PP, PSOE y Vox tumban las propuestas de Sumar para limitar los microcréditos de partidos y poner plazo a su devolución

MADRID, 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

El PP, el PSOE y Vox han rechazado este martes en el Congreso las propuestas de Sumar para regular los microcréditos que utilizan los partidos para sus campañas electores, por un lado poniendo tope a su cuantía y por otro fijando un plazo máximo de devolución.

En sus propuestas de resolución sobre los últimos informes del Tribunal de Cuentas sobre las elecciones generales de 2023 y europeas de 2024, recogidas por Europa Press, Sumar proponía en concreto que la cuantía máxima por prestamista "no exceda del límite máximo previsto en la normativa electoral para las aportaciones privadas", que ahora está fijado en 50.000 euros anuales.

También pretendía que los microcréditos se ingresen en las cuentas bancarias electorales, que el plazo para devolverlos no exceda de un año natural desde la celebración de los comicios, que la renuncia a su devolución se formalice preferentemente vía telemática y que sea considerada una donación "a todos los efectos".

Sin embargo, todas esas propuestas han sido rechazadas este martes tanto por el PSOE como por la suma de PP y Vox en la Comisión Mixta (Congreso-Senado) de relaciones con el Tribunal de Cuentas.

Lo que sí se ha aprobado es una serie de propuestas para concretar nuevos conceptos de la lista de 'gastos electorales' que contempla el artículo 130 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG).

QUE EL ESTADO PAGUE LOS GASTOS DE DESPLAZAMIENTO

Ahora se consideran gastos electorales los destinados a la confección de sobres y papeletas, a la correspondencia y franqueo, a la propaganda y publicidad directa o indirecta para promover el voto con independencia del medio que se utilice, al alquiler de locales para actos de campaña y a las remuneraciones o gratificaciones al personal contratado para ella y al desplazamiento de candidatos, dirigentes y personal al servicio de la candidatura.

Además, se incluyen los intereses de los créditos recibidos para la campaña, devengados hasta la fecha de percepción de la subvención correspondiente y los gastos que sean necesarios para la organización y funcionamiento de las oficinas y servicios precisos para las elecciones.

En sus informes, el Tribunal de Cuentas viene recomendando al Gobierno que se "especifiquen en mayor medida" las categorías de estos gastos electorales y ahora el Parlamento, a propuesta del PP, ha pedido que también se consideren como tales la realización y retransmisión de actos, los desplazamientos para los mismos, la organización de comidas y cenas electorales, así como el avituallamiento para interventores y apoderados o el alquiler de espacios para su atención y coordinación.

A instancias del PSOE también se aboga por modificar la LOREG para incluir una "regulación más específica de las categorías" de estos gastos, y se anima a proponer medidas destinadas a evitar la "falta de correspondencia que puede producirse entre el límite máximo de gasto y el importe de las subvenciones electorales a percibir".

La mayoría absoluta que forman el PP y Vox en la comisión mixta también ha permitido aprobar las propuestas de los de Santiago Abascal para que el cálculo de los intereses de los créditos recibidos por los partidos para las campañas y su consideración como gasto reembolsable se realice "hasta el pago de la subvención por parte de las administraciones públicas".

Igualmente, se ha reclamado al tribunal que unifique los criterios de fiscalización entre todos los procesos electorales y que tenga lista su fiscalización de contabilidades de las elecciones generales a los seis meses de su celebración, todo ello pese a que la ley marca a los partidos unos plazos de presentación de cuentas que hacen imposible la fiscalización en dicho plazo.

REVISAR EL 'MAILING'

Por último, y a instancias del PSOE y sin oposición de PP y Vox, se ha acordado animar a los grupos a aprovechar la reforma de la LOREG que se tramita en el Congreso para hacer propuestas con vistas a un nuevo procedimiento de los envíos de sobre, papeletas y propaganda, pero no se anticipan fórmulas alternativas ni de compras centralizadas y sigue contemplando los envíos postales personalizados.

En concreto, se reclama a Correos un sistema de preregistro telemático de las formaciones políticas que vayan a realizar el envío directo y personal de este material con el objetivo de identificar "de forma inequívoca" los envíos que resulten subvencionables.

También se demanda al operador postal QUE potencie la tramitación electrónica del procedimiento de depósito postal de la propaganda electoral, tanto en el pago del anticipo a cuenta de los envíos como en la justificación de este, en la emisión de los albaranes y en la posterior facturación realizada a los partidos.

En sus informes, el propio Tribunal de Cuentas ha venido recalcando que los partidos deben acreditar la puesta a disposición de los electores de todo este material, ya sea mediante su envío postal o por ejemplo haciendo entrega de los mismos directamente a los votantes en sus sedes o en sus actos de campaña.

Además, se insta al Gobierno a disponer de un número de sobres y papeletas para "hacer refuerzos" en las zonas o poblaciones a las que no llega o llega erróneo el 'mailing'" al no garantizar Correos su distribución.

Por último, se emplaza tanto al Gobierno como al Tribunal de Cuentas a "abstenerse de exigir la sincronización cuantitativa del número de sobres y papeletas electorales confeccionadas con el número de franqueos justificados" ya que, cuando se contratan las papeletas y sobres no se dispone del censo definitivo y se desconoce, por tanto el número exacto que se va a depositar en Correos.