El PP propone que el examen para ser abogado sea único en toda España y que se recupere la pasantía

MADRID, 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

El PP ha presentado en el Congreso sus enmiendas al Proyecto de Ley sobre el acceso a las profesiones de Abogado y Procurador, aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 23 de diciembre. Entre sus propuestas, a las que tuvo acceso Europa Press, se incluye que el examen de aptitud de los alumnos de Derecho tenga "carácter único para todo el territorio nacional", y que se recupere la figura tradicional de la pasantía para la formación práctica de letrados y procuradores.

El proyecto del Gobierno, que se encuentra todavía en tramitación parlamentaria, prevé que los licenciados en Derecho que quieran ejercer la abogacía deberán aprobar un examen y realizar un año de formación práctica posterior a la carrera, impartida por la Universidad y los colegios de abogados.

El Partido Popular propone, por su parte, que la ley "destaque el carácter nacional y único" de la prueba de aptitud, si bien matiza que "cuando las circunstancias lo requieran", el examen "se podrá llevar a cabo en sede de las distintas Comunidades Autónomas".

Asimismo, solicita que se recupere la figura tradicional del pasante, como ayudante de los abogados, para el periodo de formación práctica de los alumnos. En su opinión, "el contacto directo del recién licenciado con la profesión a través de la práctica dirigida bajo la supervisión de un abogado o procurador con experiencia, debe ser tenida en cuenta como una forma de preparación" para la obtención del certificado de aptitud.

Según los 'populares', la pasantía "constituye el eje sobre el que se asienta la habilitación de los profesionales del Derecho de la Unión Europea", tal y como, según ellos, "puntualiza" el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Respecto al periodo de un año de formación posterior a la licenciatura, proponen que el tiempo de prácticas externas sea, como mínimo, la mitad de su contenido total. El proyecto de ley prevé, por el contrario, que dichas prácticas sean "como máximo" de un tercio del total. En este sentido, el PP subraya que, "dada al importancia que tienen las prácticas externas, el límite que se establezca debe ser de mínimos y no de máximos".

OTROS GRUPOS

Por su parte, el resto de grupos parlamentarios coinciden con el PP, en sus enmiendas a las que tuvo acceso Europa Press,en pedir que se establezca un mínimo de contenidos prácticos en los cursos posteriores a la Universidad, y no un máximo de un tercio, como prevé el proyecto de ley. En concreto, ERC coincide con el PP y con la Chunta Aragonesista en reclamar que el mínimo de la formación práctica ocupe, al menos, la mitad del contenido total de los cursos post-universitarios.

En este sentido, CiU solicita que el contenido práctico de los cursos sea de un tercio, EAJ-PNV considera que debería situarse en un intervalo entre un tercio y un quinto, mientras que IU-ICV pide que el mínimo de formación práctica sea de un tercio.

Varias formaciones parlamentarias, como CiU, ERC y BNG, también piden que las medidas "respeten las competencias" de las comunidades autónomas, tales como que éstas participen en el diseño del examen de aptitud o de los contenidos de la formación práctica posterior a la Universidad.

Otro de los puntos en que varias de las enmiendas coinciden es en reclamar que la ley recoja una referencia a la concesión de becas por parte del Estado para la realización de los cursos de formación, y así evitar que éstos "se conviertan en una vía de discriminación para aquellos licenciados o graduados más desfavorecidos", según el texto de Izquierda Unida. Además de esta formación, también solicitan esta medida ERC, CiU y BNG.

Tanto ERC como la Chunta proponen, al igual que el PP, que se recupere la "imprescindible" figura de la pasantía, ya que "no pueden quedar sin efecto los siglos de tradición y experiencia con los que cuenta esta clásica institución", según el texto de Esquerra.

El partido que más contundente se muestra con el proyecto de ley es el Bloque Nacionalista Galego, quien pide su devolución al Gobierno, ya que considera la iniciativa como un "paso atrás en una situación ya bastante lamentable", pues "inviabiliza" la adecuación de la abogacía a su "realidad nacional" y "produce efectos discriminatorios".