El PP reclama la imputación de las hijas de Zapatero y de Ábalos y Koldo en el 'caso Plus Ultra'

   MADRID, 8 (EUROPA PRESS)

   Las acusaciones populares que lidera el PP en el 'caso Plus Ultra' han solicitado al juez instructor de la causa en la Audiencia Nacional que cite como investigadas a las hijas del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, así como al exministro de Transportes José Luis Ábalos y al exasesor ministerial Koldo García.

   Así lo han hecho en un escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, después de que el juez instructor, José Luis Calama, diera al partido de Alberto Núñez Feijóo el liderazgo de las acusaciones populares --entre las que se encuentran Vox o Hazte Oír-- personadas en la causa que investiga si existió una red de presunto tráfico de influencias liderada por Zapatero en torno al rescate de 53 millones de euros concedido a esa aerolínea por el Gobierno en la pandemia.

   Los 'populares' y el resto consideran necesaria la imputación de las hijas del exlíder socialista, Laura y Alba Rodríguez, como administradoras solidarias y socias de la empresa What The Fav, incidiendo en que el juez la calificó como "elemento finalista del entramado" y "centro de redistribución de flujos económicos" de la presunta red.

   "Han percibido, en sus cuentas personales --respecto de las cuales el investigado figura como autorizado--, las cantidades de 247.191,00 euros y 199.904,00 euros, respectivamente", añaden.

   Y señalan que Zapatero "reconoció expresamente", al comparecer el pasado marzo en la comisión de investigación del 'caso Koldo' en el Senado, que "la incorporación de sus hijas al circuito de Análisis Relevante a través de What The Fav 'fue parte del acuerdo' con Julio Martínez Martínez", amigo del expresidente y también investigado.

   A su juicio, esos hechos son presuntamente constitutivos de delitos de blanqueo de capitales, falsedad en documento mercantil y participación en organización criminal.

TESTIFICAL DE PEDRO SAURA

   La acusación popular también reclama que se declare investigado a Ábalos porque el juez "lo identifica como destinatario directo y sujeto principal de la denominada 'vía Ábalos' de ejercicio de influencias, paralela a la 'vía Zapatero'".

   "Las comunicaciones intervenidas evidencian que la cúpula de Plus Ultra organizó, desde el 23 de marzo de 2020, una estrategia específica para alcanzar al referido compareciente", con mensajes como "necesitamos llegar a Ábalos" o "a su mano derecha", señalan.

   Añaden que su entonces asesor "operó como interlocutor permanente, comunicándole, entre otras, las gestiones del 7 de septiembre de 2020 ("Está Zapatero reunido ahora mismo con el ministro de Inclusión y Seguridad Social en el Ministerio de Trabajo")".

   Por ello, creen que Ábalos podría haber intervenido en presuntos delitos de tráfico de influencias pasivo, cohecho pasivo y, eventualmente, organización criminal.

   Desde el PP apuntan igualmente a Koldo como "pieza fundamental" de la llamada 'vía Ábalos', "canalizando las gestiones de la red ante el Ministerio de Transportes y comunicando, en tiempo real, las actuaciones de Zapatero".

   Señalan que "su agenda telefónica, obrante en autos, registra encuentros directos entre Zapatero y Ábalos", y le achacan presuntos delitos de tráfico de influencias, cohecho y pertenencia a organización criminal.

   Además, piden que se cite como investigados a José Ángel Partearroyo, directivo de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), así como al diplomático Ramón Gordils, el abogado Raif El Arigie y empresarios de mercantiles a las que se vincula como la presunta trama: Domingo Arnaldo Amaro, Guillermo Alfrado Amaro, Carlos Alberto Parra, Óscar Fernández, Tomás Guerrero y Daniel Romero-Abreu.

   Y apuestan también por que se cite como testigo a Pedro Saura, exsecretario de Estado de Transportes, porque "presidió el 22 de julio de 2020 una reunión en sede ministerial con directivos de Plus Ultra", celebrada "el día siguiente a la aprobación del funcionamiento del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (FASEE)".

   En este contexto, inciden en que los propios investigados dejaron constancia escrita al afirmar haber sido recibidos "por altas recomendaciones" y que "el papel del ministerio será únicamente hablar bien de la compañía", lo que revela "la existencia de un compromiso ministerial previo cuyo origen, autoría y contenido exacto resultan esenciales para la investigación".

INFORMACIÓN SOBRE ZAPATERO Y LA AEROLÍNEA

   La acusación popular unificada aboga por que el juez amplíe el requerimiento a la SEPI, ante la "incompletitud documental, inconsistencias en la información aportada y ausencia de trazabilidad en elementos clave del expediente, lo que justifica la adopción de nuevas diligencias de investigación dirigidas a la íntegra reconstrucción del proceso de concesión de la ayuda pública".

    Solicita asimismo que se libre oficio "urgente" a la Policía Nacional para que informe sobre todos los viajes internacionales realizados por Zapatero y sus hijas desde el 1 de enero de 2017, "con especial desglose de los viajes a la República Bolivariana de Venezuela, indicando el propósito declarado o la condición --particular, oficial, diplomática-- en que se realizaron".

   También quieren que se libre oficio a la Presidencia del Gobierno y al Ministerio de Transportes para que remitan los registros de visitas a sus sedes entre el 1 de octubre de 2020 y el 15 de mayo de 2026 de Zapatero; de representantes, administradores o accionistas de Plus Ultra o de cualquier sociedad de su grupo, y de personas vinculadas a Venezuela o a entidades venezolanas.

   "Los registros de visitas constituyen prueba documental directa de los contactos previos entre los decisores políticos y los beneficiarios del rescate, y constituyen un instrumento probatorio esencial para acreditar el núcleo objetivo del delito de tráfico de influencias", argumentan.

   Además, solicitan que se pida oficio al Ministerio de Asuntos Exteriores para que remita las comunicaciones emitidas por la Embajada de España en Caracas referidos a Plus Ultra y sobre las actividades de Zapatero en el país, "en calidad de mediador o en cualquier otra condición, con la descripción de los interlocutores gubernamentales venezolanos con quienes se reunió".

    "Los informes diplomáticos constituyen una fuente de conocimiento institucional que puede acreditar si el Gobierno español disponía de información sobre el origen y la naturaleza política del capital venezolano de Plus Ultra antes de aprobar el rescate", indican.

    Y abogan por que se emita una comisión rogatoria a Venezuela sobre la estructura y origen del capital de Snip Aviation, que participó hasta finales de 2025 en el accionariado de la aerolínea.

FIANZAS COMO MEDIDAS CAUTELARES

   Por último, el PP pide en nombre de las acusaciones populares que el juez imponga como medidas cautelares una fianza "bastante" por "el importe de la deuda impagada por Plus Ultra", que se acuerde fianza solidaria para los investigados "por la cuantía resultante incrementada en un tercio" y que se requiera a la SEPI que informe del estado de reembolso de la ayuda por parte de la aerolínea.

   "En caso de que no se aporte la fianza por los investigados, acordar el embargo de sus bienes hasta asegurar la potencial responsabilidad civil 'ex delicto'", agregan.

    Sobre otras diligencias relacionadas con miembros de la SEPI y del Consejo de Ministros, el PP avanza que las solicitará "en el momento procesal oportuno, una vez que se cuente con la documentación completa requerida" por el juez y la pedida con este escrito.

   El juez acordó otorgar al PP el liderazgo de las acusaciones populares del 'caso Plus Ultra' al apreciar, entre otros factores, que "presenta una más relevante implantación institucional" que el resto y que fue el primero en hacerlo de forma correcta.