MADRID, 29 Oct. (EUROPA PRESS) -
El PP, el PSOE y UPyD han coincidido en expresar este martes en el Congreso su rechazo al derecho a decidir de una parte de España por encima del resto, aunque mantienen sus matices ante la moción que el partido de Rosa Díez va a someter a votación con el fin de dejar claro que la soberanía reside en el conjunto de España, y no en Cataluña o Euskadi.
En su intervención, Díez ha justificado su moción porque considera que "es la hora de la claridad" y de dejar claro dónde reside la soberanía nacional, que es en el pueblo español y no en una parte de él, frente a la "falacia" del secesionismo que auspician los nacionalistas e independentistas catalanes con su discurso "falso, mentiroso y confuso".
La dirigente magenta no ha querido acabar su intervención sin agradecer las enmiendas de adición planteadas por el PP y el PSOE pese a no haber aceptado ninguna de las dos por no desviar la atención hacia cuestiones que tienen que ver con el modelo territorial, como plantean los 'populares', o con la reforma constitucional, como sugieren los socialistas.
Desde el PSOE, el diputado Ignacio Sánchez Amor ha querido dejar claro que su partido defiende como ha hecho siempre "la letra y el espíritu de la Constitución", pero no desde posiciones "cainistas ni dando en la cabeza con ella a nadie".
Además, ha subrayado que los socialistas son contrarios al derecho a decidir y a la autodeterminación y que, frente a la ruptura "insensata," apuestan por reformar la Constitución y no sólo en el ámbito territorial, como así lo ha plasmado en su enmienda al texto de UPyD. "O se apoya esta propuesta o no se podrá contar con nuestro apoyo, ni ahora ni en el futuro", ha avisado Sánchez Amor.
PP: NO HAY OPCIÓN A UNA CONSULTA ILEGAL
De su lado, la diputada del PP María Ángeles Esteller ha comenzado su discurso reafirmando los valores de la Constitución y remarcando que una parte de España no podrá decidir sobre el conjunto de los españoles. "No hay ninguna discusión posible respecto a este tema porque no se puede celebrar una consulta ilegal en Cataluña", ha dicho.
Hecha esta aclaración, Esteller ha censurado que el presidente de la Generalitat, Artur Mas, quiera cubrir su falta de liderazgo para hacer frente a la crisis prometiendo una consulta que supone un "desafío" al Estado de Derecho con el objetivo de legitimar políticamente la independencia. "El derecho a decidir no es el sumum de la democracia, sino la trampa", ha advertido.
En esta misma línea, el diputado de UPN, Carlos Salvador, ha censurado que "algunos" construyan sus reivindicaciones sobre "mentiras" y ha señalado que pretender formar parte de la UE, como pretenden los nacionalistas catalanes, dividiendo a una "nación" sería "una muy mala carta de presentación". "¿Quién se iba a fiar de quien en vez de buscar la unión busca genéticamente la división?", ha planteado.
LAS MINORÍAS LO TIENEN CLARO: NO
En el resto de fuerzas políticas las posiciones estaban más claras en contra de la iniciativa de UPyD. Para Joan Josep Nuet, de Izquierda Plural, el derecho a decidir pertenece a los demócratas, no a los catalanas o los vascos, y ha recordado que IU e ICV "siempre" han apoyado el derecho de autodeterminación" y la "unión libre de los distintos pueblos que quieran componer el Estado".
Jordi Jané, de CiU, cree que a UPyD le "asusta la democracia" y ha reiterado la apuesta nacionalista por una consulta pactada en Cataluña, desde el respeto a los marcos legales. "Pedimos no aprobar mociones que cierran puertas, sino abrir las puertas de la democracia", ha añadido.
Desde el PNV, su portavoz, Aitor Esteban, ha equiparado la intervención de Rosa Díez con el NO-DO del franquismo y ha insistido en que "la nación catalana y vasca existen" y ponerles coto, impidiendo su desarrollo sin democracia sería condenarles al "infierno".
El portavoz de ERC, Alfred Bosch, ha tachado a UPyD de grupo "nacionalista español radical" y ha advertido de que en Cataluña hay un "tsunami democrático" protagonizado por un pueblo que acabará votando y decidiendo sobre su futuro y, por tanto ejerciendo su derecho de autodeterminación.
En términos similares se ha expresado el diputado de Amaiur Jon Iñarritu, quien ha avisado de que si el derecho a decidir no cabe en la legalidad española, como así vienen defendiendo los distintos gobiernos españoles, "cabrá en la nuestra". "Tomaremos decisiones de manera legítima y legal y serán derecho vasco", ha enfatizado.
LA CONTROVERTIDA MOCIÓN
En concreto, la moción de UPyD quiere que la Cámara Baja avise de que "bajo ningún concepto, una parte de la ciudadanía puede decidir sobre la organización territorial del Estado, ni sobre cualquier otro aspecto o precepto de la Constitución, excluyendo al resto de dicha eventual decisión".
El segundo punto del texto registrado por UPyD persigue que el Congreso afirme que "ninguna autoridad o poder público tiene derecho a privar a todos o parte de los ciudadanos residentes en su territorio de los derechos y libertades que la Constitución española reconoce y garantiza a todos y cada uno de los españoles".
También busca proclamar que "en un Estado social y democrático y Derecho nadie está por encima de la ley y no puede permitirse trocear el cuerpo de la ciudadanía ni redefinir el sujeto de la soberanía nacional, que no es otro que el pueblo español", el único --precisa-- "que puede ejercer, por los cauces legalmente establecidos, el 'derecho a decidir' sobre la unidad de la nación y los derechos del conjunto de los ciudadanos".
Por último, plantea que el Congreso reafirme la vigencia de los artículos de la Constitución que definen a España como un "Estado social y democrático de Derecho que, propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político", y que hace al pueblo español dueño de la soberanía nacional.
