Rodríguez; así como el relevo de la diputada socialista Marisol Soneira y la expulsión del PSOE del alcalde de Muxía, Félix Porto.
Frente a ello, el viceportavoz del Grupo Socialista, Xaquín Fernández Leiceaga, se preguntó por qué el PP no pide responsabilidades a miembros de su formación que también se beneficiaron del convenio de la Xunta con Iberia y consideró que también se las debería pedir al líder de su formación, Alberto Núñez Feijóo, "que aún no explicó el cheque de México".
Por su parte, el portavoz del Grupo del BNG, Carlos Aymerich, se mostró "seguro" de que la actual Xunta, a la vista de las recomendaciones del dictamen, "estará a la altura de las circunstancias y tomará las decisiones oportunas" respecto al caso de la supuesta agente.
VOTO EMIGRANTE.
"Con este Gobierno quien las hace las paga", enfatizó el nacionalista, que aseguró que hubo agentes electorales en este caso y aún más en el pasado. En ese sentido, aprovechó para denunciar que la actual Ley electoral "permite, alienta y promueve" la manipulación de los votos de la diáspora, por lo que abogó por su reforma inmediata.
Ante esta aseveración, Leiceaga dijo no compartir afirmaciones que ponen en duda la dignidad de los gallegos en el ejercicio de sus derechos políticos.
Finalmente, Rodríguez Miranda insistió en exigir la asunción de responsabilidades "por los culpables" o, en su caso, por el presidente de la Xunta, así como en la necesidad "de que los votos de emigrantes vengan en urnas de cristal". En caso contrario, según él, los socialistas se convertirán en "corsarios de los mares de la democracia", con la patente de corso "otorgada" por el BNG.
DICTAMEN.
El dictamen aprobado hoy establece como "hechos" que la supuesta agente electoral, María Isabel Blanco, viajó a Argentina con un billete a cargo de la Secretaría General de Emigración, en virtud de un convenio con Iberia, para visitar supuestamente a una hermana que, sin embargo, se encontraba en Vimianzo (La Coruña), así como que fue contratada, gracias a una subvención de la Consejería de Trabajo, por una asociación orensana pero que, no obstante, trabajó para el sindicato Unión Agrarias en la provincia de La Coruña.
Además, el relato de los hechos indica que María Isabel Blanco pasó 53 días en Argentina y alude a la coincidencia de ese periodo temporal con los de precampaña y campaña electoral de las elecciones municipales de 2007. También da por probado que coincidió y participó en actos electorales con su "jefe directo", el representante de Unión Agrarias y candidato a la Alcaldía de Muxía en aquel momento, Félix Porto.
Las conclusiones de la comisión también reflejan que la concesión del billete no es el procedimiento "más adecuado" y que "debe ser mejorado" y señalan que "parece que hubo una modificación sustancial" en el uso de la ayuda concedida a Viticultores do Castro.
Esto último "habilita" a la Xunta, según el dictamen, a continuar con el expediente informativo abierto puesto que, alertan, de este hecho "se puede derivar responsabilidad de la Administración gallega ante la Unión Europea", al tratase de programas financiados con fondos comunitarios.
REFORMA ELECTORAL.
Puesto que considera la legislación electoral vigente el "paño de fondo" de casos como éste, el texto aboga por modificar la actual normativa. Así, propone que la Xunta modifique la legislación electoral autonómica para que los votos del exterior se contabilicen tres días después de las votaciones, en lugar de ocho.
Asimismo, exige que las Cortes modifiquen la Ley Orgánica del Régimen Electoral General antes de las próximas elecciones autonómicas para que los emigrantes voten en las mismas condiciones que las personas residentes en Galicia.
A modo de "recomendaciones", también apuesta por ampliar el contrato de patrocinio con Iberia a otras compañías interesadas y sugiere a la Xunta que regule "con concurrencia y publicidad" la normativa de viajes al exterior en caso de "razones humanitarias" y que se paguen con fondos del Ejecutivo gallego. Además, recomienda a Trabajo revisar las bases que regulan la concesión de subvenciones para comprobar que "no hay una alteración sustancial" en el objeto de las mismas.
Por último, el dictamen propone que la Xunta "limite" los viajes al exterior a partir de la convocatoria de elecciones autonómicas a aquellos casos de "obligado cumplimiento o extrema urgencia".
