El PP quiere que el Congreso rechace hoy que se obligue a los funcionarios a conocer las lenguas cooficiales

MADRID 14 Mar. (EUROPA PRESS) -

El PP defiende hoy en el Pleno del Congreso una proposición no de ley con la que pretende que la Cámara Baja proclame su rechazo a que, a través de reformas estatutarias o de otras leyes autonómicas, se obligue a los funcionarios de la Administración General del Estado que trabajen en comunidades bilingües a conocer la lengua cooficial correspondiente.

En su iniciativa, recogida por Europa Press, el primer partido de la oposición menciona, concretamente, a los magistrados, jueces, fiscales, personal de la Administración de Justicia, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, notarios y registradores.

Paralelamente, texto presentado por el PP insta al Gobierno a facilitar a todos aquellos funcionarios que lo deseen "el aprendizaje de la lengua cooficial cuando ejerzan sus responsabilidades en la comunidad autónoma que la tenga", pero añade que "en ningún caso este aprendizaje podrá suponer una merma o desventaja de ningún tipo para todos aquellos funcionarios que en el ejercicio de su libertad opten" por no aprender esa lengua.

Esta proposición no de ley del PP se debatirá en el Pleno justo un día después de que la Comisión Constitucional del Congreso aprobara ayer el título de la reforma del Estatuto relativo al Poder Judicial, en el que se establece que el conocimiento del catalán sea "determinante" para acceder a una plaza en Cataluña.

"ALARMA" POR EL ESTATUT

Precisamente, en la exposición de motivos de su iniciativa, el PP recalca que la "negociación de la reforma del Estatuto de Cataluña está generando una gran alarma en la sociedad española" y que esta norma contiene "numerosos" aspectos que vulneran los derechos y libertades de los ciudadanos, tales como la regulación de los derechos y deberes lingüísticos.

El partido que preside Mariano Rajoy argumenta que el artículo 3 de la Constitución determina los derechos y deberes de los ciudadanos en materia lingüística y "que imponer nuevas obligaciones no previstas constitucionalmente constituye una vulneración de estos derechos".

Añade que de acuerdo con la Constitución y la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, los funcionarios dependientes de la Administración del Estado no pueden ser obligados a conocer una lengua distinta a la que establece la Constitución. "La imposición de tal deber es inconstitucional, tanto por violar el artículo 3 de la Constitución, como por la vulneración de la delimitación competencial entre el Estado y las Comunidades Autónomas", aducen los 'populares'.

Asimismo, denuncian que la obligación de conocer las lenguas cooficiales, supone "una discriminación para todos aquellos candidatos a una plaza en una comunidad autónoma que no puedan optar a la misma por una barrera lingüística" y que perjudica, sobre todo, a los ciudadanos de la propia comunidad autónoma, "pues una selección del personal de la Administración Pública basada en criterios distintos del mérito y la capacidad repercute, finalmente, en una peor calidad de la Función Pública".