MADRID 20 Jul. (EUROPA PRESS) -
La Diputación Permanente del Congreso --órgano que sustituye al Pleno en períodos no ordinarios-- rechazó hoy con los votos de todos los grupos, salvo el PP, la solicitud del Grupo Popular de convocar una sesión plenaria extraordinaria que discuta la creación de una comisión de investigación sobre la detención ilegal de dos militantes del PP en una manifestación de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) en enero de 2005.
El pasado mes de mayo, el PP ya registró una petición similar, pero la falta de unanimidad en la Junta de Portavoces impidió que esta primera solicitud fuera debatida en el Pleno antes de que terminase el período de sesiones. Por eso, los 'populares' optaron al final por llevar este asunto a la Diputación Permanente.
La portavoz adjunta del Grupo Popular, Ana Torme, recalcó que el pasado mes de mayo la Audiencia Provincial condenó a tres policías por detención ilegal, algo que considera propio de una "dictadura" y no de un Estado democrático. Según dijo, es un "grave escándalo" que se detenga a unos ciudadanos por su condición política.
Además, acusó al Gobierno de "mirar para otro lado", no pedir disculpas y dedicarse a "criminalizar" al Partido Popular pese a la "extrema gravedad de los hechos". "Hay que esclarecer responsabilidades políticas y saber quién presionó a esos funcionarios para que actuaran ilegalmente", proclamó.
PSOE: "MANIPULACION" DEL PP
El portavoz adjunto del Grupo Socialista, Julio Villarrubia, aseguró que el hecho de que los 'populares' "se encadenen y demanden libertad" constituye "una frivolidad intolerable y un insulto a las personas que lucharon por la libertad en este país". Además, afirmó que el PP debe pedir perdón a los ciudadanos "por esta manipulación" y dejar de llevar a cabo "más actuaciones ridículas y esperpénticas".
Villarrubia recalcó que el PP acudió a la manifestación de la AVT del 22 de enero de 2005 a "manifestarse contra el Gobierno" y añadió que "hubo cuanto menos un intento de agresión e insultos". Finalmente, pidió "un poco de respeto" al Estado de Derecho porque la sentencia aún no es firme y está recurrida en casación ante el Tribunal Supremo.
También el BNG y ERC coincidieron en expresar su rechazo a la petición del PP. De hecho el diputado republicano Joan Puig afirmó: "Durante su gobierno, militantes de nuestro partido fueron también detenidos por el mero hecho de expresarse en catalán", concluyó.