El PP propone en el Senado endurecer la prohibición de manifestación para los guardias civiles

MADRID, 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

El PP ha presentado en el Senado una enmienda a la Ley de Derechos y Deberes de los Miembros de las Fuerzas Armadas en la que pide endurecer la prohibición de manifestación para los guardias civiles. De este modo, el Grupo Popular pretende modificar un artículo de la Ley Orgánica reguladora de los Derechos y Deberes de los Miembros de la Guardia Civil en la que ya se expresaba esta prohibición desde 2007.

"Los Guardias Civiles no podrán organizar manifestaciones o reuniones de carácter político o sindical", dice el número 1 del artículo 8 de la Ley Orgánica de la Guardia Civil, aprobada el 22 de octubre de 2007. En ese sentido, el PP pretende ahora introducir una serie de matices a ese artículo para que quede redactado de la siguiente manera:

"Los Guardias Civiles podrán ejercer el derecho de reunión de acuerdo con lo previsto en la Ley Orgánica 9/1983, de 15 de junio, reguladora del derecho de Reunión, pero no podrán organizar ni participar activamente en reuniones o manifestaciones de carácter político o sindical. Vistiendo el uniforme o haciendo uso de su condición de Guardia Civil no podrán organizar, participar ni asistir en lugares de tránsito público a manifestaciones o a reuniones de carácter político, sindical o reivindicativo".

El PP justifica esta enmienda alegando que "los Guardias Civiles, dada su condición de personal de un Instituto Armado de naturaleza Militar deben ejercer el derecho de reunión y manifestación en los mismos términos que el personal de las Fuerzas Armadas, toda vez que *la Constitución, en sus artículos 22 y 29, somete a ambos colectivos a la misma limitación de derechos en base a su común condición de personal sometido a disciplina militar".

El derecho a manifestación por parte de la Guardia Civil ha sido motivo de enfrentamiento entre las asociaciones profesionales del Instituto Armado y el Ministerio del Interior en numerosas ocasiones durante los últimos años. El último precedente tuvo lugar el pasado mes de septiembre cuando la Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC) y la Unión de Oficiales (UO) convocaron una manifestación en Madrid para exigir mejoras en sus condiciones laborales.

ÚLTIMO PRECEDENTE

Esta marcha fue posible después de que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) revocase la decisión de la Delegación de Gobierno que prohibió a los guardias civiles manifestarse al entender que era un acto sindical no permitido a los agentes del Instituto Armado. El tribunal madrileño declaró "nula" aquella decisión por entender que "no se ajusta a derecho y vulnera el derecho fundamental de reunión de los guardias civiles".

La Sala de lo Contencioso-Administrativa estimó el recurso presentado por la AUGC y la UO considerando que la decisión de la Delegación del Gobierno en Madrid "excede el límite legal" y "vulnera un principio fundamental", reconocido en la Constitución, por lo que declaró la prohibición "nula de pleno Derecho".

La Sala reconocía así el derecho a manifestarse de los agentes del Instituto Armado para "la defensa y promoción de sus intereses profesionales".

El Ministerio Fiscal y el Abogado del Estado se opusieron a la celebración de la manifestación, pero la sentencia evocó precisamente la Ley Orgánica reguladora de los derechos y deberes de la Guardia Civil de 2007 que afirma que los agentes "son titulares de los derechos fundamentales y libertades públicas" reconocidas en la Carta Magna, en la que se defiende el "derecho de reunión pacífica y sin armas". "Los guardias civiles son titulares de tal derecho", zanjaba en su resolución.