Foto: EUROPA PRESS
MADRID, 21 Feb. (EUROPA PRESS) -
El texto que han pactado PP y PSOE frente a la propuesta de UPyD de ilegalizar Amaiur insiste en la victoria de los demócratas por el "cese definitivo" de la actividad terrorista de ETA, reclama "la disolución definitiva e incondicional" de la banda terrorista y anima a "favorecer los esfuerzos hacia una convivencia social construida sobre los principios y valores en que se sustenta el Estado de Derecho.
La redacción acordada para "un tiempo nuevo" de paz tras el fin de la violencia ha recabado las firmas de IU-ICV-CHA y de los nacionalistas catalanes y vascos en la Junta de Portavoces del Congreso, mientras que Amaiur, presente en la sala, no ha hecho ningún movimiento.
Eso sí, su votación depende de UPyD, que tendría que renunciar a su propuesta de instar a la ilegalización de Bildu y Amaiur. De entrada, Rosa Díez no ha acogido bien la propuesta, que ve más bien como una fórmula para "arropar" a Amaiur y "aislar" a la formación magenta.
"VICTORIA DE LA DEMOCRACIA"
"El Congreso de los Diputados constata que el anuncio del cese definitivo de la actividad terrorista de ETA producido el pasado 20 de octubre ha sido la consecuencia de la movilización de la sociedad contra el terrorismo y por las libertades, la unidad de las fuerzas políticas, la labor ejemplar de las víctimas del terrorismo, la firmeza del Estado de Derecho en la aplicación de la ley, la actuación de las Fuerzas de Seguridad y la cooperación internacional", comienza el texto pactado.
Tras esta "victoria de la democracia" sobre ETA, se insta al Ejecutivo del PP a mantener el diálogo con los Gobiernos de Euskadi 6y Navarra y con las fuerzas democráticas promoviendo la máxima unidad de acción para "exigir a ETA su disolución definitiva e incondicional", reforzar el compromiso con las víctimas del terrorismo y "favorecer los esfuerzos hacia una convivencia social construida sobre los principios y valores en que se sustenta el Estado de Derecho".
En el caso concreto de las víctimas del terrorismo, se busca reforzar el compromiso con ellas "para salvaguardar la memoria y la verdad, defender la dignidad y hacer justicia a todas las personas que han sufrido la violencia terrorista".
Por último, se insta al Gobierno a "velar por el cumplimiento estricto de la ley y a la persecución, en su caso, de cualquier conducta contraria al ordenamiento jurídico, con especial atención a la defensa de los principios democráticos, los derechos y libertades fundamentales y la convivencia pacífica de los ciudadanos".
